El PP retorna al discurso casadista en el Congreso

Fue como si el tiempo se hubiese congelado en el hemiciclo varios meses atrás y allí continuasen Pablo Casado y los suyos enumerando las traiciones sin cuento que, según ellos, el Gobierno inflige a España. Con un lenguaje algo menos grueso, eso sí, el PP regresó donde solía, este miércoles en la sesión de control en el Congreso: la denuncia de que el Ejecutivo está entregado a los “líderes golpistas”, mantiene oscuros tratos con el fugado Carles Puigdemont y consiente que las leyes “se hagan en la sede de ERC”, en palabras de su portavoz, Cuca Gamarra. Enfrente, el Gobierno respondió con las mismas admoniciones que arrojaba un día y otro sobre Casado por su negativa a renovar el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Un permanente déjà vu retorna a la discusión parlamentaria.

Aquel PP que solo quería hablar de economía y de los problemas cotidianos de los españoles, marca que imprimió Alberto Núñez Feijóo a su grupo parlamentario, se ha esfumado de repente. Los populares ya apenas blanden su receta de rebajar impuestos, visto cómo ha acabado la cosa en el Reino Unido con lo que pretendía ser el mágico plan de saldos fiscales de los conservadores. Y como al tiempo se ha roto el diálogo con el Gobierno, el Partido Popular ha abrazado con estruendo el más clásico de sus clásicos temas, un tanto abandonado hasta ahora con Feijóo: Cataluña y los pactos de Pedro Sánchez.

Hacía mucho tiempo que no se escuchaba tanto en el Congreso el nombre de Puigdemont. Uno tras otro, los populares lo fueron blandiendo ante el Gobierno basándose en una declaración del huido expresident en la que aseguró que un emisario del Ejecutivo le había ofrecido un acuerdo para su regreso a España. Gamarra sacó el asunto ante Sánchez, con un truco retórico que ya usaba Casado para despertar reminiscencias de viejos escándalos del PSOE. La portavoz popular preguntó al presidente del Gobierno quién es ese “señor X” que supuestamente acudió a Waterloo. El asunto siguió coleando ante los ministros, fuese cual fuese el asunto a tratar. “¿Ha sido usted?”, le preguntó el popular Carlos Rojas a la vicepresidenta primera, Nadia Calviño, que ni se dio por enterada. Luego le tocó al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, y finalmente a la de Educación, Pilar Alegría.

El cambio de tercio del PP se adivinó muy pronto. La pregunta registrada por Gamarra parecía tener una orientación económica: “¿Cree que sus políticas generan oportunidades para los españoles?”. La portavoz popular transitó a toda prisa por la economía antes de entrar en su verdadera materia: ni mentar el CGPJ y atacar al Gobierno por su intención de rebajar las penas del delito de sedición, lo que suavizaría algunos procesos judiciales aún abiertos contra dirigentes independentistas. La portavoz del PP hizo un paquete conjunto para golpear a Sánchez y al mismo tiempo defender al líder de su partido tras las críticas recibidas por la ruptura del pacto judicial: “El señor Feijóo tiene principios, palabras y conciencia. Usted, no”.

El bucle sobre el Poder Judicial se ha manoseado tanto en el Congreso que, a pesar de las estocadas dialécticas y del súbito portazo de Feijóo a Sánchez, el clima no se reveló especialmente tenso. En los escaños populares hubo hasta menos ruido y algarabía de lo habitual. Y el presidente tampoco exhibió su versión más combativa. Se limitó a amonestar a los populares, que la víspera lo habían definido como un “mal español”. “Ustedes van por ahí repartiendo carnés de españolidad, mientras llevan cuatro años sin atender a su obligación de cumplir la Constitución”, reprendió a Gamarra por su enésima negativa a renovar el caducado CGPJ.

Más hiriente se mostró luego el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, quien, ante una pregunta de Vox, aprovechó para meter a este partido y al PP en la misma categoría de “derecha antisistema”. El diputado de Vox Ignacio Gil Lázaro estaba empeñado en demostrar que el Gobierno va a pactar un referéndum con los independentistas, por mucho que Bolaños insistiese en que cualquier acuerdo con el Govern se hará “dentro de la Constitución”.

Fuera de los ataques del PP, la sesión de control sirvió para que algunos aliados del Ejecutivo planteasen demandas a Sánchez. El portavoz del PNV, Aitor Esteban, mostró la preocupación de su partido por la ejecución de los fondos europeos. “Algo no se está haciendo bien”, se quejó Esteban. “El Ministerio de Economía no es suficientemente ágil”. Y remató con una reclamación: “Pónganse las pilas”. El presidente se limitó a recordar que España es el único país que ha recibido ya la segunda remesa de los fondos, sin entrar en controversias con el portavoz nacionalista.

Sánchez empleó la misma táctica frente a la portavoz de EH Bildu. Mertxe Aizpurua le transmitió el malestar de los grupos a la izquierda del PSOE ―incluidos sus socios gubernamentales de Unidas Podemos― por las divergencias que impiden sacar adelante proyectos como la ley de vivienda o la derogación de la ley mordaza. “Ha llegado el momento de decidir si quiere o no aprobarlas como prometió. Tiene mayoría suficiente”, emplazó Aizpurua. El presidente tiró del guion que suele poner en práctica ante reclamaciones incómodas de grupos de su base parlamentaria: ni una mala palabra ni un compromiso concreto.