El Defensor del Pueblo reafirma a Interior sus dudas sobre la actuación en la tragedia de Melilla

El Defensor del Pueblo ha contestado esta semana al escrito que la Secretaría de Estado de Seguridad (SES) le hizo llegar el 10 de noviembre sobre los sucesos acaecidos en el perímetro fronterizo de Melilla el pasado 24 de junio. La institución se reafirma en las dudas que ya planteó en su resolución del pasado 14 de octubre sobre la actuación de las fuerzas de seguridad del Estado y la devolución de 470 personas. Tampoco da por aclarada la prestación de asistencia sanitaria a los heridos, según fuentes conocedoras de esta correspondencia. El escrito reitera las cuatro recomendaciones y los tres recordatorios legales que ya planteó al ministerio.

El Ministerio del Interior interpreta el escrito de otra manera y se ha felicitado de que “finalmente” el Defensor no realice “queja ni observación alguna sobre el despliegue realizado por la Guardia Civil para la contención de las personas que trataban de entrar en España, especialmente en lo relativo a la no existencia de personas fallecidas en territorio nacional o al auxilio de aquellos migrantes que se encontraban al alcance de los agentes”. A diferencia de lo que sugiere Interior, no puede haber observaciones del Defensor sobre si los fallecidos estaban en territorio español porque nunca fue una cuestión tratada en su resolución. Acerca de las devoluciones, Interior reconoce “divergencias técnicas sobre los preceptos a aplicar para los rechazos en frontera”, y muestra su disposición a “estudiar en profundidad las aportaciones del Defensor del Pueblo”.

La institución, dirigida por Ángel Gabilondo, abrió una investigación sobre los sucesos ocurridos en el puesto fronterizo de Barrio Chino, el pasado 27 de junio, apenas tres días después de que al menos 23 personas muriesen en su intento de entrar por la fuerza en Melilla. No fue hasta el pasado 20 de septiembre que la SES envió el primer escrito sobre los hechos, respondiendo a las cuestiones que se plantearon y remitiendo las imágenes grabadas durante esa mañana.

Tras estudiar esa primera respuesta, la institución concluyó un primer escrito el pasado 14 de octubre [que se hizo público un mes después] en el que contradecía las explicaciones enviadas por la Secretaría de Estado. El Defensor señalaba que era “imposible” sostener que los 470 rechazos en frontera que se ejecutaron ese día se hicieran conforme a las “mínimas exigencias legales”. Además, cuestionaba la afirmación de que las autoridades españolas no fuesen conscientes de la situación de peligro que se había generado en el interior del puesto fronterizo una vez que el grupo forzó las puertas de entrada y se produjo una avalancha mortal.

El escrito, disponible en la web de la institución, mantenía también que el lanzamiento por ambas partes [refugiados y agentes] de piedras y el hecho de que algunos guardias civiles les rociaran con un pulverizador “pudo intensificar la situación de peligro”. “No cabe duda de que a los agentes españoles se les arrojan objetos que pueden comprometer su seguridad. Sin embargo, lo anterior no justifica que los agentes arrojen piedras a las personas que se encuentran en la parte superior de la valla. El uso de los medios de contención [...] no debe incrementar la situación de peligro en la que estas personas se han colocado”, defendía la institución. Por último, Gabilondo requería información sobre el momento en el que se solicitó la intervención de los servicios sanitarios o de la Cruz Roja.

Como conclusión, el Defensor recomendaba la regulación urgente de los rechazos en frontera (o devoluciones en caliente) para que se ejecuten de forma individual, con pleno control judicial y en cumplimiento de las obligaciones internacionales suscritas por España. Recordaba también el deber legal de garantizar el principio de proporcionalidad en el uso de los medios de contención y una mejor coordinación entre los agentes españoles y marroquíes no solo para defender las fronteras, sino también la integridad física de quienes pretenden acceder irregularmente a España.

La SES respondió a todas las observaciones y recomendaciones del Defensor el pasado 10 de noviembre y aclaraba que había enviado todas las imágenes disponibles, a pesar de que la institución [como también la Fiscalía] echaba en falta casi una hora y cuarto de grabaciones. En este punto, el departamento de Fernando Grande-Marlaska valora que la institución reconozca que tenía a su disposición “la totalidad de los archivos de vídeos que fueron captados por los medios de la Guardia Civil”. Más allá de las imágenes, la posición de Ángel Gabilondo se mantiene y se reafirma en los mismos cuestionamientos que manifestó en un primer momento. Fuentes conocedoras de esas comunicaciones afirman que tampoco se ha obtenido una respuesta positiva sobre las recomendaciones realizadas.

A pesar de ser un procedimiento habitual, el ministerio del Interior ha mostrado su malestar por que el Defensor del Pueblo haga públicas sus resoluciones. No gustó que trascendiera un primer informe que no había tenido en cuenta las últimas alegaciones enviadas apenas cuatro días antes por generar, a su juicio, “una clara situación de indefensión”. Aquel día, fuentes del departamento de Grande-Marlaska afirmaron: “El Ministerio del Interior muestra su sorpresa por el hecho de que se esté difundiendo ahora un escrito anterior a las minuciosas y detalladas alegaciones realizadas la semana pasada por el departamento, y con las que se demuestran extremos como que el Defensor sí tenía desde el principio todas las imágenes disponibles sobre los hechos, que todos los rechazos en frontera se realizaron de acuerdo a la legislación vigente o que la Guardia Civil en ningún momento omitió el deber de auxilio”.

Estudiadas esas “minuciosas y detalladas” alegaciones, el Defensor, no satisfecho y como determina el artículo 30 de la ley que regula el funcionamiento de la institución, ha elevado al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, sus recomendaciones y recordatorios de deberes legales referentes a aquella jornada.