Interior lleva la ley hasta el límite para quitar de la circulación los machetes en las reyertas de bandas juveniles

Interior ha dado instrumentos legales a los policías para ejercer un mayor control de los bolomachetes, unos enormes cuchillos empleados por las bandas juveniles y que generan lesiones y amputaciones muy graves en sus ataques, cuando no directamente muertes, como las que se han registrado en los últimos meses en Madrid. El Ministerio dirigido por Fernando Grande-Marlaska ha hecho público este viernes un protocolo cuyo objetivo es reforzar el control de armas blancas y otros instrumentos peligrosos para la seguridad ciudadana y prevenir su uso. La instrucción, firmada por el secretario de Estado de Seguridad, Rafael Pérez, apura al máximo la legislación (la ley orgánica 4/2015 de protección de la seguridad ciudadana y el Código Penal, en los supuestos relacionados con la tenencia de armas blancas) para tratar de quitar de la circulación estos lesivos cuchillos.

Los agentes demandaban que se modificara la ley de tenencia de armas y se incluyera la tenencia de machetes como un delito. “El uso que se hace de esta herramienta, por ejemplo, en actividades agrícolas, complica muchísimo la prohibición de su tenencia”, argumenta una fuente de Interior, pero la instrucción policial servirá para unificar criterios en el control de este tipo de armas en las vías, espacios o establecimientos públicos en todo el territorio nacional.

Los agentes de las fuerzas y cuerpos de seguridad podrán requisar esas armas blancas y dejar constancia de su portador y mantener contacto con las empresas privadas que las expenden para incrementar el control de la venta. Algo que, de manera oficiosa, venían haciendo ya los policías y los guardias, dentro de la campaña de redadas de identificaciones y cacheos masivos que propiciaron los múltiples incidentes registrados entre bandas en los últimos tiempos, principalmente en Madrid y ciudades limítrofes, donde tienen mayor presencia.

El texto insta a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad a intervenir de forma temporal “objetos, instrumentos o medios de agresión, incluso de las armas que se porten con licencia, permiso o autorización” con el fin de prevenir un delito o cuando exista peligro para la seguridad de las personas o de los bienes.

Las actuaciones y aprehensión de las armas deben quedar perfectamente documentadas, tanto si se trata de la comisión de un delito como de una infracción de carácter administrativo. El protocolo determina también la información que debe registrarse en ambos casos. “Los agentes recogerán la actuación de la persona responsable, los daños o perjuicios causados a la seguridad ciudadana, el entorno en el que se desarrollan los hechos, así como las características del arma e imágenes relacionadas”, ha detallado el Ministerio en un comunicado.