Así intenta El Pequeño Nicolás esquivar la cárcel: “Durante unas horas hice realidad el enfermizo sueño de aparentar (solo aparentar) lo que no es”

El pasado lunes no le sentó muy bien a El Pequeño Nicolás. Francisco Nicolás Gómez Iglesias arrancó la mañana lanzando un mensaje optimista a sus casi 100.000 seguidores de Twitter: “Feliz semana. ¡A por ella!”; y lo acabó con otro sarcástico: “Dar un golpe de Estado me hubiera salido más barato…”, escribió a las 21.01 de la noche. Entremedias, como adelantó EL PAÍS, la Audiencia de Madrid lo condenó a tres años y cinco meses de prisión, imponiéndole por tercera vez una pena de cárcel. Una pesada carga que él intenta aliviar ahora en el Tribunal Supremo, adonde ha recurrido ya dos de sus sentencias en contra. Con un gran objetivo entre ceja y ceja: evitar acabar detrás de los barrotes.

A sus 28 años y sin oficio conocido, el Pequeño Nicolás se mueve en muchas aguas. Su paso por los juzgados madrileños ha resultado una constante en 2021 y 2022 (ha afrontado tres juicios en este tiempo), y volverá a repetir en 2023 (tiene otra vista oral pendiente). Además, desde que lo detuvieran en 2014 y sus andanzas y mentiras salieran a la luz pública, ha compaginado su lucha en los tribunales con una enorme exposición. Apenas ha rehuido los focos. Y sigue sin hacerlo. En los últimos meses se ha dejado ver en eventos multitudinarios de criptomonedas y repite que su mirada se centra actualmente en ese mundo virtual. Sin embargo, él es consciente de la espada de Damocles que pende sobre su cabeza y, más allá de las cámaras y la vida pública, su pelea soterrada pasa por conseguir tirar abajo toda una ristra de delitos —uno de cohecho activo, dos de falsedad documental y otros dos de usurpación de funciones públicas— que la justicia ya da por probados (aunque todavía no en firme) y que lo acercan a prisión.

Para esquivar la cárcel, sus abogados ya han llevado sus alegaciones ante la máxima institución judicial del país, donde minimizan los episodios que sentaron al veinteañero en el banquillo. “Durante unas horas hizo realidad el enfermizo sueño de aparentar (solo aparentar) lo que no es”, expone su defensa, por ejemplo, en uno de los recursos presentados al Supremo al que tuvo acceso este periódico.

En este escrito de más de una veintena de páginas, uno de sus letrados analiza el viaje que Gómez Iglesias protagonizó en el verano de 2014 a Ribadeo (Lugo), donde se hizo pasar por emisario del entonces nuevo monarca Felipe VI, que acababa de ser proclamado Rey, y de la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría. Los jueces lo condenaron a tres años de prisión por esas jornadas en las que engañó a las autoridades municipales con una comitiva de vehículos de lujo, y en las que llegó a sentarse a almorzar en un restaurante del puerto deportivo con el presidente de la compañía de transporte Alsa, Jorge Cosmen.

En su recurso, El Pequeño Nicolás expone que la investigación judicial y policial vulneró sus derechos: entre otros, el de la presunción de inocencia, la inviolabilidad del domicilio y la intimidad personal y virtual. Además, su defensa insiste en que no cometió ningún delito al fingir ser un enviado del Rey y del Gobierno. “Mi defendido es un joven que por aquel entonces contaba con escasos 19 años de edad. Guiado por el reconocido trastorno de la personalidad con características narcisistas y de rasgos inmaduros, así como con un trastorno adaptativo con sintomatología ansiosodepresiva, trató de ganarse el reconocimiento de alguien a quien él mismo admiraba. Para ello, urdió un plan consistente en aparentar ser una persona importante. Sin embargo, nuestro Código Penal no recoge el delito de jactancia ni castiga el exceso —por extravagante que sea— por querer aparentar. [...] Se limitó a querer ganarse el reconocimiento de un importante empresario, al que, no olvidemos, no le pidió nada por ello”, ahonda su abogado.

La defensa de Gómez Iglesias se esfuerza en tumbar el delito de usurpación, al que también se le ha condenado en su tercera sentencia en contra, conocida esta semana, por hacerse pasar por enviado del CNI y de la vicepresidencia ante un empresario. “No encontramos actos cometidos por [Gómez Iglesias] que sean propios de un cargo, ya que ni existe el cargo de enlace entre Vicepresidencia y Casa Real, ni jamás podrá asociarse a un cargo concreto el acto de disfrutar de una mariscada a la que se llega en vehículos de alta gama”, expone el abogado en referencia al viaje a Ribadeo. “En nuestro Código Penal no se castiga per se a quien, con la simple intención de impresionar a otro, crea un escenario que realce su imagen ante aquel, por estrafalarios que pudieran ser los medios utilizados”, abunda el texto.

También niega el delito de cohecho que se le atribuye por pagar a un cabo de la Policía Municipal del Ayuntamiento de Madrid, destinado en el grupo de escoltas y protección, para que le ayudara con la comitiva de vehículos que lo llevó a Lugo: “Cómo ha podido atentarse contra un bien jurídico por el hecho de que dos policías municipales de Madrid y Torrijos, sin estar de servicio, hayan acompañado a un joven de 19 años a una comida particular en Galicia”. Por su parte, la Fiscalía ha pedido al Supremo que rechace todos estos argumentos.

“Relaciones con políticos”

El Pequeño Nicolás consiguió hace una década “introducirse en determinados círculos relevantes” y “mantener relaciones con importantes empresarios, políticos y autoridades”, “por circunstancias todavía no esclarecidas”, según ha dejado ya por escrito la Audiencia de Madrid. La Unidad de Asuntos Internos de la Policía Nacional puso fin a sus correrías el 14 de octubre de 2014. El arresto sacó a luz toda una batería de contactos y fotografías de sus andanzas: como la imagen de Arturo Fernández, entonces presidente de los empresarios madrileños, durmiendo la siesta en un sofá de una vivienda usada por el veinteañero; o la instantánea del joven saludando a Felipe VI en la recepción oficial celebrada con motivo de su proclamación.

Gómez Iglesias defiende que todo aquello no fueron más que los movimientos de un joven “inmaduro” que quería “tirarse el pisto” y creerse “importante”. “No soy el más malo del mundo”, dice a quien le quiere escuchar. Pero los tribunales lo cercan y, si el Supremo no lo evita, se le agota el tiempo en libertad.