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La Audiencia ordena a Baleares devolver 201.175 euros a Iñaki Urdangarin y la infanta Cristina

La justicia considera que ambos pagaron de más por responsabilidad civil en el marco de la sentencia del ‘caso Nóos’

La infanta Cristina e Iñaki Urdangarin, a la entrada del juzgado, en febrero de 2016.
La infanta Cristina e Iñaki Urdangarin, a la entrada del juzgado, en febrero de 2016.tolo ramón

Iñaki Urdangarin y la infanta Cristina han logrado una victoria en los tribunales. La Sección Primera de la Audiencia de Palma ha ordenado devolverles 201.175 euros por haber pagado de más por la responsabilidad civil impuesta en el marco de la sentencia del caso Nóos, la investigación sobre el desvío de fondos públicos a través del Instituto Nóos, una fundación “sin ánimo de lucro” que encabezó el cuñado del Rey y su socio Diego Torres. Según consta en una resolución del letrado de la Administración de Justicia, fechada el 1 de diciembre y a la que tuvo acceso EL PAÍS, se han constatado excesos en los abonos. Y, según los cálculos del tribunal, la comunidad autónoma de las Islas Baleares debe reintegrar 132.695,03 euros a Urdangarin; y 68.479,97 a Cristina de Borbón, hermana de Felipe VI e hija de Juan Carlos I. También tiene que restituir 32.112,5 euros a Diego Torres.

Esta devolución tiene su origen en las penas impuestas a los condenados, que debían depositar un dinero a favor de la comunidad, a la que se consideró víctima de la trama. Según la resolución del letrado, avanzada por El Mundo, las sentencias preveían que Urdangarin debía abonar 201.175 euros —de los que la infanta respondía solidariamente por 136.950 euros—, al igual que Diego Torres y Jaume Matas, expresidente del Govern balear. Por su parte, José Luis Ballester, ex director general autonómico de Deportes, tenía que abonar 12.380 euros; y Gonzalo Bernal, exgerente de la Fundación Illesport de Baleares, otros 3.095 euros. Unas cifras que en total suman 619.000 euros.

Pero la Audiencia de Palma ha comprobado que, finalmente, se han satisfecho cantidades por un importe superior al fijado. Según sus cálculos, se ingresó 852.287,50 euros en las cuentas de la administración, lo que supone un exceso de 233.287,50 euros. Así que, una vez comprobado quién ha pagado en este tiempo de más, ha concluido que debe devolverse dinero a Urdangarin, Cristina de Borbón y Diego Torres. Según explican fuentes jurídicas, la infanta se ha mostrado conforme con este reparto, pero su expareja ha alegado que ella no debería recibir nada.

El letrado de la Administración de Justicia detalla en su resolución que Iñaki Urdangarin hizo dos pagos de 233.000 euros en 2017 y que uno de ellos se anotó erróneamente a Matas, quien abonó en 2018 los 201.175 euros que le correspondían por el caso Nóos. Faltaba entonces Diego Torres, que liquidó su cuenta en febrero de 2019 al ingresar otros 233.287 euros. En base a ello, el abogado del antiguo duque de Palma, Mario Pascual Vives, sostuvo que correspondía devolverle el dinero solo a él y no a la infanta, al constar ella como responsable “solidaria” a título lucrativo. Cuestión “distinta”, especificó el letrado, es cómo se distribuyera después entre ellos dos el dinero —una vez que lo recibiera Urdangarin— por la “relación jurídica interna [que mantienen] mi mandante y su esposa”.

Sin embargo, la defensa de Cristina de Borbón se mostró conforme con el reparto y pidió que se le reintegrara a ella la cantidad que le correspondía, como así se ha decidido.

En junio de 2018, el Tribunal Supremo confirmó sustancialmente la sentencia dictada por la Audiencia de Palma sobre el caso Nóos. Los magistrados impusieron a Urdangarin una pena de cinco años y 10 meses de prisión por delitos fiscales, malversación, prevaricación, fraude y tráfico de influencias. Sobre la infanta Cristina, el alto tribunal confirmó en parte su castigo como responsable a título lucrativo por beneficiarse de la trama: mantuvo que ella debía abonar solidariamente 136.950 euros por delitos de malversación de caudales públicos y fraude cometidos por su entonces pareja; pero anuló el pago de otros 128.138 euros por delitos contra la Hacienda Pública, que le había impuesto la Audiencia Provincial.

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