El equilibrio difícil de Grande- Marlaska: ni incomodar a Marruecos ni a la Guardia Civil

Bruselas, 24 de junio. Hace pocas horas que cientos de migrantes y refugiados han entrado por la fuerza en un puesto fronterizo que conecta Nador y Melilla. Solo 133 han conseguido superar el cordón policial, pero ya ha trascendido que hay muertos y heridos. En ese momento circulan como la pólvora vídeos grabados por las propias fuerzas de seguridad marroquíes en los que se intuye una batalla campal o cómo esos agentes golpean brutalmente a personas en el suelo. También aquellas imágenes en las que se ven decenas de cuerpos —unos encima de otros, no se sabe si vivos o muertos— rodeados por gendarmes marroquíes. Preguntado por el suceso, el presidente Pedro Sánchez, responde a los periodistas: “Si ustedes ven las imágenes, verán también que la gendarmería marroquí se ha empeñado a fondo precisamente en tratar de evitar este salto violento a la valla de la ciudad autónoma de Melilla. Por tanto, creo que es importante reconocer el extraordinario trabajo que está haciendo el Gobierno marroquí en coordinación con las fuerzas de seguridad de España […] Y, en este caso, bien resuelto”.

Sánchez dijo después que no había visto las imágenes y mostró su solidaridad con las familias de los muertos, pero esas primeras declaraciones —aunque fuesen matizadas más tarde— marcarían el discurso que el ala socialista del Gobierno ha mantenido hasta hoy. Las ideas con las que se ha construido el relato oficial son más o menos las mismas desde el primer día: la culpa fue de las mafias, fue un “ataque violento” e “intolerable” por parte de los refugiados, y la actuación de la Guardia Civil fue “legal, templada y proporcionada”. Un equilibrio entre la defensa sin fisuras de la actuación española y el silencio sobre la cuestionada actuación marroquí. Por otro lado, nunca el PSOE había defendido tanto las devoluciones en caliente, que antes condenaba. Ni recurrido tanto a términos como “ataque”, “asalto”, “violento” o “salvaguardar la integridad territorial”.

Unidas Podemos, como ya le ha ocurrido otras veces en la cuestión migratoria, tenía una posición incómoda. El 27 de junio, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, la ministra de Igualdad, Irene Montero, guardó silencio sobre el tema: varias de las preguntas que estaban dirigidas a ella las respondió la portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez. Al día siguiente, Montero ya dijo: “Los hechos que hemos visto son insoportables y tremendamente dolorosos”. Pidió “una investigación independiente” y poner a disposición de las familias de los fallecidos los servicios consulares españoles. “Debemos conocer lo que ha pasado, por las familias de los fallecidos y como sociedad”, decía ese mismo día la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz.

Buena parte de la polvareda política que ha generado este asunto tiene que ver con que la información se ha dado a cuentagotas. Verónica Fumanal, asesora en comunicación política, analiza el discurso oficial: “Se quiso zanjar un tema que genera muchísimo conflicto con Marruecos y desde entonces hay una huida hacia delante con un discurso que es insostenible para un Gobierno progresista. Se confió en que pasaría el tiempo y esto dejaría de ser noticia”.

También se han negado hechos que luego han resultado ser ciertos. El 29 de junio, en el Congreso, Grande-Marlaska negó que los agentes marroquíes entrasen en territorio español para ayudar a la Guardia Civil a devolver en caliente a los migrantes y refugiados. Respondía así al diputado de EH-Bildu, Jon Iñarritu: “Da por hechos probados que gendarmes marroquíes entraron en territorio español. Falsedades de este tipo, salvo existencia de prueba, le sugiero que no las repita”. Las imágenes que prueban la incursión de gendarmes marroquíes podían verse en el diario Público un día después de la tragedia, pero el ministro, según contaron en su entorno, no las había visto. El 21 de septiembre, en su primera comparecencia en el Congreso sobre el asunto, Grande-Marlaska ya no negó la evidencia, pero rechazó que los marroquíes actuasen en suelo español. Las imágenes muestran que sí lo hicieron.

El 3 de julio, en una entrevista a EL PAÍS, el presidente Sánchez, ante la pregunta de si tras ver las imágenes que habían circulado creía que se estaban respetando los derechos humanos, respondió: “Me parece que esa respuesta la tiene que dar el Gobierno de Marruecos”. Es lo más lejos que se ha llegado respecto a la actuación del país vecino. Cinco días después, Fernando Grande-Marlaska daba un espaldarazo público a su socio en una visita a Rabat: el trabajo de Marruecos para contener la inmigración irregular era “importante” y debía ser “reconocido”. Paradójicamente, las palabras más críticas las pronunció la comisaria europea de Interior. Ylva Johanson insistió en los “medios violentos”, pero también dijo: “Es inaceptable que la gente muera de esta manera en nuestra frontera de la UE”. “Hay que hacer todo por salvar vidas y tratar a la gente con respeto y de conformidad con sus derechos”.

Para entonces ya había mucha información que suscitaba más preguntas que respuestas. La Asociación Marroquí de Derechos Humanos (AMDH) había denunciado que Marruecos estaba abriendo fosas en el cementerio de Nador para enterrar a toda prisa los cadáveres [algo que Rabat ha negado]. Varias ONG pedían investigaciones a ambos lados de la frontera y los supervivientes, que habían empezado a relatar las agresiones que habían sufrido por parte de los agentes marroquíes, denunciaron incluso que fueron los golpes los que provocaron la muerte de algunos de ellos.

El asunto se enfrió durante el verano, pero a la vuelta de las vacaciones resucitó con la comparecencia de Grande-Marlaska el 21 de septiembre en el Congreso. Allí, el ministro aseguró que los hechos habían ocurrido en un tercer país y solo “tangencialmente” en España. Pero, ¿dónde empieza España en ese puesto fronterizo? “Los límites entre los países están meridianamente claros desde hace muchos años”, afirmó el ministro el miércoles en el Congreso. Hasta hoy, aunque los diputados le han preguntado varias veces dónde están esos límites, Grande-Marlaska no ha respondido.

Desde su ministerio se ha rechazado cualquier posible responsabilidad (por acción o por omisión) de las autoridades españolas y se ha generado confusión sobre la definición del territorio. Aunque la totalidad del recinto está construida en España, como indican el catastro y los acuerdos internacionales que delimitan la frontera, el departamento de Grande-Marlaska rechaza de plano hasta hoy que España ejerza la soberanía sobre todo el lugar. Sus colaboradores han acuñado conceptos como “zona de tránsito”, “zona operacional conjunta” o “tierra de nadie” que han ido desplazando de lugar. La “tierra de nadie”, por aquellas fechas, la situaban en el patio bajo control marroquí donde se concentraron inicialmente cientos de personas mientras forzaban las puertas que dan acceso a España. Hasta que llegó la BBC.

El 1 de noviembre, la cadena británica lanzó un documental sobre la tragedia. De las ocho revelaciones que presentaba el reportaje, siete ya habían sido contadas por los medios españoles, pero profundizaba en un asunto aún por explotar: más allá de lo que dijese el catastro, la avalancha, que dejó muertos y heridos graves, se produjo también en una zona que está bajo control español. También situaba a los marroquíes entrando en esa zona y arrastrado a las víctimas de la avalancha hacia su lado. La BBC presentó las mismas imágenes que llevaban meses circulando, pero las localizaba por primera vez en el recinto con un guardia civil explicando a cámara que aquellas puertas por las que se precipitó la gente eran España. Interior criticó el documental por acusar de “hechos tan graves” sin pruebas, e insistió en que no hubo muertos del lado español.

A partir de ese día, según la información que se facilitaba desde el ministerio a los medios de comunicación, la “zona operacional conjunta” o la “tierra de nadie” creció unos metros y pasó a ocupar también el espacio tras las puertas en el que cayeron las víctimas de la avalancha. Semanas después, ya no se niega que la avalancha dejó personas del lado español, pero se mantiene que no hubo muertos. Que haya fallecidos es importante por las consecuencias jurídicas que puede tener el caso en España y porque desmiente las palabras del ministro, pero mientras se pone el foco en ello se ignora que no hay dudas de que hubo heridos que quedaron atrapados del lado español y que las autoridades españolas no intervinieron.

La BBC reavivó la presión política y mediática sobre el ministro. Tras casi cinco meses pidiéndolo, el 7 de noviembre un grupo de diputados de la Comisión de Interior viajó a Melilla y pudo ver parte de las imágenes aéreas grabadas por la Guardia Civil. Los diputados salieron de allí diciendo que la avalancha había dejado víctimas (e incluso muertos) en España. “Todo parece indicar que se produjeron fallecidos en zona de control de las autoridades españolas y si ha ocurrido así son las autoridades españolas las que son competentes para llevar adelante las investigaciones”, declaró Enrique Santiago, diputado de Unidas Podemos. El 18 de noviembre, Unidas Podemos, junto a EH-Bildu y ERC, entre otros, pidieron una comisión de investigación que tumbaron el PSOE y el PP.

Los medios, entre ellos EL PAÍS, también tuvieron acceso a algunos fragmentos de los vídeos. El visionado de las imágenes revelaba detalles desconocidos como que el helicóptero había registrado la avalancha y a la gente pidiendo auxilio, pero dejó de grabar el lugar enseguida. O que había personas aparentemente desmayadas en Melilla que no recibieron asistencia médica. El 25 de noviembre, los diputados tuvieron acceso a puerta cerrada a todas las grabaciones. Los grupos volvieron a cuestionar las explicaciones dadas por Grande-Marlaska, aunque ese día, Enrique Santiago ya había rebajado el tono. La polémica generada por la rebaja de penas que trajo la ley del solo sí es sí había puesto en el disparadero a Irene Montero y el PSOE la apoyó ante los ataques de la derecha: no era el momento de crear más divisiones. Santiago ya no es partidario de una comisión de investigación.

El pasado 29 de noviembre, EL PAÍS publicó una investigación junto a Lighthouse Reports y tres medios internacionales sobre la tragedia. El documental aporta nuevas evidencias: un testigo y los guardias marroquíes que fueron grabados arrastrando cuerpos del lado español al marroquí apuntan a que al menos hubo un muerto en la zona controlada por España. Al día siguiente, el ministro volvía a comparecer. “Cualquier conjetura como las que se están realizando […] de que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, especialmente de la Guardia Civil, hubiesen permitido que este tipo de hechos trágicos sucediesen en nuestro país sin hacer nada, es una grave irresponsabilidad”. En sus tres intervenciones, durante las cuatro horas que duró aproximadamente la comparecencia, el ministro mencionó la palabra “violento” para referirse al “ataque” 22 veces. La palabra “Marruecos” apenas la citó en cuatro ocasiones.