La juez abre una investigación sobre las supuestas irregularidades en la adjudicación de contratos en el Puerto de Cartagena

El juzgado de Instrucción número 1 de Cartagena ha decidido abrir una investigación sobre las supuestas irregularidades en la adjudicación de contratos por parte de la Autoridad Portuaria de esta ciudad e investigará la presunta responsabilidad de nueve personas en la trama. Admite a trámite la denuncia que presentó la Fiscalía el viernes de la semana pasada, en la que se señalaba a la actual presidenta del organismo, Yolanda Muñoz, y a su antecesor en el cargo, Antonio Sevilla, como los responsables de los hechos presuntamente delictivos. Ambos mandatarios han ocupado diversos cargos de responsabilidad en la administración murciana de la mano del PP. El lunes de esta semana, Muñoz compareció para anunciar que no contempla dimitir, y que encargará dos auditorías, una interna y otra externa, para examinar los contratos en los que se habrían cometido las posibles irregularidades que ahora se están investigando.

Según la información aportada este miércoles por el Tribunal Superior de Justicia de Murcia, la titular del juzgado ve indicios de “la posible existencia de delitos muy diversos, entre los que se encuentran los de prevaricación, tráfico de influencias, revelación de secretos/uso de información privilegiada, negociaciones y actividades prohibidas y falsedad de documentos públicos”. El auto señala que al menos ocho de los hechos denunciados por la Fiscalía “revisten indicios mínimos y suficientes de la presunta comisión de varios ilícitos penales y que justifican la necesidad de incoar diligencias previas en aras a esclarecerlos”. Por ello, pide al Ministerio Público que traslade esta información a un total de nueve investigados y a los representantes de dos empresas “para que sean informados de los hechos que se le atribuyen, así como de su derecho a examinar las actuaciones, a actuar en el proceso y a designar abogado antes de que se les tome declaración”.

La investigación de la Fiscalía arrancó tras una denuncia presentada en septiembre de 2021 por las delegaciones sindicales de Comisiones Obreras y UGT en el comité de empresa del puerto cartagenero en la que señalaban posibles tratos de favor a empresas en la adjudicación de contratos, entre los que destaca la licitación de la oficina de proyectos de digitalización SOPRA, por un importe cercano al millón de euros.

Los sindicatos apuntaban también supuestas irregularidades en la adquisición de ordenadores a través de contratos menores, la licitación de la organización de la Semana Cultural Vive Tu Puerto y otros contratos diversos relacionados con obras en infraestructuras. Asimismo, alertaban de tratos de favor en la adjudicación de varios puestos de jefes de área y de otros empleos.

El comité de empresa denunció en su momento también supuestas coacciones sufridas por un ingeniero que había declinado firmar ciertos pliegos de condiciones y que fue sancionado por la Autoridad Portuaria.

En marzo de 2022 la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal de la Policía Nacional (UDEF) desplegó un amplio dispositivo en las oficinas de la Autoridad Portuaria de Cartagena e intervino numerosa documentación sobre las contrataciones.