Defensa revisará de oficio la Cruz Laureada que Franco se otorgó a sí mismo

La titular de Defensa, Margarita Robles, ha creado una comisión para acometer la delicada tarea de aplicar en el seno de las Fuerzas Armadas la ley de Memoria Democrática, una de cuyas disposiciones ordena revisar “de oficio” las condecoraciones y recompensas militares concedidas a los máximos responsables de la dictadura franquista. Esta revisión incluirá la Gran Cruz Laureada de San Fernando, la principal condecoración militar española, que Franco se otorgó a sí mismo al acabar la Guerra Civil y se impuso en el desfile de la Victoria celebrado en Madrid en mayo de 1939.

El artículo 40 de la Ley de Memoria Democrática, que entró en vigor el día 21 de octubre, ordena a las distintas administraciones que adopten las medidas oportunas “para revisar de oficio o retirar la concesión de reconocimientos, honores y distinciones […] que resulten manifiestamente incompatibles con los valores democráticos y los derechos y libertades fundamentales, que comporten exaltación o enaltecimiento de la sublevación militar, la Guerra o la Dictadura o que hubieran sido concedidas con motivo de haber formado parte del aparato de represión de la dictadura franquista”.

El Ministerio de Trabajo, dependiente de la vicepresidenta Yolanda Díaz, ya ha iniciado el expediente para retirar al dictador y a otros altos mandos del franquismo la Medalla del Mérito al Trabajo. En el Ministerio de Defensa, sin embargo, el tema es de la máxima sensibilidad, pues, más allá de la figura de Franco, en las Fuerzas Armadas abundan las sagas familiares y muchos mandos en activo son descendientes directos de quienes combatieron en el bando sublevado en la Guerra Civil.

Por eso, la ministra Margarita Robles ha optado por enfriar el asunto creando una comisión que se encargue de estudiar todas las implicaciones de la nueva ley. Coincidiendo con el Día de Recuerdo y Homenaje a todas las víctimas del golpe militar, la guerra y la dictadura, que se celebra este 31 de octubre, el Boletín Oficial de Defensa (BOD) ha publicado este lunes la orden ministerial por la que se crea el Comité de Seguimiento, en el ámbito del departamento de Defensa, para el estudio, la planificación y coordinación de las actuaciones que se deriven de la Ley de Memoria Democrática. Dicho Comité estará presidido por la subsecretaria de Defensa, Adoración Mateos, y en el mismo estarán representados los tres ejércitos, a través de los segundos jefes de Estado Mayor de Tierra, Aire y Armada.

El artículo 42 de la misma ley señala que la retirada de condecoraciones podrá llevarse a cabo, con carácter póstumo, cuando “quede acreditado que el beneficiario, antes o después de la concesión, con motivo de haber formado parte del aparato de represión de la dictadura franquista, hubiera realizado actos u observado conductas manifiestamente incompatibles con los valores democráticos y los principios rectores de protección de los derechos humanos, así como con los requisitos para su concesión”. No será un proceso breve ni sencillo, pues la retirada “exigirá la tramitación de un procedimiento contradictorio, que solo podrá iniciarse de oficio y a iniciativa del titular del departamento competente [de la ministra de Defensa] y se instruirá y resolverá por los órganos competentes para tramitar los procedimientos de concesión”.

En el caso de la Laureada de San Fernando, la instrucción del procedimiento para conceder la Gran Cruz (y, por tanto, para retirársela a Franco) corre a cargo del jefe del Estado Mayor de la Defensa y de los jefes de los tres ejércitos y su concesión (y revocación) corresponde al Rey, mediante real decreto acordado en Consejo de Ministros.

Según consta en la hoja militar del dictador, Franco solicitó insistentemente la Laureada por su actuación en la Guerra de Marruecos en 1916, pero sus compañeros de armas se la denegaron porque, al haber sido uno de los primeros oficiales heridos, se le retiró enseguida del campo de batalla y no pudo protagonizar los hechos heroicos que pretendía. Pese a ello, su féretro fue cubierto con el emblema de la orden cuando sus restos fueron trasladados desde el Valle de los Caídos al cementerio de Mingorrubio (Madrid) en 2019.

La revisión de condecoraciones no afecta solo a Franco. También recibieron la Laureada los generales Emilio Mola y Gonzalo Queipo de Llano, cuyos restos serán retirados de la basílica de La Macarena de Sevilla en aplicación de la Ley de Memoria Histórica, entre otros. No existe, sin embargo, ningún plazo para proceder a la retirada de las medallas y la comisión creada por Defensa tiene duración indefinida, por lo que sus conclusiones podrían demorarse.

Según la orden ministerial, el objetivo de la comisión será “cumplir las previsiones en materia patrimonial, de acceso y consulta a la documentación obrante en sus archivos y, en general, de la tramitación de los procedimientos administrativos que procedan en aplicación” de la Ley de Memoria Democrática. Aunque el preámbulo hace hincapié en el acceso a los archivos, esta es en realidad la parte menos conflictiva de la ley, pues Robles abrió a los investigadores toda la documentación anterior a la todavía vigente ley de Secretos Oficiales de 1968; otra cosa es que los archivos militares tengan medios para catalogar y describir todo su fondo documental.

Más peliaguda puede ser la eliminación, ordenada por la ley, de aquellos nombres de centros o unidades militares que exaltan a figuras del bando rebelde: la Legión cuenta con una bandera denominada Millán-Astray y otra Comandante Franco, en homenaje a los dos fundadores del Tercio; mientras que el Ejército del Aire tiene una Cátedra Kindelán, en recuerdo al fundador del Ejército del Aire y jefe de la Fuerza Aérea de Franco durante la guerra.

Además, el Alcázar de Toledo, actual sede del Museo del Ejército, alberga en su cripta los restos de los generales José Moscardó (condecorado a su vez con una Laureada) y Jaime Milans del Bosch, cabecilla del 23-F, en su condición de defensores de la fortaleza durante la Guerra Civil. La ley de la Memoria señala que los restos “de dirigentes del golpe militar de 1936 no podrán ser ni permanecer inhumados en un lugar preeminente de acceso público, distinto a un cementerio”. Aunque la cripta del Alcázar no está abierta al público, varias asociaciones han pedido que se retiren los restos de ambos militares.