La reforma de la ‘ley del sí es sí' del PSOE no tiene aún más apoyos parlamentarios que los del PP

El PSOE no cuenta por ahora con más apoyos parlamentarios que los del PP para sacar adelante su pretensión de reformar los aspectos más polémicos de la Ley de Libertad Sexual, conocida como del solo sí es sí y que ha permitido más de 340 revisiones de penas a la baja de agresores sexuales. Pero el grupo socialista no ha negociado ni pedido aún esa ayuda al principal partido de la oposición, ni parece querer usar por ahora ese atajo, que pondría en algo más que un brete a la coalición de gobierno con Podemos y también a sus alianzas progresistas en el Congreso en esta fase final de la legislatura. La negociación prioritaria entre el PSOE y Unidas Podemos sigue abierta con posiciones muy distanciadas. Podemos, ERC, Más País, Compromís, PNV y Bildu muestran su disposición a aceptar “retoques” y “mejoras” mínimas en la elevación de algunas penas aprobadas en la vigente norma, pero sin que ello desvirtúe la figura central del “consentimiento” de las mujeres. El PSOE asegura que ese artículo no se modificará y busca fórmulas alternativas. El PP se ofrece como aliado sustitutivo, pero se dispone a aprovechar esta crisis del Gobierno en la calle y en el Parlamento.

El sector socialista del Ejecutivo quiere ahora pisar el acelerador para cambiar la ley del solo sí es sí cuanto antes tras constatar que la jurisprudencia sigue aceptando reducciones de condenas a agresores sexuales que en ocasiones llevan aparejadas excarcelaciones de violadores. “Mejor mañana que pasado”, enfatizó este martes el portavoz parlamentario, Patxi López. El PSOE tenía la intención de registrar su proposición de ley con las reformas esta misma semana o como mucho la que viene, pero ha comprobado que no lo tiene tan fácil porque no dispone aún del voto favorable de sus aliados habituales en la mayoría progresista de la legislatura. Al contrario. Por ahora todo parecen reparos y “líneas rojas”, según los pronunciamientos de los distintos portavoces de esas formaciones.

El primero que no ocultó las diferencias fue el portavoz parlamentario de Unidas Podemos, Pablo Echenique, que reconoció que habían aceptado negociar la propuesta del PSOE “para preservar y proteger la unidad de la coalición”. Fue el argumento que repitió más veces. Echenique, eso sí, fijó los criterios y condicionantes de su partido: aceptarían revisar la “escala penológica” de algunas agresiones sexuales que se están castigando a la baja “siempre que no se elimine el consentimiento del núcleo de la ley”. A UP le ha molestado el anuncio con una “filtración unilateral” por parte del PSOE del proyecto de cambio legal y que se haya trasladado la idea de que el Ministerio de Igualdad, que encabeza Irene Montero, como la gran promotora de esa nueva norma, no estaba por la labor de retocar la horquilla de las penas que ha permitido algunas reducciones de condenas.

Portavoces del Ministerio de Igualdad y de Podemos aseguran ahora que llevan dos meses intercambiando hasta tres propuestas diferentes de escalas penales diversas que someter a consideración. Pero el portavoz parlamentario socialista aseguró desconocerlas. En Podemos defienden como “inaceptable” y una línea roja de consecuencias imprevisibles que el PSOE se pliegue “por presiones políticas y mediáticas de la derecha” a retroceder en derechos para las mujeres y acepte introducir en el articulado de la norma conceptos como “la violencia con intimidación” que llevarían de manera indirecta a cuestionar el “consentimiento” de las mujeres ante determinadas agresiones sexuales.

El PSOE niega esa intención y en su reforma legal se mantiene intacto el párrafo sobre el consentimiento, pero ni UP ni otros socios se fían y Echenique les echó en cara que esa voluntad es pura “retórica”.

Portavoces de ERC, Más País, Compromís, EH Bildu y PNV llevan semanas abogando públicamente, ante la catarata de reducciones de condenas en distintos juzgados, porque el Gobierno estudie alguna fórmula que permita frenar esa situación que, admiten, ha causado “alarma social”. Pero sin eliminar de la ley esa figura del consentimiento, que se retrata de manera expresa en varios pasajes del vigente artículo 178 del Código Penal. No está claro qué votarían si el PSOE no llega a un acuerdo con UP y opta por sacar adelante su proyecto con el PP.

Ante esta confusión, el portavoz del PNV, Aitor Esteban, echó en cara al Gobierno la irresponsabilidad de andar “dando tumbos en los medios” ante un asunto tan delicado. También reprochó al PP que solo ataque esta crisis “para hacer brecha” en el Ejecutivo y “sacar rédito partidista”. La portavoz y secretaria general del PP, Cuca Gamarra, rechazó que esa sea su intención, aunque sus Nuevas Generaciones han convocado para este miércoles una concentración en la sede del Ministerio de Igualdad para exigir el cese de su titular. Gamarra ofreció este martes al secretario de Estado que representa al Gobierno en la Junta de Portavoces, Rafael Simancas, que se aprovechara para cambiar la ley de una iniciativa del PP en esa misma línea ya registrada y aceptada por la Mesa del Congreso en diciembre, que preserva la definición de consentimiento como está ahora, que podría entrar a debate el martes que viene, publicarse en el BOE y estar vigente en un mes. PSOE (120 diputados) y PP (89) suman solos 209 escaños. Simancas rechazó esta fórmula. El grupo socialista optará por su iniciativa legislativa.