Miles de empleos pendientes del recorte del trasvase en Elche: “Sin agua, no puedes animar a nadie a que siga en el campo”

El Campo de Elche (Alicante) verá reducida este año su producción de hortalizas en un 10%, más de dos millones de kilos menos que en 2022. Es el cálculo que hace —en virtud de las hectáreas cultivadas— el sindicato agrario Asaja, que atribuye esa merma a la “incertidumbre sobre la disponibilidad de agua” que ha generado el plan del Gobierno para reducir el volumen de agua trasvasada desde el Tajo al Segura en los próximos años. Pedro Valero, de 68 años, resiste de momento en su plantación de coliflor y romanesco, aunque confiesa que no tardará en certificar su jubilación total. “Si falta agua, te planteas que es el momento de dejarlo estar”, sostiene. “Y, si no hay perspectivas de mejora en el futuro, no animarás a nadie a que siga en el campo”.

Valero explica que en la partida de Algorós, donde él tiene sus terrenos, no dependen exclusivamente del trasvase. “No sería suficiente”, señala. “También depuramos el 100% de las aguas residuales de Elche [la tercera ciudad de la Comunidad Valenciana, con más de 235.000 habitantes] y la extraemos del humedal del Hondo y de sobrantes del río Segura”. Más allá de eso, los regantes disponen de un sistema de “goteo centralizado” gracias a una infraestructura que traslada el agua del pantano de Crevillent, reservorio del trasvase Tajo-Segura y regulador de la margen izquierda de la mancomunidad de Riegos de Levante. “Es como abrir el grifo: sin pérdidas por evaporación o filtración” como sí sucede en las acequias tradicionales, señala. Cuando se reduzca el agua del trasvase, quienes la usan “recurrirán a la de depuradora, por lo que habrá menos disponibilidad de horas de riego al mismo coste”, augura.

La nueva legislación, que recortará más de 100 hectómetros cúbicos por año, en cálculos de Asaja (el principal sindicato de la zona), apuntillará “a los pequeños agricultores”, considera Valero. A ello, dice, se suman “el nuevo plan de abonado, las normativas para insecticidas, la digitalización de los libros de campo, la subida del salario mínimo interprofesional, el aumento de los costes de electricidad, combustible o abono, la prohibición de las quemas agrícolas y el papeleo”. “Así, lo único que van a conseguir es que las pequeñas empresas se pierdan o se dediquen exclusivamente al mercado local”, continúa el agricultor, “o que vayan cayendo en manos de grandes del sector que puedan aguantarlo”.

Senegaleses para la cosecha

En invierno, Valero cuenta con dos empleados senegaleses para la cosecha. En verano solo mantiene a uno, para las labores de preparación de las tierras y para recoger los frutos de “media hectárea de higueras y otra media de granados”. Él augura que, si suben los costes del agua por el uso de la procedente de desaladoras, no podrá mantener ni esta mínima plantilla. Asaja calcula que la sustitución obligada de agua trasvasada por desalada generará en la provincia de Alicante pérdidas de entre 45 y 136 millones de euros (dependiendo de si el Gobierno concede subvenciones o no). Vicente Andreu, presidente provincial del sindicato, acusa a la ministra Teresa Ribera de tener una “actitud déspota” y teme una pérdida de “6.300 empleos directos en Alicante y 9.000 en Murcia”. La amenaza principal, apunta Asaja, se cierne sobre los cultivos de melón, sandía, granada o breva. “En esta época nos vamos apañando”, continúa el agricultor ilicitano, que cree que “el problema vendrá en primavera, con el riego de los granados”, el cultivo estrella de la zona junto a la alcachofa. Un producto que, como los cítricos, “necesita agua de calidad, no de depuradora”.

Expertos como el ecólogo de la Universidad de Alicante Fernando T. Maestre han propuesto, ante esa situación, que en el Levante se introduzcan cambios en los cultivos; el regadío, según Maestre, acelera la desertificación en el sureste peninsular. Valero responde que esa solución “es complicada”. “Primero, habría que elegir una variedad que se adaptase a la tierra y el clima, y después, conseguir los canales de comercialización”. Valero vende sus hortalizas a través de una cooperativa. “Si quisiera plantar remolacha, por ejemplo, tendría que saber antes a quién se la puedo vender”. Admite que hay cambios que se producen de manera natural, “como pasa con el algarrobo, que está creciendo”, pero encontrar una salida para una cosecha nueva “es un proceso lento”.