El pleno del Tribunal Constitucional dirime qué vota antes: la suspensión legislativa o las recusaciones de magistrados

Los 11 magistrados del Tribunal Constitucional (seis conservadores y cinco progresistas) acuden este lunes fracturados al pleno convocado para decidir si se suspende la tramitación legislativa de la reforma judicial del Gobierno, una situación que ha desencadenado la mayor bronca político-judicial de los últimos tiempos. La solución que se dé al dilema entre estudiar primero la admisión a trámite de los recursos del PP y Vox, y por tanto la suspensión de la tramitación legislativa en el Senado, o las recusaciones contra dos miembros del Constitucional, el presidente Pedro González Trevijano y el magistrado Antonio Narváez, va a decidir el destino de las reformas de dos leyes que pretenden desbloquear la renovación del propio tribunal de garantías.

El sector conservador cree que hay que plantearse ya si el recurso del PP se admite o no a trámite, y junto a ello si se concede la medida cautelar solicitada. El bloque progresista, en cambio, estima que puede admitirse el recurso a trámite; pero que antes de resolver sobre si se suspende la votación de las reformas legales en la Cámara alta, hay que aclarar si se admiten las recusaciones del PSOE y Podemos contra Trevijano y Narváez, elegidos ambos por el Gobierno del PP y cuyo mandato concluyó el pasado 12 de junio. La decisión sobre la medida cautelar influirá sobre la continuidad de Trevijano y Narváez en su puesto, por lo que los partidos que han recusado a ambos magistrados entienden que no pueden participar en la deliberación.

El texto legal recurrido fue aprobado la semana pasada en el Congreso y será tramitado ahora en el Senado, donde se votará el próximo día 22. Si el tribunal ordena la adopción de la medida cautelar pedida por el Partido Popular, esa votación ya no podrá llevarse a cabo. De ahí que tenga una gran relevancia la decisión que se adopte sobre si antes de admitir o no a trámite el recurso se resuelve si los dos magistrados recusados tienen que apartarse del pleno, que quedaría integrado por nueve magistrados: cinco elegidos a propuesta del PSOE y cuatro a propuesta del PP. Los magistrados del sector progresista rechazan adoptar las medidas cautelares que reclama el PP.

Sin embargo, el estudio de las recusaciones no figura en el orden del día del pleno. El sector progresista lo planteará como primera cuestión a dilucidar. Pero el bloque conservador se opondrá, con toda probabilidad, porque entiende que una recusación solo pueden presentarla quienes ya son parte de un proceso, y Podemos y el PSOE no han sido admitidos todavía en dicha condición por el tribunal.

Los progresistas creen que si primero se admite a trámite el recurso, lo segundo ha de ser que estos dos magistrados dejen el pleno, para permitir que se inicie el debate sobre sus recusaciones y, desde luego, sin que hayan participado en decisión alguna sobre la cautelar. De imponerse la tesis de la prioridad de resolver primero sobre la admisión a trámite del recurso y decidir seguidamente si se ordena la medida cautelar, habrá que ver cuál es la reacción del grupo progresista, dispuesto a continuar dando la batalla para que el Constitucional no interfiera en un debate parlamentario.

Decisiones radicales

El grupo progresista, a su vez, cuestionará que se deban tomar decisiones radicales en este procedimiento, con un tribunal que incluye en su composición a magistrados que están afectados personalmente por la cuestión de fondo de las reformas legales que cuestiona el PP, la formación política que propuso a los recusados, Trevijano y Narváez, nombrados por el anterior Gobierno popular. Los cinco magistrados del grupo progresista ya se mostraron el pasado jueves dispuestos a abandonar el pleno, dejándolo sin quórum, en el supuesto de que el presidente del tribunal no accediera a suspenderlo con el fin de disponer de más tiempo para estudiar el recurso del PP, así como el que ese mismo día presentó Vox.

El mismo jueves llegaron también al tribunal las alegaciones que formularon el PSOE y Podemos, como impulsores de la reforma legislativa recurrida. El Constitucional tendrá que decidir ahora si se admite su personación en el proceso. La tesis del grupo conservador es que de momento no habría que tener en cuenta las recusaciones que han formulado contra Trevijano y Narváez, habida cuenta de que para recusar a un magistrado hay que formar parte del procedimiento de que se trate, y dichas formaciones no están aún en esa situación.

Inicialmente, los populares habían pedido que el PSOE y Podemos ni siquiera fueran consultados antes de que el Constitucional pusiera en marcha el proceso. Para ello, los populares argumentaron que existían razones de urgencia y que la suspensión del proceso legislativo debía hacerse inaudita parte, es decir, sin escuchar a los implicados. Una vez que las enmiendas cuestionadas quedaron aprobadas por el Congreso, el PP amplió su recurso, manteniendo en pie su petición de la cautelar para que pueda acordarse antes de que el Senado vote sobre dichas reformas el próximo jueves. El intento de impedir la votación parlamentaria y la culminación del proceso legislativo sigue, por tanto, en pie y pendiente de que el Constitucional sea capaz de ordenar sus propias deliberaciones.