Dos de cada tres españoles apoyan los nuevos impuestos a grandes patrimonios y empresas

Una aplastante mayoría de la sociedad española opina que los que más recursos tienen deben hacer un mayor esfuerzo fiscal en este momento de tribulaciones económicas. Según una encuesta de 40dB. para el barómetro de febrero de EL PAÍS y la Cadena SER, dos de cada tres ciudadanos abogan por que las grandes compañías paguen impuestos extraordinarios y respaldan expresamente la decisión del Gobierno de imponer un gravamen temporal a los patrimonios superiores a los tres millones de euros. Pero, al mismo tiempo, una mayoría teme que esas medidas acaben repercutiendo en los consumidores y provoquen una fuga de capitales a otros países. Todos los datos internos de la encuesta pueden consultarse en las páginas web de ambos medios.

La percepción sobre cuál debería ser el reparto de las cargas fiscales es bastante transversal entre los ciudadanos y trasciende las diferencias ideológicas. Los impuestos a grandes empresas y fortunas obtienen un amplísimo refrendo en el electorado de la izquierda: en torno a un 75% de los que votan al PSOE y un 85% de los votantes de Unidas Podemos (UP). Los porcentajes bajan sensiblemente en el caso de los votantes del PP y de Ciudadanos encuestados, pero, aun así, los que respaldan esas medidas son mayoría: alrededor de un 55%, en ambos casos, se adhiere a la idea de gravar los beneficios extraordinarios de las grandes empresas, y entre el 51,5% y el 53% aprueba el impuesto anunciado por el Gobierno para este año y el próximo a los patrimonios de los más ricos.

La única excepción son los seguidores de Vox, sobre todo en lo que respecta a este último gravamen, que solo aprueba uno de cada tres votantes de la extrema derecha. El impuesto a las grandes empresas les satisface algo más, aunque aún sin llegar a la mayoría: lo refrenda el 43%.

En general, el 45% de los españoles opina que las rentas más altas pagan pocos impuestos, frente a un 25% que señala que su contribución es la adecuada y menos de un 20% que la califica de excesivamente alta. De nuevo, esta última opinión solo concita un consenso mayoritario entre los que se dicen votantes de Vox.

El trabajo demoscópico de 40dB. ofrece una doble cara sobre las percepciones de los españoles acerca de la política fiscal. Una, la que ya se ha expuesto, parece inclinarse a las tesis de la izquierda. La otra, en cambio, coincide con algunas de las posiciones de la derecha sobre los peligros que entrañan las citadas medidas. Casi un 60% de los encuestados cree que las compañías repercutirán esos impuestos en los ciudadanos, subiendo los precios de los servicios o productos que ofrecen y, por tanto, la medida perjudicará en última instancia a los consumidores; y un 52% opina que esas empresas dejarán de tributar en España. En este caso se produce una distribución de las opiniones entre izquierda y derecha inversa a la que se registra en la valoración de las medidas fiscales: el 75% del electorado de la derecha vaticina que la factura recaerá sobre los consumidores, una opinión que comparte un 56% de los votantes del PSOE y solo un 35% de los de UP.

Los simpatizantes de Unidas Podemos son también los únicos que se muestran conformes con el nivel de impuestos que abonan. Solo uno de cada tres responde que tributa al Estado en exceso, y más de la mitad considera adecuado su esfuerzo fiscal. En el caso de los votantes socialistas, las opiniones están más igualadas: más del 45% cree que contribuye demasiado, frente a un 42% que se declara conforme. Son los votantes de la derecha los que se quejan muy mayoritariamente de que pagan demasiados impuestos: cerca del 70% de los simpatizantes del PP y casi el 75% de los de Vox y Ciudadanos. En el total de encuestados, un 54,3% cree que paga demasiados impuestos y un 30,7% ve adecuado su esfuerzo fiscal; el 3,7% opina que es poco y el 11,4% no contesta.

Las percepciones sobre la equidad del sistema fiscal en general resultan mucho más rotundas. Dos de cada tres encuestados aseguran que beneficia a las clases altas, una opinión que es incluso mayoritaria (53%) entre el 10% de la población que dispone de más ingresos. Por el contrario, los perjudicados serían los autónomos (así lo señala el 70%), las clases medias (63%), las pequeñas y medianas empresas (62%) y los más desfavorecidos (57%).

En consonancia con esto, los encuestados por 40dB. apuntan abrumadoramente —con cifras de casi el 80%— a las grandes fortunas y compañías como principales responsables del fraude fiscal. Y en porcentajes similares sostienen que son las clases medias y trabajadoras, las pymes y los autónomos los que están más sometidos a la lupa de la Agencia Tributaria en lugar de los que ocupan la cúspide de la escala económica.

El barómetro de EL PAÍS y la SER también preguntó a los entrevistados por los fraudes a Hacienda que admiten haber cometido. El más frecuente es la compra o descarga de productos piratas (lo confiesa el 28%) o los pagos sin IVA (21%). Un 6,4% reconoce que ha trabajado en negro; casi un 5%, que ha ocultado datos en la declaración de la renta o ha alquilado un inmueble sin contrato; un 4%, que ha pagado a sus empleados con dinero negro; y un 2,3%, que ha simulado un cambio de residencia a otra comunidad autónoma para tributar menos. Los votantes de Vox son los más desenvueltos con diferencia para confesar el fraude fiscal: casi uno de cada tres admite pagos sin IVA y un 40,8% la compra de productos piratas, único apartado en el que se sitúan en cifras similares a los electores de otro partido: Unidas Podemos (39,7%).

La encuesta confirma que el PP ya no aparece claramente destacado cuando los ciudadanos analizan la competencia de cada fuerza política para gestionar la economía. En este capítulo de la fiscalidad, el PSOE rebasa ligeramente a los populares en las preferencias de los encuestados: 23,3% frente a 22,1%.

Una de las creencias más extendidas es que la descentralización de impuestos genera desigualdad entre los ciudadanos. Así lo apuntan dos de cada tres entrevistados, sin grandes diferencias entre los electorados de cada partido. Pero, al preguntar si se deberían armonizar los impuestos entre los diferentes territorios, las preferencias están más divididas: la mitad cree que sí, pero el 40% aboga por dejar margen a la política fiscal de cada comunidad.