Inaudita mordaza al Parlamento

Es una asfixiante mordaza al Parlamento. Por insólita en su contenido material. De un solo trallazo el tribunal que se supone debe garantizar los derechos fundamentales, impide a la Cámara alta, el Senado, deliberar y votar. Desmocha la decisión adoptada por la Cámara baja, el Congreso, para desbloquear la parálisis interna que atenaza al propio tribunal. Y arroja así a los ciudadanos a la orfandad en su derecho democrático esencial a “participar en los asuntos públicos”, por “medio de sus representantes”, como les aseguraba el artículo 23 de la Constitución.

Esta queda ahora grave e inéditamente mellada, y los españoles vuelven en parte a ostentar la ominosa condición de súbditos que periclitó al finiquitar la dictadura.

También es una atadura inaudita, especialmente en la forma. Porque la atropellada secuencia, dada su extraordinaria celeridad, es muy propia de una autocracia, y del servilismo que algunos magistrados —de ninguna manera todos— rinden a sus acreedores, aquellos quienes privativamente les propulsaron. Porque justamente se perpetra mediante la imposición del silencio y la anulación del diálogo con los digamos “justiciables”. De forma “inaudita”, que en latín significa sin oír a las partes, ese sueño de todo caudillismo inquisitorial: ¿por qué, si no, la (exigua) mayoría ultra del (quizá ex) Constitucional ha sentado su dictamen sin permitir alegaciones?

Quienes dictan una resolución a sabiendas de que es injusta, prefieren siempre el juicio sumarísimo sin testigos presentes al contraste vivo, público y transparente de pareceres. Es el caso también de quienes exhiben una escasa cualificación moral en la academia de la honradez, pues desde Roma sabemos que la mujer del César no solo debe ser honesta, sino también parecerlo. La averiguación de una autoría en los casos más graves suele comenzar, a la búsqueda de la motivación profunda, por la pregunta cui prodest? Esto es ¿a quién beneficia la acción? En este caso , la respuesta aparece nítidamente como inmediata: al presidente de la Corte, que de esta manera no se ve reemplazado incluso después de meses de un uso desorbitado de su mandato: exorbitante, esto es, no solo circunscrito a los asuntos de trámite. La gravedad ejemplar de este asunto es letal para la democracia española, privada de repente de la presunción de la mínima cualificación ética para quien encabeza su institución arbitral por antonomasia.

Otros agraciados en la pedrea son la ultraderecha y la derecha ahora extrema, pero con rédito limitado, pues en su éxtasis todo trumpismo o sus imitaciones suele hallar su caricatura y el símbolo de su decadencia en el asedio de algún Capitolio. Y el unilateralismo secesionista, puesto que de forma abusiva, el recurso contra la reforma ahora encajado traía como ejemplo (desmedido) la referencia del levantisco otoño de 2017, como ejemplo (inadecuado) de silenciamiento de un ágora. Separadores y separatistas tienen así sobrados motivos para levantar su copa de cava en loor del caducado presidente y la por el momento decrépita institución que lidera, hasta que le coloquen los agradecidos en poltrona similar.

El optimismo juvenil de la democracia española debe sin embargo recordar que solo la muerte es irreversible. Así que después de las instituciones, las instituciones. Ahí está la Fiscalía del Tribunal Constitucional, que puede y debe recurrir. Ahí está el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, el gran experto en dilucidar cuándo un juicio es justo y cuando, abusivo. Así permanece, humillado y ofendido, pero impertérrito, el Parlamento español. Debe intentar sus mismos objetivos de desactivar todos los bloqueos y cerrojos institucionales. A ser posible, por mejores, más prístinos y más eficaces mecanismos. Sin ceder a las tentaciones de romper la legislatura ante la irrupción de cualquier trasunto de un asno de Pavía.