El Gobierno lo fía a la economía

El principio del año nuevo no se presenta tan frío económicamente como previeron instituciones nacionales e internacionales. La estrategia del aspirante a gobernar en la próxima legislatura tiene que hacer camino por otros derroteros, a la espera de eventuales cambios a peor en la evolución del empleo, el crecimiento y la inflación. Los argumentos tienen como asideros denuncias y juicios graves y de gran calado: ilegitimidad del Gobierno por su quehacer, y por lo que proyecta hacer; por las leyes que intenta imponer a otros poderes del Estado y, sobre todo, por cesiones a los independentistas. La lupa de los populares no se levantará de los acuerdos entre La Moncloa y la Generalitat de Cataluña. Un año por delante para que los populares exijan al presidente del Gobierno que se vaya, como ocurrió entre 1993 y 1996 con otro líder del PP y otro presidente socialista. Una línea histórica enlaza esos tiempos con los actuales.

Un plan de “regeneración democrática” está ya sobre la mesa del presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo. Los avatares en torno al bloqueo del PP del Consejo General del Poder Judicial y el forcejeo en el Tribunal Constitucional, este ya en vías de normalización, dan alas a los populares para colocar en el centro del debate la presentación de nuevas normas contra “la ocupación” de las instituciones. En la primera parada electoral dentro de cinco meses, elecciones municipales y autonómicas, el PP aspira a que su mensaje de que el Gobierno daña a España cale por encima de la labor de presidentes autonómicos y alcaldes socialistas.

Ante los planes de la cúpula del PP, el Ejecutivo contrapondrá su gestión diaria y el cuidado en no meterse en charcos innecesarios. Los proyectos que impulsen serán los que cuenten con sus apoyos parlamentarios y no chirríen en los oídos de una mayoría social, según reconocen interlocutores gubernamentales. Todos los ministros lo saben, lo que no excluye que Unidas Podemos, incluida la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, mantenga el listón de sus demandas a la altura que ya lo tiene en estos momentos en distintas leyes, como la aplazada de Vivienda. Las discrepancias dentro de la coalición se mantienen, pero no quieren añadir otras nuevas, aseguran las fuentes consultadas. El Gobierno quiere creer que la estrategia del PP no dará el resultado si la economía no se derrumba y la ciudadanía repara en que el retrato que hacen los populares de cómo está el país no se corresponde, o no del todo, con la realidad percibida.

Un optimismo no del todo argumentado lleva al Gobierno a pensar que las acciones en favor de los condenados y enjuiciados por el desafío independentista en Cataluña —los indultos de junio de 2021, la supresión del delito de sedición y la rebaja de la pena en la malversación sin ánimo de lucro— tendrán la comprensión del potencial electorado socialista. Lo hecho, hecho está. Sí, pero una y otra vez se escuchará al presidente, a los ministros socialistas y a los dirigentes de ese partido asegurar que no habrá un referéndum de autodeterminación en Cataluña. Alberto Núñez Feijóo y la cúpula del PP invocan el discurso navideño de Pere Aragonès, presidente de la Generalitat. Sus palabras reavivaron el debate de la autodeterminación para disgusto de parte del PSOE y de algunos presidentes autonómicos.

La literalidad de sus palabras, sin embargo, provocó en los ámbitos independentistas, desde luego en Junts, desdén y reafirmación en que los republicanos no van a dar la batalla por el referéndum. El presidente catalán anunció el impulso en 2023 de “un debate, una gran conversación con el conjunto de la sociedad”. El objetivo es “dar forma y visualizar sobre cuándo Cataluña debe poder volver a ejercer el derecho a decidir, sobre en qué condiciones se debe volver a votar para que esta vez todas las partes se sientan incluidas y todo el mundo acepte el resultado”. Esto es la nada para el independentismo más radical.

De aquí a las elecciones, las de mayo y las de diciembre, las evocaciones a la España política de 1993 serán inevitables. El “váyase, señor González” de octubre de ese año del entonces presidente del PP, José María Aznar, tiene su paralelismo en las demandas de Feijóo a Pedro Sánchez para que adelante las elecciones y salga de La Moncloa. Así se expresaba Aznar: “Váyase, señor González, es usted responsable de la degradación política, económica, institucional y del clima generalizado de corrupción en España”. A esa degradación contribuían sus “socios catalanes”, de Convergència. “Uno apuntalaba al otro”, sostenía Aznar. La batalla contra Felipe González fue en todos los frentes. Había “tensión y crispación”, reconocía el líder popular, pero solo había una causa y un causante: “La obsesión de permanecer en el poder a cualquier precio…”. Atribución de José María Aznar a Felipe González.

“Señor Sánchez, convoque elecciones, usted quiere satisfacer a sus socios, usted quiere imponer su interés personal”. Esta recriminación de Alberto Núñez Feijóo es permanente.

“Aznar estuvo a punto de joder la negociación en Edimburgo”, clamaba Felipe González con la vehemencia y desinhibición propia del ambiente de un mitin. Fue en Valladolid en junio de 1994, en vísperas de unas elecciones europeas. Se refería González a la cumbre europea celebrada en diciembre de 1992 en la capital escocesa en la que consiguió fondos para España de una cuantía histórica, aún en pesetas. Los fondos se recibieron en ese 1994. Aznar aseguraba que con un gobierno por él presidido los intereses de España estarían bien defendidos y no como con González, que acude a Europa, decía, como un “pedigüeño”.

El paralelismo de ambas épocas también tiene a Europa presente. La amenaza de denuncia ante las instancias europeas por acciones del Gobierno, sin concretar, son constantes en la dirección popular. El hilo conductor histórico del PP en sus estrategias de oposición a los gobiernos socialistas une etapas y líderes.