El juez envía a prisión por terrorismo al jubilado que envió cartas pirotécnicas y destaca su afinidad con Rusia

Pompeyo González Pascual, el jubilado de Miranda de Ebro (Burgos) detenido el pasado miércoles como presunto autor del envío de seis cartas con material pirotécnico a, entre otros, el presidente Pedro Sánchez y las embajadas en Madrid de Ucrania y EE UU, pasará este viernes su primera noche en la cárcel. El juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama ha ordenado su ingreso en prisión incondicional tras concluir que existe riesgo de que se fugue y vuelva a delinquir, en línea con lo que pedía la Fiscalía. El magistrado acusa al jubilado de seis delitos de terrorismo ―dos de ellos agravados, ya que los destinatarios de dos envíos, Sánchez y la ministra Margarita Robles, son miembros del Gobierno―, así como otro de empleo de artefactos explosivos inflamables o incendiarios con finalidad terrorista.

En su resolución, que puede ser recurrida, el juez Calama argumenta el encarcelamiento de González Pascual en la afinidad que este mantenía con Rusia y que podrían facilitar “su huida a territorio ruso, recibiendo al efecto ayuda de ciudadanos de dicho país” por “la trascendencia de sus violentas acciones como medio de propaganda de la ocupación rusa en Ucrania”. En concreto, el magistrado destaca que el funcionario jubilado utilizaba aplicaciones rusas de mensajería instantánea, como es VK (siglas de Vkontakte, una de las redes sociales más grandes del mundo bajo control del Kremlin desde diciembre de 2021), así como Protonmail, un servicio de correos electrónicos encriptados surgido en Suiza hace una década. La Policía Nacional ha insistido este viernes en una nota que “no se descarta que [el detenido] pudiera estar influido por otros actores”, sin concretar.

El auto judicial destaca también que, si bien la investigación no ha revelado hasta el momento que el detenido “pertenezca ni colabore con banda o grupo organizado terrorista alguno”, González Pascual pretendía con el envío de los artefactos transmitir “el mensaje de que nos encontramos ante una acciones efectuadas por personas vinculadas a Rusia”. Y añade que tanto las acciones (el envío de los seis sobres), el contexto (la guerra en Ucrania) y los destinatarios (la embajada de Kiev y Washington en Madrid, una empresa de armamento, la base aérea de Torrejón de Ardoz, el presidente Sánchez y la ministra Robles) “evidencian que en el ánimo de dicho investigado está presente tanto el objetivo de alterar gravemente la paz pública [...], como obligar a los poderes públicos en nuestro país a abstenerse del apoyo mostrado a favor de Ucrania frente a la agresión rusa”.

En su resolución, el juez añade que esa finalidad parece reafirmarse tanto por “la persistencia en la ejecución de estas acciones” ―hizo los envíos entre el 21 y el 30 de noviembre, y presuntamente planeaba hacer más en el futuro― como por el contenido de las páginas web que el jubilado consultaba. En concreto, los portales de noticias rusos Russia Today y Sputnik News; un portal sobre armas (al que hizo 11 conexiones); otro sobre productos químicos y varios de venta de “elementos de bricolaje y tornillería”. “Ello evidencia que el detenido ha estado adquiriendo conocimientos tanto sobre química a fin de elaborar explosivos mediante la utilización de sustancias fácilmente adquiribles en el mercado, como en relación con armas”, añade el magistrado. Por todo ello concluye que “tales circunstancias objetivan un alto riesgo de reiteración delictiva, que conlleva la necesidad de decretar su prisión provisional”.

En este sentido, el auto detalla que durante el registro realizado en el domicilio del exfuncionario, la policía encontró material similar al utilizado para elaborar los seis artefactos enviados, entre ellos varillas cilíndricas, taladros con brocas de precisión, tornillos o muelles similares a los que servían de “percutor”. La investigación también apunta a que González Pascual presuntamente estaba manipulando un dron para que trasladara artefactos y los dejara caer por control remoto.

En el auto, el juez detalla hasta una decena de indicios que apuntan a González Pascual como presunto autor de los envíos, entre ellos la compra a través de una página web de 25 sobres como los que contenían los artefactos, la localización en Burgos de los estancos donde adquirió los sellos utilizados en el franqueo, la adquisición a su nombre a través de una página de comercio en internet de productos susceptibles de ser utilizados para la elaboración de los artefactos caseros y los vestigios de ADN encontrados en todos los envíos. El auto también destaca que en los envíos, el jubilado “introdujo postas de plomo a modo de metralla para aumentar la potencialidad lesiva”, aunque finalmente solo en uno de los casos, el del paquete enviado a la embajada ucrania, el artefacto se activo y causó lesiones leves a un trabajador de la misma.