Crimen del Cash Récord: el caso abierto más antiguo de España llega a juicio en Lugo 29 años después

Son casi las ocho de la tarde del 30 de abril de 1994. Hoy juega el Deportivo de A Coruña, Superdépor para una afición que esta temporada aspira a ganar la Liga. Media Galicia está pendiente del partido y, como además es sábado, por el polígono empresarial de O Ceao, a las afueras de Lugo, no transita un alma. Son el día y la hora idóneos para perpetrar un atraco a mano armada en una de las pocas naves abiertas esta tarde, el supermercado mayorista Cash Récord, al límite ya del momento del cierre y sin clientes. Si a esto se suma que solo quedan en el establecimiento dos empleados indefensos, el éxito está casi asegurado. Tanto, que el asalto en el que hace casi 29 años fueron asesinados de sendos tiros a bocajarro la cajera María Elena López Rodríguez y el reponedor Esteban Carballedo Teijeiro fue archivado varias veces y a punto ha estado de pasar a la historia como un crimen perfecto. Si no llega a ser porque los familiares de las víctimas y su último abogado nunca se dieron por vencidos y al final encontraron respaldo en los jueces de Lugo. Aunque no en el fiscal, que pide la absolución para el único acusado, Manuel Juan Vilariño Casanova, un hostelero afincado en Burgos que se sentará la semana que viene en el banquillo de la Audiencia Provincial de Lugo.

Elena tenía 32 años y era madre de dos niños. Esteban había cumplido 26. Fue la hermana de la cajera, Isabel López, la que halló los cadáveres cuando acudió a recogerla al salir de trabajar. El hilo musical seguía sonando. Unas pisadas manchadas de sangre, de calzado deportivo del número 42, marcaban los pasos que había seguido el asesino entre la primera víctima, en la caja registradora, y la segunda, que aguardaba ya sin nada que hacer hasta la inminente hora de cierre delante del televisor. El autor o los autores del crimen apenas necesitaron munición. En el escenario solo aparecieron tres casquillos de bala. Los que mataron a Elena y Esteban de un disparo en la cabeza y el que derribó una lata de conserva de un expositor. El acusado, que regentaba un bar llamado Los Ángeles en la Rúa Nova de Lugo, era cliente habitual de Cash Récord, y en posteriores investigaciones por tenencia ilícita de armas y narcotráfico en las que estuvo involucrado (y encarcelado) la policía nacional se incautó de tres pistolas de marca STAR y más de 100 cartuchos nueve milímetros parabellum de la marca Santa Bárbara. “Del mismo modelo que el que resultó del análisis de las tres vainas y los tres proyectiles del crimen de O Ceao”, defienden las familias de las víctimas.

El caso del Cash Récord llega a juicio convertido en el asunto penal más antiguo de España que sigue vivo. Es ahora o nunca. Cuando se empezó a investigar, los juzgados todavía eran de Primera Instancia e Instrucción y, cuando estos se partieron en dos, extrañamente el suceso quedó varado en primera instancia. Se llegó a sobreseer tres veces entre 1996 y 2001, y solo resucitó en 2010 para avanzar después a trompicones, con sucesivas prórrogas conseguidas en el tiempo de descuento por el abogado Gerardo Pardo de Vera. Para lograr la reapertura, Isabel López, la hermana de la cajera, llegó a encadenarse ante los juzgados y protagonizó dos huelgas de hambre. En 2019, la propia Audiencia de Lugo reconoció que la instrucción había sido “errática” y empujó al juzgado a redoblar los esfuerzos. Como consecuencia, la última magistrada en la que recayó el caso acabó procesando a Juan Vilariño. El Juzgado de Primera Instancia 1 de Lugo ve ahora en este hostelero nacido en Barakaldo —de padres gallegos emigrados a Euskadi— hace 56 años “serios indicios racionales de criminalidad”. Los últimos agentes de la policía nacional relacionados con este caso que acudieron a declarar durante la instrucción reconocieron ante la jueza que “siempre” fue el sospechoso.

Las cuartillas del policía anónimo

Curiosamente no fue hasta que se reactivó el caso a partir de 2011 que apareció en la comisaría de Lugo alguna documentación que antes no había llegado al juzgado. Entre estos papeles, hay unas “cuartillas” mecanografiadas y con sello policial en las que un investigador que no ha sido identificado va recogiendo a lo largo de los años, entre 1995 y 1998, abundantes pinceladas acerca de Vilariño Casanova. Es como una ficha sobre el sospechoso en la que se van vertiendo soplos de confidentes, resultados de registros domiciliarios, la relación de vehículos que ha tenido, interrogatorios al hostelero y familiares e impresiones del propio agente. El escrito de acusación de las familias insiste en la importancia de estos papeles, en los que se habla de las armas que se le han incautado y de la turbia relación que el ahora acusado mantenía, supuestamente, con un guardia civil apodado El Paleto, su presunto suministrador de droga y pistolas. Una informadora de la policía señala además a Vilariño, en otro apartado, como posible autor de otro crimen en Lugo.

Junto a los indicios que ha reunido el juzgado, la familia tratará de apuntalar su acusación con más de medio centenar de testigos relacionados con las pesquisas y del entorno de las víctimas y del acusado en aquella época. No son todos los que algún día fueron, sino solo los que han llegado vivos al momento del juicio. Otros testimonios que tendrá en cuenta la sala segunda de la Audiencia Provincial de Lugo para dictar sentencia ya solo figuran en atestados policiales porque son de personas fallecidas. Como la declaración de Francisco Javier N.G., que relató que el ahora acusado le ofreció participar en el atraco un par de meses antes del asalto; que lo llevó hasta la entrada del Cash Récord en su Chrysler 150 marrón claro y le puso una pistola en la mano.

Pero entre las declaraciones posiblemente más aguardadas de los que siguen en este mundo tres décadas después está la de un expresidiario que llegó a ser testigo protegido, aunque enseguida se consideró falsa su versión. Este hombre envió una carta al juzgado, remitida desde la prisión lucense de Bonxe, en junio de 1996. En ella aseguraba que tenía información relevante sobre el doble crimen de O Ceao y sus autores. El 9 de julio y el 13 de agosto siguientes, el preso era interrogado y señalaba a tres culpables, dos varones (entre los que figuraba Vilariño) y una mujer, y adornaba su declaración con todo tipo de detalles. “La mayoría de estos son hoy de veracidad contrastada y han sido utilizados por los propios investigadores”, destaca el escrito de acusación de las dos familias.

“Oceánicos daños morales”

A la hora en la que se perpetró el atraco, la caja de caudales del establecimiento estaba abierta porque era cuando se hacía recuento. Según concluyó la investigación, el botín fue de 3.777.026 pesetas en metálico (22.700 euros) y talones por importe de 542.159 pesetas (3.258 euros). Las familias tienen en cuenta la atenuante muy cualificada de dilaciones indebidas y reclaman —por dos asesinatos, un delito de robo con violencia y otro de tenencia ilícita de armas— 28 años y dos meses de prisión para el único presunto autor del asalto que llega a juicio. Se aplica el Código Penal de la época y por eso el procesado va a ser juzgado por un tribunal profesional y no por un jurado popular.

El juzgado calculó en su auto de junio de 2021 que, en caso de ser condenado, el acusado debería devolver la cantidad de 25.958,84 euros por lo robado. En su escrito de acusación, las familias exigen 250.000 euros por cada uno de los asesinados, y destacan los “oceánicos daños morales” que han marcado sus vidas todo este tiempo. No obstante, en otra sonada decisión de la Fiscalía de Lugo, el fiscal jefe, Roberto Brezmes Caramanzana, pide la libre absolución porque no ve pruebas para condenar al hostelero de Lugo que acabó marchando a Burgos.