Griñán, el fin de la incertidumbre: el expresidente andaluz apura sus últimos días en libertad

José Antonio Griñán (Madrid, 76 años) se recluyó en su domicilio en Mairena del Aljarafe (Sevilla) cuando el Tribunal Supremo ratificó el pasado julio la condena dictada tres años antes por la Audiencia Provincial de Sevilla en el caso de los ERE. El alto tribunal confirmaba una pena de seis años de cárcel para quien fue presidente de la Junta de Andalucía, ministro de Sanidad y de Trabajo y presidente del PSOE. Ahí se acabó su esperanza, aunque sigue confiando en que a medio plazo el Tribunal Constitucional atienda el recurso de amparo que presentará su letrado, José María Calero, apoyándose en el voto particular discrepante de dos magistradas del Supremo que rechazaron la condena por malversación contra Griñán al no ver ninguna “prueba seria y sólida” en su caso. Si ese recurso no prospera, su intención es acudir al Tribunal Europeo de Derechos Humanos. “Va a llegar hasta el final, porque cree profundamente en la justicia”, aseguran las personas de su entorno que han hablado con este periódico.

Los jueces le condenaron a seis años y dos días de prisión, y a 15 de inhabilitación para ocupar cargo público, por sendos delitos de prevaricación y malversación. La sentencia —primero de la Audiencia de Sevilla y luego del Supremo— sostiene que, entre los años 2000 y 2009, la entonces cúpula de la Junta de Andalucía, gobernada por el PSOE, diseñó un “sistema fraudulento” e “ilegal” que repartió “con un descontrol absoluto” un fondo de 680 millones de euros a trabajadores y a empresas en crisis. Otros siete ex altos cargos de la Junta, entre ellos cuatro exconsejeros socialistas, están en la misma situación que Griñán, aunque no acaparan tanta atención mediática como el antiguo presidente.

Pendiente de un último intento para lograr el aplazamiento de la ejecución de la pena hasta que el Gobierno se pronuncie sobre la petición de indulto, Griñán está a punto de entrar en la cárcel. Lo sabe desde antes de las vacaciones de agosto, que suspendió, y lo tiene asumido, según algunas de las personas que mantienen contacto con él. “Sabía que iba a entrar en la cárcel desde el verano, cuando el Supremo dictó el fallo aún sin el contenido de la sentencia”, dicen.

Por muy duro que resulte, estas fuentes muy cercanas al exmandatario sostienen que “lo mejor para él es que entre ya en prisión” para acabar con una “incertidumbre” que le ha destrozado la vida a él y a su familia. “Él ya vive en el más absoluto aislamiento”, señalan. Griñán comenzó a reducir drásticamente sus relaciones personales y sus salidas fuera de casa antes de que comenzase el juicio en la Audiencia sevillana, en diciembre de 2017. “Primero no salía de Sevilla, luego decidió no salir de Mairena, y ahora, de su casa”, afirman estas fuentes. Solo sus familiares y unos pocos amigos acuden a su domicilio. Entre ellos, Marcos Peña, que impulsó la recogida de firmas a favor del indulto presentada por la familia; Amparo Rubiales y su marido, Víctor Pérez Escolano; y el alcalde de Mairena, Antonio Conde, y su esposa, Marta Alonso. Habla con frecuencia con su amiga María Jesús Montero, actual ministra de Hacienda y vicesecretaria general del PSOE, quien se resistió a afiliarse al PSOE hasta que Griñán se lo pidió. Y contesta a las llamadas, pero él no llama.

Desde la ratificación de la sentencia por el Supremo, tras un proceso judicial del que Griñán sigue sin entender por qué se le imputó y luego condenó, el expresidente de la Junta decidió suspender sus caminatas de hora y media diarias. También algunas comidas en uno de sus restaurantes favoritos de la zona, Nueva Azahara, donde hasta entonces eran habituales las sobremesas largas en las que, según sus más cercanos, Griñán se mostraba como es: sabio —lo apodan ”el hombre que sabe de todo”—, irónico, contradictorio y, especialmente, sentimental. Como señaló su abogado en la petición de indulto parcial elevada al Gobierno por razones de “humanidad y equidad”, el exdirigente socialista sufre “una reclusión para protegerse de este penoso trance vital, con unas graves consecuencias y limitaciones cotidianas, especialmente dolorosas por su relevancia pública, que le dificultaron e impidieron disfrutar de un modo de vida ordinario”.

En su libro autobiográfico Cuando ya nada se espera (Galaxia Gutenberg), publicado este año, Griñán dedica el epílogo a su hijo mayor y sostiene allí que tanto él como el expresidente Manuel Chaves pasaron a ser “cadáveres políticos” cuando fueron imputados. Ambos vivieron y viven el proceso de manera muy diferente, entre otras cosas porque Chaves no estaba acusado de malversación y no recibió, por tanto, pena de cárcel sino solo de inhabilitación. En ese libro, Griñán recuerda las “miradas insolentes, gestos de desprecio, frases en voz alta para hacerse intencionadamente audibles, insultos o burlas” que padeció cuando aún no se había pronunciado el Supremo. Una vez que la sentencia es firme, no quiere exponerse a revivir la misma situación, ni que la sufra nadie que lo acompañe.

Es por ese motivo por el que sus amigos opinan que la entrada en prisión, al menos, pondrá fin a la incertidumbre. “Esto ya está. Es mejor que entre en la cárcel. Necesita reconstruirse”, aseveran varias fuentes, que señalan que a Griñán sobre todo le preocupa su familia. Confían, además, en los beneficios que otorga la Ley Penitenciaria a las personas de su edad y sin condenas anteriores para que pase “lo más pronto posible” a un tercer grado que le permitiría cumplir la condena en su casa. Pero no ven en un horizonte próximo el indulto.

Eso no quiere decir que el exministro (1992-1996), expresidente de la Junta (2009-2013) y expresidente del PSOE federal (2012-2014) acepte sin más unas decisiones judiciales que le causan una profunda indignación: su imputación por malversación a pesar de que el Supremo le había exculpado en 2105 de ese delito; la propia sentencia que, según defienden sus próximos, se basa en “hechos probados falsos”; los dos meses que tardó la Sala Segunda de ese tribunal en comunicar la sentencia tras el fallo; o “el furor” de la Fiscalía Anticorrupción para oponerse a retrasar el ingreso en prisión. Además, le entristece la vinculación que se ha trazado política y mediáticamente entre su caso y el de los condenados del procés ante la posibilidad de que el Gobierno reforme el delito de malversación para rebajar las penas a los dirigentes independentistas. “Él no se llama Oriol Junqueras ni Carles Puigdemont. Él no ha ido contra ninguna institución democrática y tendría narices que se beneficie de algo que está negociando ERC para otros”, señala un cargo socialista.

Griñán quiere evitar a toda costa la foto de su previsible entrada en prisión, por lo que nadie sabe —o nadie cuenta— qué institución penitenciaria elegirá. Sí tiene decidido escribir sobre estos años. Ya tiene el esquema del próximo libro. “Si lo tiene que escribir en la cárcel, lo hará. Si no le dejan tener un portátil, lo escribirá a mano”, asegura una persona cercana al expresidente.