La reforma de la ‘ley mordaza’ reinicia el trámite parlamentario con significativas discrepancias entre el PSOE y sus socios

La reforma de la ley de seguridad ciudadana, la conocida popularmente como ley mordaza, reiniciará la próxima semana su trámite parlamentario tras cerca de 10 meses en los que los seis grupos políticos partidarios de modificar la norma ―PSOE, Unidas Podemos, ERC, PNV, EH Bildu y Junts― han intentado llegar a un acuerdo previo que, hasta ahora, no ha sido completo. Durante estos meses, estas formaciones han conseguido, después de más de 30 reuniones, pactar las enmiendas a una quincena de artículos, pero no han logrado acercar posiciones en seis donde las diferencias aún son “significativas”, según varios de los participantes en estos encuentros. Otras fuentes rebajan estas discrepancias a tres y afirman que el acuerdo está “bastante cerca” en los otros tres en los que aún no hay pacto.

“Estamos ahora peor que hace un mes”, se lamentan fuentes conocedoras de las negociaciones, que recalcan que puntos que se consideraban cerrados tras llegar a un principio de acuerdo, se han reabierto en las últimas semanas por el cambio de posición de alguno de los grupos. Una parte de los negociadores acusan de este retroceso al PSOE, mientras que otros cargan la responsabilidad en ERC y EH Bildu. No obstante, son tres en los que nunca se ha estado cerca del acuerdo los que suponen el principal escollo. Se trata de los que fijan el uso de material antidisturbios, incluidas las polémicas pelotas de goma, para hacer frente a las algaradas callejeras (artículo 23); el que fija las sanciones por faltas de respeto a los agentes (artículo 37.4), y el que avala los rechazos en frontera —conocidos como devoluciones en caliente— de migrantes en las fronteras terrestres de Ceuta y Melilla (disposición adicional décima). Los socialistas no están dispuestos a moverse de la posición que fijaron en sus enmiendas iniciales presentadas en noviembre, algunas elaboradas junto a Unidas Podemos. De hecho, se ha quedado solo en la defensa de las pelotas de goma. Para ERC y EH-Bildu, la redacción de estas es inasumible.

De hecho, ante esta situación de bloqueo, la semana pasada los seis partidos acordaron poner punto y final a esos encuentros entre bambalinas y reiniciar formalmente la ponencia parlamentaria, en la que ya estarán presentes los partidos que se oponen a modificar la ley: PP, Vox y Ciudadanos. La próxima reunión de este órgano, que será la tercera, será el miércoles. En las dos anteriores ―celebradas en enero y febrero― se constató que, además de la oposición frontal de los tres grupos de la derecha, los partidos que sí apoyaban la reforma solo lograban pactar una treintena de artículos. De hecho, para solventar las diferencias que surgieron, estos seis grupos acordaron iniciar las reuniones informales ahora interrumpidas. El objetivo entonces era retomar la ponencia con acuerdos ya cerrados para agilizar el trámite parlamentario y conseguir cerrar el nuevo texto antes del pasado verano, cuando se cumplía el séptimo aniversario de la entrada en vigor de la norma que aprobó el PP.

Ese objetivo quedó rápidamente descartado dadas las diferencias que se constataron desde el primer momento entre los grupos. De hecho, tras más de 30 reuniones entre bambalinas, la pasada semana los seis partidos acordaron cambiar el formato actual de las negociaciones para intentar salvar estas diferencias ante el bloqueo. Unidas Podemos y el PNV se comprometieron a presentar a los otros partidos textos alternativos para allanar el camino al acuerdo final. Así, el primero de los partidos ha propuesto, para salvar el obstáculo del uso del material antidisturbios, la creación en el plazo de seis meses de una comisión presidida por el Defensor del Pueblo que estudie “la transición y sustitución” de las pelotas de goma por otro material menos lesivo.

Mientras llega ese acuerdo, el primer paso de la reunión de la ponencia del miércoles será la aprobación de la quincena de artículos en los que sí hay ya pacto. Entre ellos, la modificación para que el consumo o la posesión de droga en la calle ya no será necesariamente sancionable con una multa (artículo 36.16), y que esta pueda ser reemplazada por un “tratamiento o rehabilitación, si lo precisa, o actividad de reeducación” si así lo pide el propio infractor. También han acordado eliminar como infracción la “exhibición obscena” (artículo 37.5) o la ocupación de la vía pública para la venta ambulante no autorizada, el conocido popularmente como top manta (artículo 37.7). Asimismo, han acordado añadir nuevas disposiciones a la ley para, por ejemplo, incluir en la formación de los policías módulos sobre mediación para la solución de conflictos y minimizar el riesgo de altercados en manifestaciones.

Acuerdo roto

En los que supuestamente había acuerdo y, sin embargo, al final este se ha roto son el que sanciona con multas de 601 a 30.000 euros “la desobediencia o resistencia a la autoridad o a sus agentes”, que fue masivamente utilizado para castigar los que se saltaron el confinamiento durante la pandemia (artículo 36.6), y el que permite a las Fuerzas de Seguridad instalar controles en lugares públicos para identificar y cachear personas, y registrar vehículos (artículo 17.2). Tampoco se ha cerrado el referido a la responsabilidad subsidiaria de los convocantes de una manifestación por los incidentes que se puedan producir en el transcurso de la misma (artículo 30.3).

En el caso del primero, una propuesta en principio aceptada señalaba que la desobediencia solo será punible si era acompañada de “oposición corporal o fuerza física”. Según fuentes de la negociación, el PSOE, que en un primer momento había dado el visto bueno a esta redacción, volvió a poner objeciones. En el segundo, los partidos nacionalistas reclaman que se añada la obligación de la Policía de comunicar estas medidas “de limitación de derechos” a la Fiscalía, al Defensor del Pueblo y, en el caso de que exista policía autonómica con competencias en el territorio donde se produce, a esta. En el último, algunos grupos reclaman que se suprima al considerar que no se puede responsabilizar al convocante de una manifestación de lo que hagan los participantes en la misma.