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Doble crimen y chapuza policial

Investigadores enviados desde Madrid se hacen cargo, 20 años después, del caso de dos empleados de un almacén asesinados a tiros en Lugo

Familiares de las víctimas del crimen de O Ceao, con las fotos de los asesinados, en 2011.
Familiares de las víctimas del crimen de O Ceao, con las fotos de los asesinados, en 2011.

“No se pudo hacer peor. Si se falla en la inspección ocular y en la toma de huellas en las primeras actuaciones, toda la investigación se ve viciada”. Así resume un alto mando policial lo ocurrido con la instrucción del doble crimen del Cash Record, un almacén mayorista de suministro a supermercados, en el polígono industrial de O Ceao, a las afueras de Lugo, en el que fueron abatidos a tiros el reponedor Esteban Carballedo, de 26 años, y la cajera Elena López, de 32. Esta semana se han cumplido 20 años de un doble crimen que conmocionó a Lugo y que sigue sin resolverse después de que la causa haya sufrido “lagunas, sobreseimientos y reaperturas”, como describe el abogado de las familias de las dos víctimas, Gerardo Pardo de Vera. En estas dos décadas, los familiares de los dos asesinados no han dejado de movilizarse y presionar para que el caso no se cerrase. Y el Juzgado de Primera Instancia número 1 de Lugo acaba de dictar el secreto parcial de las actuaciones. “Se supone que los investigadores, en este caso el grupo específico de la UDEF de Madrid que se hizo hace poco cargo de la investigación, pidieron al juez que decretase el secreto, lo que nos hace albergar alguna esperanza”, explica Pardo de Vera.

 Esteban Carballedo y Elena López fueron hallados muertos en la nave del polígono de O Ceao el sábado 30 de abril de 1994. El reponedor presentaba dos heridas de bala en la cabeza. A la cajera le descerrajaron un tiro mortal en la cara. “Un mes antes, un día comiendo en casa, a raíz de una noticia en la televisión sobre un atraco, Esteban me dijo: ‘A nosotros nos van fastidiar un día porque allí hay una caja que está llena de fajos de billetes y eso se ve desde fuera”, recuerda José Carballedo, uno de los cuatro hermanos del reponedor. “Yo le contesté: ‘Si un día pasa eso, tú no te metas en nada’. Pero por desgracia ocurrió”. Por el camino se ha quedado la madre de Esteban, que moría con 74 años hace seis. “Lo de mi hermano la ayudó a morir. Ese día murió Esteban y morimos todos un poco”, agrega emocionado el hermano.

Las investigaciones establecieron el momento del crimen después de las ocho menos diez de la tarde de aquel 30 de abril. A esa hora se rastreó una llamada de Elena López a sus suegros en Santiago para interesarse por la salud de uno de ellos. “Normalmente, los fines de semana siempre iba yo a recogerlos”, evoca Isabel López, la hermana coraje de Elena. “Ellos cerraban sobre las siete y media. Fui sobre las ocho con mis dos sobrinos, los hijos de Elena, y ya no me abrió nadie”, agrega Isabel, quien con su tenacidad logró reabrir el caso en 2011, luego de protagonizar una huelga de hambre, cuando la instrucción languidecía en el “sueño de los justos”.

Al encontrar el Cash Record cerrado, Isabel llevó a sus sobrinos a casa, esperó una hora y decidió avisar a su padre y a su marido. No se había atrevido a entrar sola por miedo a que hubiese alguien dentro del almacén. Cuando llegaron los dos hombres, entraron en la nave, donde aún sonaba el hilo musical y las luces estaban encendidas, hasta que dieron con los cuerpos de las dos víctimas. “Casi no nos podíamos ni mover, solo mi marido, que fue el que avisó a la policía”, cuenta la hermana.

Y a partir de ahí, la “chapuza” de una investigación que compartieron las policías nacional y municipal. “Si no coges bien el hilo, es muy fácil luego fallar”, insiste el citado alto mando policial, que prefiere mantenerse en el anonimato y que no tiene reparo en reconocer: “No puede ser que se empleen 20 años para un caso que se podría haber ventilado antes y que causa cierta alarma social”. Tuvieron que pasar esas dos décadas para que la UDEF de Madrid se hiciera cargo de la investigación y diera con el rastro de un empresario de hostelería en la céntrica Rúa Nova de Lugo, cliente del Cash Record, que fue imputado dos años después del crimen. Un año antes se había trasladado a Burgos, donde montó otro negocio. Su familia sigue viviendo en la ciudad de la muralla.

Los familiares continúan señalando a ese empresario. “El móvil fue económico. Era un cliente habitual, sabía lo que allí se movía. El negocio de hostelería era una tapadera”, sostiene José Carballedo, que regenta un restaurante en la ciudad, abierto tres meses antes del doble crimen. En aquel entonces se habló de un botín de cinco millones de las antiguas pesetas, unos 30.000 euros. Carballedo va más allá incluso respecto al principal sospechoso: “Sabemos que en su local se trapicheaba con droga. Se encontraron droga y armas en los primeros días la investigación. La policía municipal fue la que hizo el registro de su negocio”. Isabel López arremete contra el trabajo policial: “Yo sigo diciendo que están encubriendo al principal imputado, porque no encuentro otra explicación. Él, en su declaración en 1996, admitió que conocía a los dos de ir por el almacén, pero aseguró que no tenía nada que ver con el crimen”.

La entrada en escena de los investigadores de la UDEF ha levantado un poco los ánimos de las familias, que nunca han dejado de exigir justicia. “Parece que hay alguna esperanza. Tenemos claro que se ha avanzado un poco en los últimos tres meses”, reconoce José Carballedo, quien describe así a su hermano Esteban: “Un chaval lleno de vitalidad, un trabajador. Era alegre. Y un buenazo”.

Elena López dejó dos hijos, que en aquel entonces tenían seis y cuatro años. “Se me vienen muchos recuerdos y muy encontrados”, suspira su hermana Isabel, quien no va a desfallecer hasta dar con el asesino, una meta que se ha impuesto desde ese día en que iba a recoger a su hermana como todos los fines de semana. En aquel almacén Isabel López se encontró con la imagen aterradora del crimen. “Y eso no lo olvidaré jamás”.

 

Peligro de que el delito prescriba

Las dos décadas transcurridas desde los hechos pueden abocar el caso a la prescripción, pero las dos familias de las víctimas se aferran a un resquicio legal que tiene que ver con la imputación que se formuló dos años después del crimen contra el principal sospechoso. “El delito prescribe a los 20 años de acuerdo con el Código Penal antiguo, vigente entonces. Pero el plazo de prescripción se interrumpe, según la ley, cuando el procedimiento se dirige contra un culpable, y eso ocurre al producirse una imputación. En este caso no existe duda de que hay una persona que fue llamada a declarar como imputada en 1996”, puntualiza el abogado Gerardo Pardo de Vera, representante de las familias.

Pardo de Vera entiende, por tanto, que con respecto a ese sospechoso el plazo de prescripción está ya interrumpido: “Con posterioridad se realizaron diligencias que implícitamente suponen la atribución provisional de responsabilidades. Yo entiendo que además hay otras diligencias que también interrumpen ese plazo. Con lo cual, como mínimo, para esta persona el delito prescribiría en 2016”. Claro que el asunto se complicaría si las sospechas se dirigiesen contra una persona que hasta ahora no haya aparecido en la causa: “En ese caso estaría prescrito. Pero sí se trata de otras personas que sí están en la causa y respecto a las cuales también se practicaron diligencias, como, por ejemplo, autorización de intervenciones telefónicas, entiendo que eso es un acto de imputación implícito que podría interrumpir el plazo de prescripción”.

Las familias han recordado el 20º aniversario del doble crimen con uno más de los actos reivindicativos que han protagonizado en estos años. El pasado miércoles se concentraron ante los juzgados de Lugo y colgaron globos blancos y negros en las diez puertas de la muralla romana. El Ayuntamiento ordenó retirarlos al poco tiempo.