Textiles contra nudistas en los tribunales y ahora la amenaza de un desahucio

Mari Carmen Jiménez y Antonio Pulido, un matrimonio jiennense, siguió la estela de muchos paisanos suyos que a principios de este siglo adquirieron un apartamento en la urbanización Natura World en la playa de Vera (Almería), el principal enclave nudista del este andaluz. “Desde el primer día nos dijeron que cada uno podía ir como le diera la gana y nunca se habló de que era una obligación bañarse desnudo”, sostiene Mari Carmen, una de las demandantes a las que ahora el Tribunal Supremo acaba de dar la razón e impide a la comunidad de propietarios que pueda imponer el nudismo a todos los propietarios. Pero detrás de la polémica entre naturistas y textiles subyace otro conflicto aún mayor entre los promotores del complejo y los residentes, que tiene a muchos de ellos con la amenaza de ser desahuciados de sus casas por carecer de escrituras.

El enfrentamiento entre dos comunidades de vecinos distintas, la de los naturistas y la de los textiles, ha generado en los últimos años un clima de convivencia irrespirable en este residencial de 495 viviendas. “Es horrible lo que llevamos sufriendo; es muy duro que te impidan acceder a la piscina de la que eres propietario”, señala Jiménez, que relata un auténtico calvario vivido por su familia desde que en 2017 la nueva presidencia de la comunidad impuso la obligatoriedad del nudismo. “Contrataron vigilantes de seguridad que nos impedían el paso a la piscina y otras zonas comunes”, subraya Juan Pedro Peláez, presidente de la asociación de afectados a los que ahora el Supremo ha ordenado indemnizar con 1.000 euros. “Los daños morales sufridos son más grandes que ese dinero”, apuntan estos jiennenses, que son mayoritarios en esta urbanización.

La misma sentencia de la Sala Primera de lo Civil del Tribunal Supremo concluye en afirmar que “la presencia de los demandantes en su residencia de vacaciones ha pasado de ser un lugar de descanso a ser un lugar de sufrimiento”. Y por ello, entiende que “la imposición del nudismo vulnera el derecho de igualdad, supone una discriminación de los demandantes por razón de sus ideas y pensamientos y atenta a su libertad de movimientos y a su derecho a la intimidad”.

Sin embargo, lo que ha llevado al Supremo a enmendar la plana a un Juzgado de primera instancia de Jaén y a la Audiencia Provincial de esta ciudad (que desestimaron la demanda de los propietarios que defendían el textil) ha sido la apreciación de un error de bulto en la valoración de la prueba defendida por los naturistas. “El alto tribunal deja claro que nunca se aprobaron unos estatutos impidiendo el acceso a las zonas comunes a los que portaran bañador”, asegura Miguel Ángel Nieves Carrascosa, el letrado que ha defendido a un centenar de anti naturistas, aunque solo ocho de ellos formalizaron la demanda. Y añade: “Aunque existieran los estatutos, hubieran sido nulos porque no se puede obligar a nadie, es algo esperpéntico”.

El triunfo jurídico de los textiles no les va a impedir seguir estando en clara minoría en un residencial que siempre ha sido un referente entre las comunidades nudistas. Miguel (nombre ficticio) fue de los primeros en comprar un apartamento, allá por el año 2000. “Claro que sabíamos que era una urbanización nudista”, dice este inquilino, también jiennense, que admite estar incómodo por el cariz que ha generado esta disputa.

Pero si los tribunales ya se han pronunciado en el conflicto entre nudistas y no nudistas, aún permanecen vivos otros dos contenciosos. Uno de ellos es por la legitimidad de las dos comunidades de propietarios (Natura World Vera y Avenida Ciudad de Tarragona). Los naturistas esgrimen varias sentencias a su favor en los últimos años, en las que se declaraba la nulidad de la comunidad de los textiles.

Y el último, y más importante, litigio que aún colea es el que afecta a numerosos inquilinos que aún siguen esperando la escritura pública de la compra de su casa. Los afectados se manifestaron en octubre de 2019 pidiendo no ser víctimas de lo que consideran un enfrentamiento entre el propietario de los terrenos y la sociedad constructora, que se encuentra en concurso de acreedores. Desde entonces, centenares de propietarios con licencias de habitabilidad concedidas por el Ayuntamiento de Vera viven con la angustia y el temor a perder sus viviendas y sus ahorros de toda la vida.

Después de pedir amparo al Defensor del Pueblo, los afectados han presentado recursos de casación ante el Supremo, donde reclaman un trato igualitario para todos los residentes. De no haber un fallo favorable, muchos temen tener que entregar sus viviendas al actual administrador concursal de la sociedad. “Lo que quieren es que nos vayamos de aquí para seguir con su especulación inmobiliaria”, concluye Mari Carmen Jiménez, que ya cuenta los días para poder disfrutar de su piscina, con bañador, por supuesto.