El sector progresista del Constitucional avalará la ley del aborto sin aceptar limitaciones

La mayoría progresista del Constitucional rechazará cualquier limitación que quiera realizarse al derecho al aborto en la sentencia que la próxima semana debatirá el tribunal. La deliberación sobre el recurso que el PP presentó en 2010 contra la vigente ley de plazos empezará en el pleno que el órgano de garantías tiene previsto celebrar el próximo 7 de febrero. Y ya se han iniciado los contactos preliminares entre los magistrados. A partir de esta semana, los 11 componentes del tribunal comenzarán a estudiar el borrador de sentencia y a preparar sus intervenciones en la inminente sesión plenaria. En medios del Constitucional se concede a esta deliberación la mayor importancia, porque supondrá resolver la impugnación de una ley que generó en su día un intenso debate, pero sobre cuyos puntos esenciales, 12 años después, existe actualmente un gran consenso social.

El ponente del fallo, el magistrado conservador Enrique Arnaldo, ha preferido apurar los plazos y aún no ha hecho entrega de su proyecto de resolución al resto de miembros del órgano de garantías. Sin embargo, en las conversaciones informales que vienen sosteniéndose entre los componentes del tribunal, ha quedado claro que todo requisito que quisiera establecerse en la sentencia para dificultar la libre decisión de la mujer no contará con el respaldo de los siete magistrados del sector progresista. En todo caso, es obvio que el tribunal llevará a cabo su deliberación en función del proyecto de fallo que el ponente presente al pleno, lo que implica que cualquier propuesta que realice será objeto de discusión a fondo.

Ello no obsta, a su vez, para que en la actual mayoría progresista del tribunal exista una firme determinación a favor de declarar la constitucionalidad de la vigente ley de plazos, sin que haya que aceptar contrapartidas por conseguirlo. Dicho grupo desearía que, tras los 12 años y medio de espera para dictar sentencia, el órgano de garantías fuera capaz de alcanzar un pacto para resolver la impugnación de la ley del aborto con un fallo consensuado. Pero no a cambio de compensaciones forzadas para que la mujer que decida interrumpir su embarazo en los plazos legalmente previstos pueda verse sometida a requisitos o condicionamientos con trámites médicos o psicológicos innecesarios, orientados a culpabilizarla o a poner trabas a su libre voluntad. La ley de plazos establece que la mujer puede abortar en las primeras 14 semanas sin ningún requisito.

Si el magistrado Enrique Arnaldo viera ahora rechazado su borrador de resolución, podría optar por continuar como ponente, asumiendo en su nuevo proyecto la argumentación de la mayoría, o bien renunciar a dicha responsabilidad para que la redacción de la sentencia pase a un magistrado del sector progresista. En el supuesto de mantener la ponencia, le cabría efectuar en paralelo un voto particular en contra para expresar los motivos de su discrepancia.

El magistrado Enrique Arnaldo recibió el encargo de redactar el proyecto de sentencia sobre el recurso contra la ley del aborto en noviembre de 2021, tras el pacto entre el Gobierno y el PP —entonces presidido por Pablo Casado— para una renovación del tribunal que llegó con más de dos años de retraso. El catedrático de derecho constitucional Pedro González-Trevijano sustituyó entonces al exmagistrado del Supremo Juan José González Rivas en la presidencia del órgano de garantías, y Arnaldo pasó a ocuparse de todos los asuntos que en la etapa anterior habían sido responsabilidad del catedrático de filosofía del derecho y exdiputado popular Andrés Ollero.

La característica común a todos ellos era su pertenencia al sector conservador del tribunal. El grupo progresista estaba en minoría, en una proporción equivalente, pero inversa a la situación actual, en la que el sector conservador está integrado por cuatro magistrados, mientras que el grupo entonces minoritario cuenta ahora con siete puestos en el pleno. Desde esta nueva posición de mayoría, los progresistas ya no tienen la preocupación de verse obligados a concesiones a cambio de salvar lo esencial de la legislación vigente sobre el aborto, es decir, a permitir la aprobación de requisitos o limitaciones al derecho a la interrupción voluntaria del embarazo para lograr que siguiera en pie el sistema de plazos.

En principio, ese esquema de negociación sobre la sentencia relativa al recurso del PP estuvo sobre la mesa durante varios meses. Trevijano había encargado a Arnaldo que tuviera preparado su proyecto de fallo en la primavera de 2022, unos seis meses después de heredar todos los asuntos de Ollero. El nuevo ponente cumplió lo acordado con el entonces presidente del tribunal y tuvo listo su borrador de sentencia el pasado mes de abril. Pero no lo envió al resto de magistrados. Trevijano y Arnaldo consideraron conveniente volver a frenar la deliberación de ese proyecto ante la proximidad de la renovación del tribunal, que debió haberse producido en junio del año pasado.

En aquella decisión tuvo un gran peso, como razón de fondo, la previsible dificultad en aunar criterios sobre la constitucionalidad de la ley del aborto. El grupo conservador se hallaba dividido, porque si bien algunos de sus integrantes estaban dispuestos a aceptar el sistema de plazos —eso sí, con requisitos y limitaciones—, en el tribunal se daba por hecho que una sentencia que lo avalase supondría también un debate intenso y varios votos en contra.

Trevijano habló del asunto con el entonces vicepresidente del Constitucional, Juan Antonio Xiol, quien coincidió en el criterio de que había que evitar la reproducción de las tensiones provocadas en el tribunal por las sentencias que declararon la inconstitucionalidad de los decretos sobre el estado de alarma para hacer frente a la pandemia del covid-19. Para el sector progresista, el nuevo retraso en dictar el fallo sobre la ley del aborto era un mal menor, porque mientras tanto seguía vigente la ley de plazos.

Como resultado de todo ello, el proyecto de sentencia se quedó en un cajón. Trevijano y Xiol prefirieron dejar la responsabilidad de decidir sobre este asunto a sus sucesores, es decir, a un tribunal renovado y al inicio de su período de gestión, y no en manos de un Constitucional que estaba a punto de caducar, en el que iban a ser relevados cuatro magistrados, entre ellos el presidente y el vicepresidente. En el grupo conservador nadie levantó la voz contra aquella decisión. La idea de volver a abrir una crisis en el tribunal deshizo cualquier tentación de embarcarse en la discusión sobre la ley del aborto, máxime ante la evidencia de que —como ahora ha confirmado su presidente, Alberto Núñez Feijóo— el partido que la recurrió, el PP, había asumido la legalidad constitucional del sistema de plazos. Dicho cambio de criterio con respecto al recurso inicial ya había quedado de manifiesto, de hecho, al no haber procedido los populares a la derogación de la ley durante los años en que pudieron hacerlo por contar con mayoría absoluta.

En ese período, con Mariano Rajoy como presidente, el PP solo reintrodujo en la ley la obligatoriedad del permiso paterno para la práctica del aborto por parte de las gestantes comprendidas entre los 16 y los 18 años. El recurso había cuestionado que en la ley sobre interrupción voluntaria del embarazo no figurase esta cláusula. Pero el hecho de que se aprobase su restablecimiento hace ahora innecesario que la sentencia que se dicte contemple este punto, por pérdida de objeto. La nueva ley sobre el aborto, en fase de debate parlamentario, volverá a eliminar la obligatoriedad de dicho permiso paterno. Será entonces cuando eventualmente esta nueva disposición podría ser recurrida. En cualquier caso, lo que en el propio tribunal se considera muy probable es que la sentencia sobre la ley del aborto tenga algunos votos en contra procedentes del grupo conservador, aunque tal vez no de los cuatro magistrados que lo integran.