España registra 10 agresiones al día con navajas y cuchillos
Cataluña y País Vasco esgrimen el incremento de incidentes con armas blancas para reforzar el control policial, pero las estadísticas apuntan que los casos más graves son pocos y no suben
En los últimos días, los Gobiernos catalán y vasco han anunciado la puesta en marcha de medidas policiales para reducir el número de incidentes callejeros en los que las navajas, machetes y otras armas blancas tienen un papel protagonista. Ambos ejecutivos autonómicos han esgrimido estadísticas de sus territorios que reflejan un supuesto incremento en este tipo de sucesos ―que en algún caso han tildado de “preocupante”― para justificar un aumento de los controles en zonas cercanas a lugares de ocio, escenario de algunos de los episodios más graves registrados recientemente, y el aumento del importe de las multas por la tenencia y exhibición de este tipo de armas.
La iniciativa no es nueva. Antes ya lo habían hecho el Ayuntamiento de Barcelona, que ha repartido entre los agentes de la Guardia Urbana que salen a patrullar palas detectoras de metal, y el Ministerio del Interior, que el año pasado, tras la muerte en un mismo fin de semana de dos jóvenes a machetazos en Madrid en reyertas de bandas juveniles, reforzó los dispositivos de actuación contra estos grupos, y dio instrucciones para extremar el control sobre la presencia de armas blancas en la calle. Los dos primeros meses de esta medida se saldaron con 549 detenciones y la intervención de 3.194 armas blancas, 12 de fuego y 537 objetos peligrosos, según anunció recientemente el departamento de Fernando Grande-Marlaska.
¿Respaldan las estadísticas de criminalidad este aluvión de medidas? Según una reciente respuesta parlamentaria del Gobierno al diputado de EH Bildu Jon Iñarritu, a la que ha tenido acceso EL PAÍS, durante los primeros 11 meses de 2022, último periodo en el que existen estadísticas de criminalidad, se registraron 3.272 agresiones en los que se usaron cuchillos, navajas o machetes. Es decir, una media de 10 cada día. Del análisis de la respuesta del Gobierno, que desglosa los datos por provincias de los últimos 10 años de Policía Nacional, Guardia Civil y policías locales, pero no de los cuerpos autonómicos, se concluye que esta cifra, pese a no recoger el año completo, representa un incremento del 4,6%, respecto a los 12 meses anteriores (cuando se registraron 3.214) y del 16,7% (2.883) en comparación a 2020, el de la pandemia. El aumento llega al 51% si se retrocede a 2015, cuando se contabilizaron 2.227, el número más bajo del último decenio.
En total, en estos 10 años, las Fuerzas de Seguridad han requisado 262.892 de estas armas (27.859 en los primeros 11 meses de 2022) e impuesto en aplicación de la ley de seguridad Ciudadana, la conocida como ley mordaza que entró en vigor en 2015, más de 126.000 sanciones por portar, exhibir o usar armas prohibidas, que además de armas blancas incluye otros objetos peligrosos. De hecho, la legislación española es restrictiva y, por ejemplo, prohíbe la tenencia de bastones-estoque, puñales, navajas automáticas y las que sin serlo tengan una hoja que exceda los 11 centímetros, así como el uso por particulares de cuchillos, machetes y armas blancas que forman parte de la equipación de unidades militares, salvo con fines ornamentales y de coleccionismo.
Estas cifras, que aparentemente respaldan las nuevas medidas para reducir la presencia de armas blancas en la calle, tienen una segunda lectura, según explica Antonia Linde, directora del Grado de Criminología en la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) y una de las mayores expertas internacionales en tendencias de la criminalidad. Una de ellas es el que se hace del número de homicidios y asesinatos consumados por arma blanca, es decir, los más graves. En el periodo que abarca la estadística facilitada por el Gobierno, este parámetro muestra continuas fluctuaciones a lo largo de la serie que van desde los 80 crímenes que hubo en 2018, la más baja; a los 107 de 2020, la más elevada. De enero a noviembre de 2022, el número se ha situado en 93, ocho por encima del año anterior, pero cinco por debajo de los registrados en 2016.
Algo similar ocurre con las intervenciones policiales de armas blancas. En 2013 y 2014 se intervinieron 29.640 y 29.454 armas, respectivamente, cifras que no se han vuelto a alcanzar en el resto de la serie histórica. De hecho, la cifra ha sufrido fluctuaciones que alcanzaron su punto más bajo en 2020 ―el año del confinamiento―, con menos de 22.000 navajas y cuchillos incautados. Desde entonces ha sufrido un repunte, con cerca de 26.000 intervenidos al año siguiente y los 27.859 de los 11 meses de 2022, pero aún lejos de las cifras de hace una década. “Esta variación en el número de armas intervenidas tiene que ver más con la eficacia y el esfuerzo policial que con la presencia de un mayor número de ellas en las calle”, señala Linde.
Esta experta incide en que, “para poder hablar de una tendencia al alza o la baja, esta se tiene que mantener cinco o seis años, y en este caso no se da. El aumento en un año determinado del número de homicidios puede ser fruto de un suceso puntual, una reyerta, sobre todo cuando las cifras absolutas son relativamente bajas, como ocurre en España”, recalca Linde, que también integra el European Sourcebook of Crime and Criminal Justice Statistics, organismo especializado en el análisis de datos de delincuencia. La experta insiste en que “España, con 47 millones de ciudadanos, es un país tranquilo en términos de criminalidad”.
No obstante, la Fiscalía General del Estado mostraba en su última memoria anual su preocupación por “la tendencia creciente” a que en los delitos contra la vida e integridad física se utilizarán “medios lesivos muy peligrosos, en especial, armas blancas”. Y ponía el foco en dos puntos, los crímenes machistas y la delincuencia protagonizada por “colectivos entre los que el porte y uso de armas blancas lo tienen normalizado” y, en concreto, en las bandas juveniles, los grupos que, precisamente, provocaron que Interior reforzase las medidas de control el año pasado. Eduardo Esteban, fiscal de Sala de Menores, asegura que en el día a día los fiscales sí han observado “un notable aumento de los delitos contra la vida en estos grupos” y considera que el uso mayoritario de armas blancas se explica porque, “obviamente, son más accesibles que las armas de fuego”. Para Esteban, las medidas adoptadas por las diferentes administraciones para perseguir la tenencia y uso de navajas y machetes, como las anunciadas ahora por los gobiernos vasco y catalán, son útiles, pero no suficientes: “Hay que apostar también por la vía de la educación y el trabajo social para reconducir a estos chicos”.
En el ámbito de la violencia de género, el último informe del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) a partir de las sentencias que dictaron los tribunales en 2019, último año analizado, destaca que en el 52,2% de los crímenes machistas juzgados aquel año el mecanismo utilizado para perpetrarlo fue un arma blanca. A mucha distancia quedaron los traumatismos y la estrangulación (ambos con un 17,4% cada uno). Miguel Lorente, profesor de la Universidad de Granada e integrante del grupo de expertos en violencia de género que ha elaborado el estudio, explica que las razones de la prevalencia de las armas blancas en estas agresiones es lógica: “Es un arma sencilla y accesible, que está en todas las casas en el cajón de la cocina”.
Para este experto, el empleo mayoritario de armas blancas en los crímenes machistas reflejan “la ira y violencia del agresor, ya que su uso exigen una proximidad y un contacto estrecho y mantenido con la víctima”. A ellos se suma el número de puñaladas que se asestan. En las sentencias de 2019 la media fue de 36,1, según el informe del CGPJ. Lorente añade que el uso de armas blancas va más allá de los asesinatos y agresiones en la violencia machista y juega también un importante papel en los episodios de amenazas: “Son un instrumento habitual con el que el agresor intimida a la víctima porque ambos saben que puede matar”.
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