El Tribunal de Cuentas propone adoptar medidas para controlar a las fundaciones de los partidos

El Tribunal de Cuentas ha pedido un mayor control de las fundaciones vinculadas a partidos políticos, tras constatar en su último informe sobre la actividad de estas entidades que la mitad de ellas no remitieron en plazo sus cuentas anuales relativas a 2018 y 2019, y que en algunos casos ni siquiera han proporcionado dato alguno sobre su contabilidad. Por ello, el informe de fiscalización sobre las fundaciones propone garantizar mejor esa labor mediante una serie de medidas, entre las que figura la de establecer una cuantía mínima a partir de la cual sea obligatorio notificar en un plazo máximo de tres meses los datos de las donaciones que reciban, en especial de personas jurídicas.

El informe del Tribunal de Cuentas contempla por primera vez de forma separada la actividad de 51 fundaciones vinculadas a partidos. Entre las principales conclusiones de esta labor de fiscalización se indica que en 2018 únicamente 23 fundaciones y entidades de las 51 mencionadas remitieron en tiempo sus cuentas anuales, 22 lo hicieron fuera del plazo establecido por la ley, que finalizaba el 30 de junio del año siguiente. Por otra parte, seis de ellas no presentaron las cuentas, por lo que el tribunal no ha podido fiscalizar su financiación. En 2019, 16 fundaciones y entidades presentaron las cuentas en tiempo, 26 lo hicieron fuera de plazo y nueve no las presentaron. De ahí que se proponga establecer el citado plazo perentorio para cumplir esta obligación legal.

El documento pone también de manifiesto que 19 fundaciones y entidades políticas de las 51 fiscalizadas permanecían sin actividad en los años 2018 y 2019, y que varias de ellas han acordado su disolución y extinción en los ejercicios posteriores. Además, seis de ellas presentaban un patrimonio neto negativo al cierre del ejercicio 2019. En consecuencia, el informe propone “ajustar” las actividades económicas de las fundaciones y para ello “elaborar un plan de saneamiento con objeto de alcanzar el necesario equilibrio patrimonial, en caso de presentar una situación patrimonial negativa”.

El Tribunal de Cuentas ha constatado, por otra parte, que solo 21 fundaciones vinculadas a organizaciones políticas del mencionado total de 51 analizadas se han inscrito en la sección específica del Registro de Partidos Políticos, cuando deberían haberlo hecho todas, de acuerdo con las previsiones de la propia ley de Partidos Políticos de 2002.

En vista de esta situación, el organismo fiscalizador propone exigir también como requisito para concurrir a las convocatorias de subvenciones públicas dirigidas a fundaciones y entidades vinculadas o dependientes de partidos políticos, la “inscripción obligatoria de aquellas en la sección específica del Registro de Partidos Políticos”. Estima asimismo necesario requerir que en tal inscripción “se haga constar la naturaleza de la vinculación, las relaciones económicas entre ambas organizaciones y las actividades que van a ser ejercidas por la fundación o entidad”.

En cuanto a las aportaciones y donaciones privadas, la fiscalización recoge que ascendieron a un total de 2 y de 1,6 millones de euros en 2018 y 2019, respectivamente, siguiendo una tendencia decreciente (en 2017 recibieron 2,7 millones de euros). El informe subraya una serie de incumplimientos tales como “donaciones ingresadas en cuentas bancarias ordinarias al no tener abiertas cuentas específicas al efecto”, así como “donaciones procedentes de personas jurídicas sin aportar el acuerdo del órgano social competente”. También se constata la existencia de “entregas de efectivo resultantes de convenios de colaboración no notificadas al Tribunal de Cuentas”, y donaciones de personas jurídicas que no han sido notificadas al organismo fiscalizador en el plazo de tres meses desde su aceptación.

Por otro lado, el total de subvenciones percibidas por las fundaciones y entidades políticas ascendió a 3,3 y 3,1 millones de euros en 2018 y 2019, respectivamente. El Tribunal de Cuentas subraya que “en los casos en los que de la revisión se han observado gastos no subvencionables, se pondrá en conocimiento de los ministerios u organismos concedentes de las subvenciones a efectos de solicitar el correspondiente reintegro”. El organismo fiscalizador también deja constancia de que un total de 24 fundaciones y siete entidades políticas no habían publicado en su página web las cuentas anuales de los ejercicios 2018 y 2019, ni las conclusiones del informe de auditoría, en contra de lo dispuesto en la normativa vigente.