Feijóo y el aborto: ni sí ni no, ni todo lo contrario

Descifrar a Alberto Núñez Feijóo resulta a menudo como desenredar un acertijo. Su posición ante el aborto ofrece una muestra elocuente. El líder del PP ha sido capaz de oponerse a las posiciones más inmovilistas dentro de su partido y a manifestarse a favor de la ley de plazos que los populares recurrieron de inconstitucionalidad hace 12 años, al tiempo que en Galicia ha prestado cobertura legal y apoyo económico a grupos que se distinguen por combatir la legislación actual sobre la interrupción del embarazo.

La primera ley que aprobó el Parlamento gallego después de que el PP de Feijóo conquistase la mayoría absoluta en 2009 fue una iniciativa legislativa popular impulsada por el Foro de la Familia -que había encabezado las protestas contra el Gobierno de Zapatero tras la aprobación de la normativa vigente hasta hoy- y un grupo próximo a él, la Asociación Red Madre. Esa ley, que regula una “red de apoyo a la mujer embarazada”, en su artículo primero establece el objetivo de “preservar el derecho de la mujer gestante” a culminar su maternidad y a ser informada “de los programas y mecanismos dispuestos a su favor, así como del derecho a la vida en formación desde su concepción”.

La ley, todavía en vigor en Galicia, compromete a la Administración gallega a dar todo tipo de respaldo social y económico a las mujeres encinta. Desde su aprobación, y amparándose en ella, la Red Madre se desplegó en esa comunidad con el patrocinio económico y el respaldo político de la Xunta. Feijóo asistió a eventos organizados por la asociación, que ha tenido además estrechos contactos con el departamento de Igualdad del Gobierno gallego. Ese apoyo económico se ha mantenido hasta la actualidad. Desde entonces la asociación ha recaudado más de 430.000 euros en subvenciones del Gobierno gallego, casi 300.000 solo en los últimos cuatro años, según datos extraídos del Ministerio de Hacienda y del Diario Oficial de Galicia. En 2019, la Red Madre también fue adjudicataria de uno de los locales repartidos mediante concurso público por la Xunta en su edificio administrativo de Pontevedra para uso de colectivos sociales

La Red Madre mantiene públicamente una inequívoca posición contra las leyes de interrupción del embarazo. “Las presiones para abortar que reciben las mujeres son escandalosas”, declaró el pasado marzo su directora, Amaya Azcona, a El Debate, el diario digital patrocinado por la Asociación Católica de Propagandistas. En su página web proclama como objetivos “asesorar a toda mujer sobre cómo superar cualquier conflicto que un embarazo le pueda suponer” e “impulsar y promover en la sociedad la cultura de la vida, así como la defensa de la maternidad”. En su memoria de actividades de 2021, manifiesta que atendió en toda España a 58.600 mujeres y asegura que logró evitar que el 83% de las que querían abortar mantuviesen su propósito.

Entre las gestantes que reciben apoyo de la asociación hay mujeres inmigrantes y en situación de precariedad social, por lo que la Red también ha recibido subvenciones de alguna Administración dirigida por el PSOE como el Gobierno de Aragón. Pero el grueso de sus ayudas públicas proviene de instituciones gestionadas por el PP, con la Xunta de Feijóo en primer lugar.

En sus pasos iniciales en el Gobierno autónomo, el actual líder del PP protagonizó un choque con el Ejecutivo de Zapatero tras la aprobación de la ley de interrupción del embarazo. La Xunta anunció en 2010 que en el sobre que, según la nueva norma, las Administraciones deberían entregar a las solicitantes de aborto con información sobre las ayudas a las que tendrían derecho iba a incluir algunas observaciones a fin de disuadirlas de su propósito. El Gobierno central amenazó con un conflicto y el de Feijóo desistió del plan.

Solo tres años después, el presidente gallego disintió en público del proyecto del entonces ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, de recortar la ley de Zapatero. En 2019, tanto la Xunta como el PP gallego se desmarcaron también de la posición de Pablo Casado de reformar la ley en sentido más restrictivo. “La legislación actual es adecuada”, sentenció la responsable de Igualdad del Gobierno de Feijóo, Susana López Abella. La última posición conocida del ahora líder del PP es que debe mantenerse la ley pero elevando de 16 a 18 años la edad hasta la que es necesario el consentimiento paterno para abortar.