La crisis energética obliga a la Policía a acelerar la compra de gas para asegurar la calefacción de 74 comisarías

La crisis energética vuelve a poner en aprietos el suministro de gas natural al Ministerio del Interior. La Dirección General de la Policía inició la semana pasada los trámites para adjudicar por el procedimiento de urgencia un contrato para adquirir el combustible con el que dar calefacción a 74 dependencias y comisarías. Según se recoge en el expediente de licitación, lo hace tras constatar que el acuerdo en vigor no permitirá cubrir el periodo previsto inicialmente por culpa del alza de los precios causada por la guerra de Ucrania. El nuevo gasto previsto es de 8,7 millones de euros, IVA incluido, por un año de suministro, casi el doble del importe que se estimó para el contrato en vigor hasta ahora, que era de 4,8 millones. A finales de octubre, Instituciones Penitenciarias, también dependiente de Interior, se vio obligada a acelerar igualmente la compra de gas para sus 81 centros penitenciarios para asegurar el funcionamiento de las cocinas, calefacción y agua caliente sanitaria que usan sus 47.000 reclusos ante el “previsible agotamiento del saldo” del anterior contrato. El pasado viernes adjudicó el contrato a Gas Natural Comercializadora por 23,7 millones de euros, una cifra muy superior a la que venía abonando antes de la invasión rusa.

En el expediente del contrato ahora licitado por la Policía, y al que ha tenido acceso EL PAÍS, se detalla que, hasta ahora, el suministro de gas natural para las dependencias policiales se hacía a través de un contrato que se licitaba en dos lotes independientes. Los últimos fueron adjudicados por un año en junio de 2021, cuando faltaban ocho meses para que estallara la guerra en Europa. El primero fue para Gas Natural y el segundo, para Multienergía Verde. Estaba previsto que ambos se prorrogaran el verano pasado por otros 12 meses, por lo que debería haber servido para cubrir las necesidades de las dependencias policiales de este combustible hasta el verano de 2023. Sin embargo, una de las compañías rescindió “unilateralmente” el contrato en mayo. Eso obligó a Interior a licitar un nuevo contrato para ese lote, que se adjudicó a Endesa Energía y que entró en vigor el 9 de junio por un importe de 1,8 millones de euros. Este debía suministrar gas hasta el verano siguiente.

Sin embargo, el alza de precios registrada desde entonces y la “imprevisibilidad del mercado de las materias primas” ha llevado a los responsables policiales al convencimiento de que “las estimaciones económicas” realizadas tanto en este último como en el lote prorrogado “no resultarán suficientes para el plazo total previsto inicialmente” y que se agotará mucho antes, previsiblemente el 1 de diciembre próximo. Por todo ello, la Dirección General concluye que “resulta imprescindible poner en marcha un nuevo expediente de contratación” que, en esta ocasión, no se hará en dos lotes, sino en uno que englobe a ambos “dada la situación extraordinaria de la que se parte, a la que hay que añadir el escenario actual del mercado de Gas Natural, que se encuentra en una situación muy inestable, tanto a corto como a medio plazo, en lo referente a precios y tarifas”.

De hecho, en junio de 2019, último año antes de la pandemia, el precio del megavatio hora (MWh) en el mercado hispanoportugués Mibgas era inferior a los 14 euros. Dos años después, cuando se adjudicaron los últimos contratos de suministro licitados por la Policía Nacional y la guerra de Ucrania aún no se había iniciado, estaba en 29 euros. El pasado junio, en pleno conflicto, se acercó a los 100 euros, y un mes después rozaba los 148 euros. En octubre, el precio se ha situado ligeramente por debajo de los 60 euros, según datos de Mibgas.

Según el expediente de licitación, el objetivo del nuevo contrato es “hacer frente a variaciones de los consumos de los distintos puntos de suministros y los posibles incrementos de tarifas de una manera conjunta, permitiendo un mayor margen de maniobra económico durante la ejecución del contrato”. El documento ―que recuerda que la Policía Nacional es “un servicio esencial” y, por tanto, “es imprescindible asegurar el suministro de gas de sus instalaciones”― señala como previsión de consumo 42,5 millones de kilovatios, que fue el realizado en 2021 en dar calefacción a las dependencias policiales. No obstante, el expediente de la licitación no descarta que, por “la actual incertidumbre sobre los precios de las materias primas en este sector [energético]”, el contrato tenga finalmente una duración “inferior” a los 12 meses previsto. En ese caso, Interior se reserva la posibilidad de prorrogar hasta nueve meses el suministro de gas para dar tiempo a adjudicar uno nuevo para sustituirlo.