La magistrada del Constitucional María Luisa Balaguer, sobre la ley del ‘solo sí es sí': “No estoy por descalificar a jueces y fiscales”

La magistrada del Tribunal Constitucional María Luisa Balaguer, del sector progresista, ha afirmado este jueves que en la interpretación de las leyes entran en juego muchos mecanismos, y ha subrayado que ella no está “por descalificar a jueces y fiscales”. Así respondía, en una entrevista en la cadena SER, al ser preguntada por la polémica surgida ante el goteo de rebajas de penas a condenados por delito sexual que está acarreando la entrada en vigor de la ley del solo sí es sí, y que la ministra de Igualdad, Irene Montero, atribuye al “machismo” de parte de la judicatura. Balaguer, que se ha esforzado por hablar de forma genérica para no incurrir en parcialidad si el asunto llega algún día al Constitucional, ha incidido en que en un Estado social la interpretación de las leyes es lógica y necesaria. “La solución tiene que venir con el tiempo y con la formación. No estoy por descalificar a jueces y a fiscales. Yo mantengo un diálogo bastante permanente, más por mi feminismo que por el tema de la magistratura en el Tribunal Constitucional, y sé que, desde hace muchísimo tiempo, la situación [legal] en lo que se refiere al cuerpo de las mujeres ha cambiado”, ha dicho la jurista, destacando los logros de sentencias recientes, como una del Supremo que “niega la posibilidad de los vientres de alquiler” u otra “muy parecida” sobre la prostitución. “Se está avanzando mucho en el Derecho con respecto a los cuerpos de las mujeres”, ha subrayado.

La reducción de penas a agresores sexuales en aplicación de la Ley de Garantía de la Libertad Sexual o ley del solo sí es sí, en vigor desde el pasado 7 de octubre, ha provocado un nuevo frente al Gobierno, al tratarse de una cuestión que afecta a menores y por tratarse de una de las grandes leyes de los ministerios gestionados por Unidas Podemos. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, apeló ayer a la prudencia y a esperar a que se unifiquen los criterios de interpretación que están siguiendo los tribunales. Las acusaciones de machismo de la ministra Montero provocaron el repudio del Poder Judicial, que tildó de “intolerables ataques” sus manifestaciones. Las asociaciones profesionales consideraron también “infantil”, “absurda” y “demagógica” la reacción de Igualdad. Expertos consultados por EL PAÍS coinciden en que las revisiones de sentencia a la baja son una consecuencia directa de la aplicación de la nueva norma y reprochan lagunas técnicas al texto legal.

A la pregunta de si falta perspectiva de género entre los jueces españoles, la magistrada del Constitucional ha respondido: “Así, una afirmación genérica, yo no haría. Lo que sí creo es que en la Ley orgánica 3/2007 [la Ley de Igualdad], que es donde se implementa esa exigencia, están los mecanismos”. La jurista ha añadido que cree que este Consejo General del Poder Judicial “es perfectamente consciente” de la perspectiva de género y ella estaría más en la línea de considerar que no se trata de “un problema de personas, ni de jueces”, sino de la necesidad de que “cada legislación, de la mujer, del medio ambiente o de la ecología, tenga en cuenta que está ante un derecho nuevo que tiene que intentar compaginar con un derecho antiguo”.

Balaguer ha incidido en que hay que encuadrar las normas en su marco y ha citado una ley de 1999 del PP que pretendía adaptar una directiva comunitaria de apoyo a la maternidad; el resultado al aplicarla, sin embargo, fue que cayeron los contratos a mujeres. “¿Cuál era el siguiente paso? Fortalecer la contratación de mujeres, considerar que esos despidos estaban, dijéramos, equiparados a la discriminación sindical, y surge otra legislación. No importa, también hay ahí una vía de agua”, ha puesto como ejemplo de una norma que no logró lo que perseguía. “A la hora de conciliar eso es donde se ponen de manifiesto las contradicciones jurídicas que crean las nuevas sociedades, las sociedades globalizadas en las que los derechos se reivindican”, ha detallado, y ha citado otras normas, como la ley trans, en las que hay que categorizar problemas nuevos.

La catedrática de Derecho Constitucional, que lleva cinco años en el tribunal de garantías y ha sido una de las magistradas que más votos particulares [contrarios a las sentencias] ha emitido, generalmente discrepando de la mayoría conservadora, ha relatado que fue propuesta para el cargo por el Parlamento andaluz porque era feminista, y se ha definido “de izquierdas”, pero también ha hablado de la necesidad de ejercer la autorrestricción en el desempeño de su puesto. “Nosotros tenemos que ser contenidos, tenemos que ser las personas más técnicas posibles, y hacer las mejores sentencias posibles, molesten a quien molesten”, ha dicho sobre su labor en el Constitucional.

Balaguer, de 69 años, a quien algunas voces ven como futura presidenta del tribunal cuando este se renueve y pase a tener una mayoría progresita, ha aprovechado para explicar su apuesta de comunicar las decisiones del tribunal para que no se perciba alejado de la ciudadanía. “Quiero un tribunal transparente. Se ha dado un paso, porque ahora se ponen los órdenes del día; antes, ni los órdenes del día”, ha remarcado, señalando que a ella, por ejemplo, le habría gustado explicar, en una conferencia de prensa, el voto particular que emitió en contra de la sentencia que anuló el primer estado de alarma durante la pandemia.

Sobre la reforma del delito de sedición que PSOE y Unidas Podemos han presentado en el Congreso, la magistrada se ha limitado a decir que “la política tiene como límite la Constitución”. “La oportunidad política que pueda tener un presidente del Gobierno me parece bien siempre que tenga por límite la Constitución”, ha insistido. “Y los garantes de eso somos nosotros”.