Los progresistas del Constitucional daban por segura la elección de Conde-Pumpido desde el día anterior a la votación

El sector progresista del Constitucional tenía la seguridad, desde la mañana del pasado martes, de que la candidatura de Cándido Conde-Pumpido ganaría en el pleno convocado para el día siguiente y se impondría frente a la alternativa que ofrecía, con el apoyo de la nueva minoría conservadora, la magistrada María Luisa Balaguer. Las fuentes consultadas sobre la operación de relevo en el tribunal coinciden en afirmar que el proyecto y los objetivos presentados en esa reunión por el ya presidente del órgano de garantías dejaron poco espacio para las dudas, por el carácter bien definido de ese programa de trabajo.

Los progresistas del Constitucional aseguran ahora que contaban con datos ciertos para tener la seguridad de que la elección estaba decantada a su favor, aunque la magistrada María Luisa Segoviano, cuyo voto era decisivo, nunca había declarado públicamente a quién apoyaría. En este sector se da por hecho que en la decisión de Segoviano de respaldar a Conde-Pumpido se consolidó en la reunión que celebró su grupo el pasado martes por la mañana. Y consideran que en ello tuvo algún peso la condición de Segoviano como magistrada del Supremo, hecha, por tanto, a la convivencia y el debate en los órganos judiciales colegiados.

Algunos de los integrantes del grupo progresista van ahora más lejos y aseguran que estaban seguros del respaldo de Segoviano desde que fue propuesta por los conservadores del Consejo General del Poder Judicial, y aceptada por sus interlocutores del otro sector para desbloquear el tribunal. Añaden que no hubiera tenido lógica alguna que esta magistrada —que se jubiló el año pasado siendo presidenta de la Sala Social o laboral del Supremo— compartiera proyecto con la derecha del tribunal, concertada en respaldar a Balaguer para impedir el giro que la nueva mayoría progresista quiere darle al Constitucional, avalando de entrada la ley del aborto —pendiente de sentencia desde 2010—, y luego muy probablemente la mayor parte, si no todas, las leyes más importantes de esta legislatura, entre ellas la de eutanasia, los cambios en el sistema educativo de la ley Celáa y la reforma laboral.

En esencia, el compromiso asumido por Conde-Pumpido fue el de poner al día el Constitucional, resolviendo los casos más antiguos e intentando impedir que se formen nuevos cuellos de botella. Y todo ello evitando los choques institucionales gratuitos, ya sea con el Gobierno —como en el caso de las sentencias que anularon los decretos del estado de alarma para hacer frente a la pandemia—, o con el Parlamento, como ocurrió con la paralización de las reformas legales con las que las cámaras se disponían a facilitar la renovación del propio tribunal de garantías.

Para Conde-Pumpido era importante mantener unido al grupo progresista, con la confianza de que Balaguer no se alejaría de él aunque perdiese en la disputa entre candidaturas. De ahí que en el sector progresista se aceptara la idea de que convenía obtener no solo la presidencia, sino también la vicepresidencia. Hay que tener en cuenta que desde este puesto de número dos del tribunal se preside la Sala Segunda del Constitucional, compuesta por seis magistrados y que a su vez se divide en dos secciones. En estas instancias inferiores al pleno se ven muchos asuntos relevantes, sobre todo en materia de recursos de amparo. Para la nueva mayoría progresista era importante mantener también en sus manos este resorte.

De ahí, por tanto, la elección como vicepresidenta de la magistrada Inmaculada Montalbán, que goza de toda la confianza de Conde-Pumpido. En el anterior tribunal, el presidente, Pedro González-Trevijano, quiso tener a su lado como vicepresidente a Juan Antonio Xiol. Entonces se respetó la regla de que la presidencia la ocupara un sector —en aquel caso el conservador—, mientras la presidencia quedaba en manos de un progresista. Pero para eso hace falta una relación de confianza. Entre Trevijano y Xiol existía. Entre Conde-Pumpido y cualquier otro de los cuatro integrantes de la nueva minoría conservadora no se habría dado tan fácilmente ese requisito.

De hecho, la renovación del Constitucional se ha logrado en un clima de crecientes recelos entre los dos sectores del tribunal, progresista y conservador. Para el primer grupo, la presentación de Balaguer, con el respaldo de los cuatro votos de la derecha del órgano de garantías, suponía que los primeros en romper las reglas del juego eran los conservadores, dispuestos a apoyar la candidatura alternativa de una magistrada de trayectoria progresista. Y siempre atribuyeron ese respaldo al propósito de cerrarle el paso a Conde-Pumpido, por considerarle más y mejor relacionado con el Gobierno.

Tras la elección del nuevo presidente y vicepresidenta del Constitucional, esos recelos han dejado secuelas. Este jueves, por ejemplo, los magistrados conservadores Concepción Espejel y Enrique Arnaldo no acudieron a la firma del acta de nombramiento de Conde-Pumpido y Montalbán. Habían sido invitados los 11 componentes del tribunal. Tampoco acudieron María Luisa Balaguer ni Juan Carlos Campo, del bloque progresista. Campo contaba estos días con una prórroga para terminar un juicio en la Audiencia Nacional. Pero las otras ausencias no parecen debidas a imponderables.