El PSOE y sus socios parlamentarios acuerdan sustituir las multas por consumir droga en la calle por “actividades de reeducación”

El consumo o la posesión de droga en la calle ya no será necesariamente sancionable con una multa. El PSOE, Unidas Podemos, PNV, ERC, Junts y EH Bildu, los seis grupos parlamentarios partidarios de reformar la ley de seguridad ciudadana, más conocida como ley mordaza, alcanzaron el martes un acuerdo para que las multas que esta norma impone ahora por la “plantación, cultivo, consumo o tenencia ilícita de drogas tóxicas, estupefacientes o sustancias psicotrópicas” en lugares públicos cuando no constituyen delito puedan ser reemplazadas por un “tratamiento o rehabilitación, si lo precisa, o actividad de reeducación” si así lo pide el propio infractor, según coinciden en señalar fuentes conocedoras del contenido de las negociaciones.

La actual redacción de la ley mordaza, vigente desde que la entonces mayoría parlamentaria del PP la aprobara en 2015, cataloga en su artículo 36 como infracción administrativa grave este consumo o tenencia “aunque no estuvieran destinadas al tráfico, en lugares, vías, establecimientos públicos o transportes colectivos, así como el abandono de los instrumentos u otros efectos empleados para ello en los citados lugares”, lo que implica una multa de entre 601 y 30.000 euros. Solo en el caso de que el autor fuera menor de edad se permitía su sustitución por actividades de reeducación. Ahora se pretende que esta posibilidad se extienda a todos los infractores, independientemente de su edad. El nuevo texto es propuesta de Unidas Podemos.

El acuerdo de los seis partidos recoge que esta sustitución de una multa por actividades “reparadoras, reeducativas o de rehabilitación” se extienda a otras infracciones que, hasta ahora, la ley mordaza castiga también con multas. Se trata del consumo “de bebidas alcohólicas en lugares, vías o transportes públicos” cuando perturbe gravemente la tranquilidad ciudadana (los conocidos como botellones); los “daños o deslucimiento de bienes de uso o servicio público”, el abandono de animales domésticos y “el escalamiento de edificios o monumentos sin autorización”. En todos casos, si el sancionado no cumple su compromiso de realizar esta actividad, “se procederá a ejecutar la sanción económica”, según el texto del nuevo artículo 53 bis acordado por los partidos y al que ha tenido acceso EL PAÍS. “Los términos y condiciones de la sustitución de [estas] sanciones” serán fijados en un posterior reglamento.

La reunión de los seis partidos del martes también permitió alcanzar un acuerdo para reformar el artículo 33, que fija la graduación de las sanciones. En concreto, y en línea con la enmienda conjunta que habían presentado PSOE y Unidas Podemos, para detallar que parámetros se tendrán en cuenta para fijar la cuantía de la multa. Hasta ahora, la norma simplemente especificaba que se tendría en cuenta “la capacidad económica del infractor”, sin más concreción. El acuerdo ahora alcanzado propone rebajar las sanciones de la ley mordaza en un 50% si el infractor gana menos de 1,5 veces el salario mínimo interprofesional (SMI), fijado en la actualidad en 14 pagas de 1.000 euros. Hasta ahora, esa reducción solo se producía cuando el sancionado se acogía al pago voluntario. La rebaja será del 25% cuando el infractor perciba entre 1,5 y 2,5 veces el SMI.

El acuerdo en ambos artículos supone un avance en la negociación para reformar la ley mordaza, hasta ahora más lenta de lo previsto. De hecho, los trabajos de la ponencia parlamentaria están paralizados desde marzo tras haber cerrado acuerdos únicamente sobre una treintena de artículos. Por ello, PSOE, Unidas Podemos, ERC, PNV, EH Bildu y Junts acordaron celebrar encuentros preparatorios para limar diferencias y poder acudir a la próxima reunión de aquella con un texto ya cerrado para agilizar el trámite parlamentario y sortear la oposición frontal de los partidos de la derecha. Ha sido en uno de estos encuentros donde ahora se ha alcanzado los nuevos acuerdos.

Sin embargo, en estas reuniones también han surgido importantes discrepancias. De hecho, los seis grupos parlamentarios están dejando para el final de la negociación los puntos que se han convertido en un escollo para alcanzar un acuerdo. Entre los que se han aplazado está el artículo 23, que debe recoger el uso policial de material antidisturbios y, en concreto, de las polémicas pelotas de goma. El PSOE defiende que se sigan usando, pero con un protocolo que regule estrictamente cuándo y cómo hacerlo. Sin embargo, ERC y EH Bildu exigen su prohibición y han mostrado su malestar por la decisión del Ministerio del Interior de adquirir en el último año cerca de 60.000 pelotas de goma.

Otro de los artículos cuya reforma genera controversia entre los socios parlamentarios es el 37.4, que contempla multas por faltas de respeto a los policías. Los socialistas no querían tocar la redacción actual, aunque recientemente presentaron un texto alternativo que no ha convencido a todos los grupos al considerar que se presta a la arbitrariedad de los agentes. Fuentes conocedoras de las negociaciones señalan que, en estos momentos, los partidos trabajan en un texto que detalle qué se entiende por actos y expresiones humillantes y ofensivos hacia los policías.