El Gobierno y ERC negocian retoques de última hora en el delito de malversación para limitar las críticas internas en el PSOE
Los socialistas buscan corregir la enmienda republicana para evitar que se beneficien del cambio en el Código Penal decenas de políticos condenados por corrupción
Miembros de la cúpula socialista del Ejecutivo y de ERC negocian este jueves el contenido de una enmienda transaccional del PSOE, que corrige la propuesta de los republicanos para modificar a la baja, y casi a la mitad, algunos castigos al delito de malversación en el Código Penal. El objetivo es evitar beneficios para muchos políticos condenados por corrupción y, sobre todo, para suturar las críticas entre algunos barones autonómicos del principal partido en el Gobierno. La negociación de esta polémica iniciativa se comandó desde La Moncloa, y persigue rebajar los conflictos judiciales relacionados con el proceso independentista en Cataluña, como sucedió con los indultos y la sustitución del delito de sedición. El plazo para introducir esas correcciones por la vía de urgencia acaba el viernes a las 18.00.
Ya en enero de 2020 ―hace casi tres años y poco después de la sentencia del Tribunal Supremo que condenó por sedición y no por rebelión a los líderes separatistas catalanes― durante una entrevista de la Cadena SER la entonces vicepresidenta primera, Carmen Calvo, se abrió a reformar varios artículos del Código Penal para actualizarlo en línea con lo que existe en otros países europeos, que es lo que se esgrime también ahora para adecuar la malversación a esos textos. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, aludió el pasado martes durante los corrillos con los periodistas durante el 44º aniversario de la Constitución en el Congreso a esa homologación europea, siempre que estos cambios no supongan rebajas de penas a los condenados por corrupción. De hecho, fuentes gubernamentales explican que esas serán las razones que se utilizarán ahora para definir mejor penalmente la corrupción en consonancia con lo marcado en los tratados y acuerdos firmados por el Consejo de Europa.
Responsables socialistas del Ejecutivo y de ERC en el Gobierno catalán iniciaron hace meses un periodo discreto de intercambio de papeles, documentos e ideas, con varios parones, paréntesis y modificaciones que transcurrieron en paralelo a la Mesa de Diálogo. Al principio, se centraron en la negociación sobre la supresión del delito de sedición, que finalmente será relevado en la actual modificación del Código por el de desórdenes públicos agravados. Este otoño se puso sobre la mesa públicamente también el de malversación, que en el caso del proceso independentista afecta a decenas de cargos intermedios. El primero que soltó la idea fue el líder de ERC, Oriol Junqueras, que además relacionó ese cambio con el apoyo de sus 13 diputados, clave en el Congreso para el buen recorrido de los Presupuestos del Estado en 2023.
La urgencia de esa exigencia de ERC se matizó más tarde, con las críticas de relevantes miembros del PSOE, a lo que podría suponer ese cambio para políticos corruptos. Entre los que criticaban se encuentran barones autonómicos que se juegan mantener el poder en sus territorios en las elecciones del 28 de mayo y algunos ministros. Incluso mostraron reparos algunos de los socios habituales del PSOE, como Unidas Podemos, Más País o Compromís. Ahora ese compromiso está otra vez sobre el tapete. El propio presidente Sánchez ha sido el que ha expresado en varias ocasiones que estaba dispuesto a estudiar esa opción, aunque La Moncloa, el Gobierno y el PSOE han insistido hasta el final en que la firma de esa propuesta debe ponerla de entrada en una enmienda ERC.
Los republicanos, que querían discutir esa opción de retocar las consecuencias del delito de malversación con “más discreción” para aliviar la situación de decenas de sus cargos medios condenados por el procés, también modularon mucho durante estas últimas semanas su demanda, al comprobar la repercusión pública y social de esa medida si permitía algún provecho a políticos condenados por corrupción. Así lo advierten con alarma desde la oposición en el Congreso, pero también algunas fuentes jurídicas. El precedente de lo sucedido con algunas consecuencias de rebajas penales a delincuentes sexuales con la ley del solo sí es sí está muy presente en casi todos los partidos, y particularmente entre los barones socialistas en vísperas del 28-M.
Candidatos del PSOE a las elecciones locales de mayo, como Javier Lambán en Aragón, Emiliano García-Page en Castilla-La Mancha y Juan Lobato en la Comunidad de Madrid han manifestado esas críticas en público, algo nada habitual ahora en ese partido. Page habló con disgusto de un “traje a la medida” de los separatistas. Lobato, que se la juega contra la popular Isabel Díaz Ayuso, alertó: “A los corruptos, ni un día menos de prisión”. En Unidas Podemos, la reforma tampoco agrada nada. La vicepresidenta segunda y posible futura candidata de Sumar, Yolanda Díaz, precisó este jueves desde Bruselas que esa formación ni siquiera registrará enmiendas al respecto. Fuentes de La Moncloa aseguran que sobre la base de un texto que ERC presentará este viernes y no es definitivo se negociará para que el resultado final mantenga la palabra del presidente del Gobierno, que coincide con la petición de los barones socialistas de no dar un paso atrás en la lucha contra la corrupción.
El ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, y el jefe de Gabinete del presidente, Óscar López, negocian este jueves con un equipo de expertos de ERC el contenido de una enmienda transaccional del PSOE que se registrará el viernes y que matiza y precisa más el planteamiento inicial de volver a la definición y castigo previstos en el Código Penal para esos delitos antes de 2015, cuando el Gobierno de Mariano Rajoy los endureció para frenar el mal uso de fondos públicos en el proceso separatista en Cataluña. Aquel intento tampoco acaparó demasiado éxito, ante lo que sucedió luego en el otoño de 2017.
Ahora, y desde 2015, la distinción entre que exista o no lucro personal se obvia y la horquilla de castigos más básica para ese delito está entre dos y seis años de cárcel. En su versión más grave, cuando el dispendio público supere los 250.000 euros, de ocho a 12 años.
La discusión que ha llevado más tiempo entre el Gobierno y ERC ahora ha sido para perfilar que no acaben sacando provecho de esas reformas penales condenados por corrupción, de distintos partidos políticos. ERC defendió que habría que introducir ahí soluciones “quirúrgicas” que no se han explicado aún públicamente. El PSOE tampoco lo ha hecho, lo que ha reavivado las sospechas y el malestar de varios dirigentes territoriales.
