El ministro del PP que impulsó la reforma de la malversación asegura que se hizo para perseguir la corrupción y no pensando en Cataluña

ERC no se conforma con la reforma del delito de sedición propuesta por el PSOE y Unidas Podemos. Los republicanos catalanes anunciaron este lunes su aspiración de modificar también el delito de malversación, reformado junto con otro artículos del Código Penal por el Gobierno de Mariano Rajoy en 2015, con el argumento de que aquel cambio pretendía perjudicar al movimiento independentista por la consulta ilegal del 9-N de 2014, celebrada bajo el mandato de Artur Mas con fondos públicos. No obstante, el ministro de Justicia del Ejecutivo del PP impulsor de aquella reforma, Alberto Ruíz Gallardón, niega que tras ella hubiese una intención de perjudicar al independentismo catalán. “Aquella reforma del Código Penal obedeció a que en la sociedad había entonces un reproche muy severo al PP por los casos de corrupción”, asegura a EL PAÍS. “Fue una manera de demostrar que el Gobierno se ponía al frente de la legislación más dura contra la corrupción”.

En el debate parlamentario que tuvo lugar en 2013 para discutir las enmiendas a la reforma no se hizo mención al actual argumento de ERC. No lo hizo siquiera el entonces portavoz de ERC, Joan Tardà. Los independentistas catalanes introdujeron una enmienda a la totalidad que fue rechazada por el Congreso de los Diputados —en aquella legislatura, el PP tenía una mayoría absoluta de 186 diputados—. Tardà criticó con firmeza la reforma propuesta por Gallardón. En especial, fue muy duro con la inclusión de una nueva figura penal, la prisión permanente revisable, un delito similar a la cadena perpetua. “Que haya más penas y más duras no protegerá a las víctimas”, afirmó el portavoz de ERC según las actas del Congreso.

Los reproches de Tardà a la reforma del Código Penal se hicieron desde una perspectiva casi filosófica. “¿Dónde está el humanismo cristiano?”, reprochó a los conservadores en la Cámara Baja. “Van a convertir su España en una inmensa cárcel para los pobres”, criticó el entonces portavoz, que consideró que la ley era fruto del populismo punitivo y no solucionaba los problemas que atravesaba el país. La idea que transmitió ERC en ese debate fue que el Ejecutivo respondía a la crisis económica y social de aquel momento con un endurecimiento del código penal. Pero en ningún momento se hizo referencia, explícita o implícita, a que esta reforma fuera un traje hecho a medida para perseguir al independentismo catalán. Tardà tampoco mencionó que la modificación del delito de malversación fuera un problema para su grupo parlamentario. Es más, el exdiputado sugirió que en lo que se refería a los delitos económicos, el cambio del Código Penal era timorato.

El exministro Gallardón niega tajantemente el argumento esgrimido por los independentistas. Los casos de corrupción que afectaban al PP eran muy numerosos en aquel momento: la trama Gürtel y el caso Púnica entre ellos. Tras el escándalo por la publicación en EL PAÍS de los papeles de Bárcenas, la lupa de la opinión pública estaba encima de los populares. “En ningún momento legislamos sobre la malversación pensando en Cataluña y su desafío independentista. Ni siquiera en el debate nadie me sacó ese argumento”, asegura Gallardón.

La reforma aprobada en solitario por el PP establece que la malversación debe ser tratada como un delito de administración desleal de fondos públicos. Y la equipara a los delitos de apropiación indebida, es decir, cuando se da la sustracción del patrimonio público para sí o para un tercero. Es esta equiparación la que quiere modificar el partido del presidente catalán Pere Aragonès y al que se ha sumado el grupo parlamentario de Unidas Podemos, aunque sin dar detalles concretos de cómo hacerlo.

En virtud de la reforma legal del Gobierno del PP se endurecieron las penas de cárcel e inhabilitación ligadas a este tipo penal. La actual regulación sanciona con hasta 12 años de cárcel a aquellas autoridades o funcionarios públicos que incurriesen en administración desleal sobre el patrimonio público. Y recoge penas de inhabilitación de entre 10 a 20 años. De los 12 condenados en el juicio del procés, sólo a cuatro de ellos se les impuso un delito de sedición en concurso medial con otro de malversación: Oriol Junqueras, Raül Romeva, Jordi Turull y Dolors Bassa. La sentencia consideró probado que “los gastos del referéndum relacionados con la publicidad institucional, organización de la Administración, confección del registro de catalanes en el exterior, material electoral, pago de observadores internacionales y aplicaciones informáticas son expresivos de la consciente y voluntaria desviación de destino de los fondos públicos”.

Por malversación, además de por sedición, están procesados el exconseller Toni Comín y el expresident Carles Puigdemont, que permanecen fugados de la Justicia española. También están imputados por malversación varios cargos de su Govern por participar en la logística del referéndum del 1-O, entre los que se hallan los diputados de ERC Josep Maria Jové y Lluís Salvadó. Tras la concesión de los indultos a los líderes del procés encarcelados se les conmutó la pena de prisión, pero no la de inhabilitación (de entre 9 y 13 años). De salir adelante la reforma de la sedición y la malversación, los condenados por inhabilitación podrían verse beneficiados en la rebaja de años.