La infundada comparación entre los sistemas de justicia de Polonia y España

Esteban González Pons advirtió este lunes de que Pedro Sánchez se puede encontrar al inicio de la presidencia española de la UE, que empieza en julio de 2023, con un informe de la Comisión Europea sobre el Estado de derecho que puede equiparar la situación española a la de Polonia. No es la primera vez que el dirigente del PP, que ha sido el negociador de los populares con el Gobierno para el acuerdo frustrado de renovación del Consejo general del Poder Judicial, lanza un aviso similar, basándose en la supuesta advertencia en ese sentido que le transmitió el comisario europeo de Justicia, Didier Reynders, durante la visita a España que hizo a finales de septiembre. Sin embargo, en esa ocasión, Reynders subrayó públicamente las diferencias entre la “buena situación” de la justicia española y otros países con “problemas sistémicos”, entre los que sí incluyó a Polonia, con quien Bruselas mantiene una larga batalla desde hace años por la negativa de este país a aplicar el derecho de la Unión.

El Informe sobre el Estado de derecho, cuya última versión se publicó en julio, cubre cuatro áreas clave en las que se desenvuelven los valores de la UE: la independencia de los sistemas judiciales, el marco de lucha contra la corrupción, la libertad de prensa y los controles y equilibrios institucionales. Y Polonia salía mal parada en casi todos. Lo primero que le reprochan es que este país dé primacía a su derecho nacional sobre el comunitario, lo que contraviene uno de los pilares en los que se apoya la justicia de la UE y del que dependen en gran medida desde el funcionamiento del mercado interior a la cooperación judicial entre Estados. Este asunto ha elevado al máximo el conflicto entre la UE y Polonia, cuyo tribunal constitucional llegó a dictaminar en 2021 que varios artículos de los tratados de la Unión Europea son inconstitucionales en su país.

La negativa de Varsovia a dar marcha atrás en varias reformas del sistema de Justicia que, según la UE, socavan la independencia de los jueces, ha llevado a Bruselas incluso a actuar contra este país, por lo que considera “amenazas graves” contra el Estado de derecho. Todas ellas estaban también subrayadas en el último informe de la Comisión, en el que se pedía a ese Estado que garantice las “investigaciones y enjuiciamientos independientes y efectivos, abordar el amplio alcance de las inmunidades de los altos ejecutivos y abstenerse de introducir cláusulas de impunidad en la legislación”, otro de los motivos constantes de tensión con este país. También le recomendó “separar la función del Ministro de Justicia de la del Fiscal General y garantizar la independencia funcional de la fiscalía” y reclamó mayor transparencia y procedimientos “no discriminatorios” en la concesión de licencias a medios.

En el caso de España, el informe reprochaba duramente que la renovación del CGPJ se mantuviera bloqueada cuatro años después, y advertía de que esta situación podía transmitir la percepción de que el Poder Judicial es “vulnerable a la politización”. Sobre el sistema de elección de los vocales jueces del Consejo, el texto señalaba: “Algunas asociaciones de jueces pidieron que los 12 miembros del Consejo sean elegidos directamente por sus colegas de acuerdo con los estándares del Consejo de Europa, y el Consejo de Europa recordó que los estándares europeos establecen que al menos la mitad de los miembros del Consejo deben ser jueces elegidos por sus iguales de todos los niveles del poder judicial”. “Es importante que se tengan en cuenta estas normas europeas y que se consulte a todas las partes interesadas pertinentes”, añadía.

Durante su visita a España, Reynders sí insistió en la necesidad de que el país adquiriera dos compromisos: primero, renovar el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ); e, inmediatamente después, modificar el actual sistema de elección de los vocales jueces del Consejo para que sean elegidos directamente por los miembros de la carrera sin intervención del Parlamento.