Pilar Llop, sobre la reforma de la ‘ley del solo sí es sí’: “Esto es gravísimo, ha provocado mucho dolor, teníamos que actuar”

Pilar Llop (Madrid, 49 años) recibió en noviembre un encargo muy complejo: buscar una solución al enorme desgaste que están provocando las casi 400 revisiones de sentencias de agresores sexuales basadas en la ley del solo sí es sí. Después de dos meses de negociación, no ha conseguido pactar con Irene Montero su solución técnica de subida de penas, pero la ha puesto igualmente encima de la mesa porque, sostiene, la cuestión es gravísima para las víctimas y había que hacer algo. La ministra insiste, al contrario de lo que dice Montero, en que la ley no cambia absolutamente nada del consentimiento y solo hace un ajuste técnico para subir las penas y evitar en el futuro —las rebajas actuales no se pueden parar— que haya condenas más bajas que antes de la ley.

Pregunta. ¿Cómo le explicaría qué ha pasado con esta ley a una víctima que está indignada con las rebajas de penas?

Respuesta. La ley del solo sí es sí es una muy buena ley, que interviene en todos los aspectos relativos a la prevención, en sensibilización, en recuperación de la víctima. Establece además ayudas económicas, centros de crisis abiertos 24 horas. Es una ley centrada en las víctimas, que las atiende incluso cuando no han denunciado.

P. Pero, ¿cómo explicaría las casi 400 rebajas de penas?

R. Hemos observado muchas revisiones de condenas, y me da igual que fuera una o 400, porque me parece gravísimo lo que ha sucedido. Desde el primer momento identificamos que el problema ha sido que ha habido rebajas en las penas en la ley del solo sí es sí.

P. ¿El Gobierno debe disculparse con las víctimas?

R. El Gobierno lo que ha hecho es actuar para poner remedio a esta situación, que es muy grave. Se modificaron las horquillas de las penas, y esto ha provocado revisiones, rebajas de penas e incluso excarcelaciones. Por eso hay que corregirlo, porque sabemos que eso se va a trasladar también al enjuiciamiento.

P. Pero, ¿cree que las víctimas y los ciudadanos en general se merecen una disculpa?

R. Las víctimas saben que este Gobierno está con ellas. Se han tomado en esta legislatura muchísimas medidas a favor de las víctimas de violencia de género y medidas a favor de la igualdad. Esta reforma lo que pretende es blindar los derechos, la libertad y la seguridad de las víctimas. Una pena adecuada es una reparación moral de las víctimas.

P. ¿Su petición de disculpas es cambiar la ley?

R. Lo que queremos es mandar a las víctimas el mensaje de que este Gobierno está con ellas. Estamos blindando sus derechos subiendo las penas para que esto no vuelva a suceder.

P. ¿Qué parte de culpa tiene Justicia en lo que ha pasado? Eran coproponentes de la ley.

R. Yo, ahora, que es cuando estoy en el Gobierno, asumo la responsabilidad absoluta del texto de reforma que se ha preparado y que al final ha presentado el Grupo Parlamentario Socialista en el Congreso de los Diputados. La decisión política ha sido que hay que frenar esta situación tan desagradable y esta situación tan dramática para las víctimas. Y eso pasa por subir las penas.

P. ¿Y antes? ¿Cuando usted llegó nadie la avisó de que existía este problema latente?

R. Cuando yo llegué, esta ley ya estaba en tramitación parlamentaria.

P. ¿Usted cree que nunca tenía que haber salido adelante un texto así en el Consejo de Ministros?

R. A ver, se aprobó un buen texto, que es una ley integral sobre delitos sexuales, que es una gran novedad. Ha habido un problema con las penas que ha provocado una situación que nadie deseaba.

P. Como ministra de Justicia tiene que conocer todo lo que se hizo también antes de que llegara. ¿Hubo algún informe concreto que dijera que esto podía pasar? ¿Ha hablado con el exministro de Justicia, Juan Carlos Campo, o con la exvicepresidenta Carmen Calvo?

R. Yo creo que ahora no es el momento de buscar culpables, es el momento de poner soluciones. Y nosotros, en el Gobierno, este ministerio, el Grupo Parlamentario Socialista, lo que estamos haciendo es poner solución a un problema, porque hay que dar garantías a la ciudadanía.

P. Pero habrá que entender qué pasó. ¿Por qué se bajó el tipo básico de uno a cinco años a uno a cuatro años?

R. Yo lo que me imagino es que en este momento se consideró que si el abuso sexual estaba castigado con una pena de uno a tres años y la agresión sexual con una pena de uno a cinco años, al unificar los dos delitos, lo dejaron en una pena de uno a cuatro años porque castigar lo que antes era abuso con cinco años se pensaba que era una pena desproporcionada. Por eso se bajó en un año.

P. ¿Y ahí está el corazón del error?

R. El corazón de la reforma que nosotros proponemos ahora es ajustar las penas por su gravedad, manteniendo el mismo modelo que hay de consentimiento, porque no se tocan los artículos que se refieren al consentimiento y el modelo unificado de delitos. Porque lo que ha pasado, que ha sido muy grave, es que se han bajado las penas en tramos mínimos, pero también en tramos máximos. Y sobre esos tramos se aplican las agravantes, que pivotan sobre esos límites. Cuando se mueve una pena, hay que ir a ver todo el Código Penal para ver también cómo se aplican las agravantes en las atenuantes. Y lo que se ha visto es que se pueden generar ―con el sistema que hay ahora― bajadas de penas muy importantes. Y eso no puede suceder en unos delitos tan graves como son los que atentan contra la libertad sexual de las personas, mayoritariamente mujeres, niños y niñas.

P. Usted ha dicho que es sencillo demostrar con una herida que hubo violencia y entonces no habrá que probar el consentimiento. Podemos dice que sus palabras le dan la razón, que ahora todo girará de nuevo en torno a si hubo violencia o no.

R. No, porque se mantiene intacto el artículo 178.1, que dice que el consentimiento tiene que ser explícito. No se puede presumir el consentimiento. El juez no puede presumir del silencio de la víctima que había consentimiento. Y, por otro lado, en el párrafo segundo lo que se incluye es que en todo caso hay agresión sexual cuando hay violencia, intimidación o anulación de la voluntad de la víctima. En esos casos no hay que probar el no consentimiento y eso es una grandísima novedad, que ya no recae sobre la víctima.

P. Pero usted dice que es sencillo probar la violencia, que basta con una herida. Le han contestado con dureza. La ministra Ione Belarra dice que, si es tan sencillo, ¿por qué en el 2021, de 4.000 sentencias, solo 500 mujeres pudieron probarla? ¿Les está dando la razón y la reforma va a girar sobre la violencia?

R. No, no. Yo lo que digo es que la reforma gira sobre el consentimiento. Y que no se toca. Estamos diciendo lo mismo. La reforma se hace porque hay un problema con las penas. Nosotros hemos puesto una solución técnicamente viable, rigurosa, estudiada, con expertos de distintos perfiles para que las víctimas se sientan seguras y sepan que esto no va a volver a pasar.

P. Perdón, pero no están diciendo lo mismo, ministra. Ellas dicen, y apelan a su frase de la herida, que ahora todo va a girar alrededor de la violencia y eso cambia el espíritu de la ley.

R. A ver, en todos los procedimientos, en todos los juicios, siempre hay que probar los elementos que concurren en los delitos, porque es un Estado de derecho y porque hay un principio básico que es el de la presunción de inocencia. Pero es que en estos delitos hay una excepción, que no hay en otros delitos, que es que cuando hay violencia o intimidación nunca hay consentimiento. ¿Y por qué? Porque lo dice el artículo 178.2 porque está contemplado en la ley del solo sí es sí, y esa es la extraordinaria novedad que tiene esta ley. Y eso no se toca.

P. ¿Y si no hay restos de violencia, no hay heridas? ¿Cambia algo ahora?

R. En absoluto, no cambia nada. Introducir un elemento de gravedad para que la pena sea más grave, como es la violencia, intimidación o la anulación de la voluntad, la sumisión química, no cambia en absoluto la fórmula del consentimiento. No tiene nada que ver.

P. ¿Por qué no se podía hacer, como propone Podemos, sin vincular el aumento de penas a la violencia?

R. Porque técnicamente no es viable. Porque es necesario decir por qué de una pena de cuatro subimos a cinco. Pues porque hay algo más grave. La propuesta que hacía el Ministerio de Igualdad era incluirlo como una agravante dentro del artículo 180. Si se incluye como una agravante del artículo 180, la pena se iría de dos a ocho años de prisión en lugar de uno a cinco. Es decir, es muy desproporcionado.

P. En España los delitos sexuales tienen condenas más altas que otros países. ¿Protege más a las mujeres elevar las penas?

R. Estamos hablando de delitos contra la libertad sexual, que son delitos gravísimos. Hemos visto un problema gravísimo que ha alterado en algunas ocasiones las vidas de las víctimas, porque algunos agresores han salido de prisión. Ha habido mujeres que han tenido que cambiar su residencia, sus horarios, su trabajo. Pues evidentemente la decisión que ha tomado este Gobierno es subir las penas.

P. ¿Qué otros problemas han detectado?

R. Hemos visto que había algún desajuste cuando los menores son víctimas, era importante que las atenuantes no se aplicaran a supuestos en que los hechos se habían cometido con violencia e intimidación. Con reincidencia, las penas habían bajado en un año y medio aproximadamente. Cuando hablamos de menores y de reincidentes es de una gravedad extraordinaria, nadie entiende que en estos casos pueda haber una rebaja de las penas.

P. Después de escucharla todo este tiempo, parece evidente que piensa que la ley está mal hecha.

R. Bueno, nosotros lo que hemos detectado es que con las revisiones se han bajado las penas y eso ha provocado mucho dolor en las víctimas. No ha habido aceptación social de esa rebaja de penas. Lógicamente, ante ese sufrimiento hemos puesto coto. De ahora en adelante esperamos que esto no vuelva a pasar más. Nuestra propuesta es de sentido común. No hay que desenfocar el debate, el consentimiento no se toca.

P. ¿Con quién van a sacar esta reforma?

R. Pues eso ya depende de los grupos parlamentarios. Yo estoy esperanzada en que las fuerzas políticas representadas en el Gobierno puedan llegar a un acuerdo, y también con el resto de los grupos parlamentarios que han pedido que haya una reforma de la ley.

P. De momento, solo tienen el apoyo del PP. ¿Cómo es posible que su reforma del 178 sea exactamente la misma que la del PP? ¿Quién copió a quién?

R. Esta propuesta nosotros la presentamos en diciembre ya al Ministerio de Igualdad. A mí lo que me sorprende es que el PP ahora esté tan empeñado en presentar esta reforma cuando el PP no votó la ley. Cuando ha habido avances en los derechos de las mujeres, en igualdad, o ha votado en contra o incluso los ha recurrido ante el Tribunal Constitucional.

P. ¿Y qué imagen daría entonces si consiguen sacar esta reforma solo con el PP?

R. Bueno, es que nosotros esperamos que esta reforma se saque con todos los socios de Gobierno.

P. ¿Cree que el desgaste por esta ley puede hacer que el Gobierno pierda las elecciones?

R. En lo que hay que centrarse es en solucionar los problemas. Y en este caso teníamos un problema gravísimo que era que estaban rebajándose penas en delitos repugnantes contra la libertad sexual y que en algunos casos están saliendo excarcelados antes de cumplir completamente las condenas. Y hay que poner coto a esto. Esto es lo que uno tiene que hacer, más allá de pensar en cualquier otro tipo de finalidad. Al menos es así como yo concibo el servicio público.

P. ¿Qué ha fallado para que se pueda colar algo así?

R. No estamos en el escenario de buscar culpables. Pero tenemos que aprender lecciones de todo. Yo creo que no hemos fallado, que ahora lo que hemos hecho ha sido actuar lo más rápido posible para evitar que se siga produciendo esta situación tan indeseable.

P. ¿Qué lección saca de todo esto?

R. Evidentemente, que cuando se toca el Código Penal debemos tener muy en cuenta todas las consecuencias que puede tener una reforma. Por eso digo ahora que creo que no hemos fallado. Pero no somos infalibles, nadie lo es. Siempre puede haber algún error, algún fallo. Lo importante es que cuando se detecte la situación no deseada, como ha sido en este caso, se actúe de la manera más seria y rigurosa posible.