Comienza el juicio por el millonario robo de vino en el restaurante Atrio tras un intento de acuerdo

El juicio por el millonario robo de vino en el restaurante Atrio de Cáceres ha comenzado este miércoles tras un intento infructuoso de llegar a un acuerdo entre las partes. La defensa de los enjuiciados ―un hombre de 48 años y una mujer de 29 años― ha rechazado una oferta que pasaba por la recuperación de los vinos sustraídos — 45 botellas valoradas inicialmente en 1,6 millones de euros― y que no han sido encontrados. La Fiscalía y la acusación particular consideran que los imputados son autores de un robo con fuerza agravado por el alto valor de los vinos y reclaman penas de hasta cinco años de prisión. La defensora ha remarcado que sus clientes se consideran inocentes y que “no tienen las botellas”. Una vez cumplimentado el trámite de las cuestiones previas, en el que se abordan aspectos de la instrucción, el tribunal ha aceptado un nuevo peritaje de lo robado y ha establecido que el juicio continuará en dos sesiones, el próximo 27 de febrero y el 1 de marzo.

Constantín Gabriel Dumitru, ciudadano rumano-holandés de 48 años, y su novia, Priscila Guevara, una exmiss mexicana de 29, enjuiciados por el robo millonario y convertidos mediáticamente en una suerte de Bonnie and Clyde, permanecen en prisión preventiva en la cárcel de Cáceres por “riesgo de fuga” desde que fueron interceptados el pasado 19 de julio en su coche en el paso fronterizo de Eslovenia hacia Croacia. La titular del Juzgado de Instrucción 4 de Cáceres había emitido una orden europea de detención (OED) contra la pareja como presuntos autores del robo, cometido el 26 de octubre de 2021.

Los propietarios del restaurante, el laureado chef Toño Pérez y su pareja, el sumiller José Polo, no se han personado como acusación particular en la causa tras cobrar cerca de 800.000 euros de indemnización de su aseguradora, Reale Seguros, que sí que lo ha hecho. Este miércoles ha presentado un nuevo peritaje del valor de los vinos, que ha sido aceptado por el tribunal a pesar de que la abogada defensora Sylvia Córdoba se ha opuesto a la misma. “Llega tarde, no está datada y no se sabe quién es el perito que la firma ni qué acreditación tiene”, ha manifestado.

El ministerio público pide cuatro años y medio de prisión para cada encausado y una indemnización de 1,6 millones. La fiscal, Carmen Barquilla, ha pedido a los medios que no hagan “un juicio paralelo” y ha apelado a la presunción de inocencia. “Aún no ha quedado acreditada la participación de los acusados en los hechos, habrá que inferirla de las pruebas que se presenten en el juicio”, ha emplazado. La aseguradora pide cinco años y un mes de prisión y una indemnización de 700.000 euros, según declaraciones de su letrado, Rafael Montes.

La letrada defensora ha pedido que se anule el procedimiento por vulneración de los derechos fundamentales de sus representados, principalmente por la interceptación de sus teléfonos. Su reclamación ha sido rechazada por el tribunal, que considera que las actuaciones han sido proporcionadas a la gravedad de los hechos y han estado avaladas por la jueza instructora y la Fiscalía.

El tribunal ha desestimado también otras pruebas de la defensa ―a la que asiste la procuradora Rocío Crespo―, como una acreditación de un permiso de residencia de Priscila Guevara y de su “no participación” en otro delito vinculado a su pareja o unos informes toxicológicos por un posible consumo de cocaína, al considerarlas “irrelevantes” o porque ya habían sido rechazadas previamente.