Los 62.000 “pioneros” de la energía fotovoltaica en España siguen esperando su compensación 15 años después

La habitación está construida bajo el nivel del suelo. Es sencilla. Dos mesitas de noche a cada lado de la cama, un perchero esbelto sin nada colgado, un mueble de cuatro cajones para los enseres más necesarios y una ventana diminuta en una esquina por donde algunas noches asoma la luna. En el lado derecho de la alcoba, Cati Alcázar, de 61 años, trata de conciliar el sueño sin éxito. Acurrucado en la parte izquierda, su marido, Juan Ruiz Reinaldo, de 65, hace lo propio sin mejor suerte. Él trabaja de sol a sol como fontanero, ella limpiando casas de particulares y oficinas. No se han visto en todo el día, pero los dos saben que se encontrarán de nuevo en sus desvelos durante otra madrugada eterna.

—¿No estás durmiendo?, le dice Cati.

—Se ha ido el sueño.

—Así estoy yo.

Ambos se incorporan. Están al borde de la ruina económica y hoy tampoco podrán dormir. Apoyan sus espaldas sobre el cabecero y, a oscuras, para no gastar luz, conversan hasta el amanecer sobre cómo salir de la boca del lobo en la que se han metido después de invertir todos sus ahorros en cuatro instalaciones fotovoltaicas en el parque solar La Jeresa, en Lorca (96.238 habitantes, en Murcia). El peso de la casa que tienen sobre sus cabezas les aplasta. Corren el serio riesgo de ser embargados y quedarse en la calle con sus dos hijos.

Una detrás de otra, así fueron las noches de Cati y Juan entre los años 2010 y 2013, cuando al igual que otras 62.000 familias españolas no podían hacer frente al pago de sus placas solares después de invertir en ellas los ahorros de sus vidas. Dos años antes, habían acudido a la llamada del Gobierno de España, que lanzó una campaña publicitaria denominada “El sol puede ser tuyo”, que incentivaba a la ciudadanía a invertir en la construcción de pequeñas plantas fotovoltaicas para que el país llegara a autoabastecerse de energía limpia. Una estrategia que formaba parte del compromiso adquirido con la Unión Europea después de sumarse al Protocolo de Kioto.

Cada placa goza de unos 30 años de vida útil. De este modo, los ingresos prometidos por el Ministerio de Industria les permitirían pagar el coste de la instalación —unos 75.000 euros por cada 100 kilovatios — en los primeros 10 años, lo que dejaba otros 20 años de beneficios limpios. Un negocio redondo que nunca se cumplió. Con la inversión ya hecha y la deuda ante el banco, primero el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, y más tarde el de Mariano Rajoy, les aplicaron unos recortes con carácter retroactivo sobre sus ingresos de hasta el 50% que hizo imposible asumir el débito. Además, todos habían sido obligados a avalar la inversión con sus bienes personales. El Tribunal Superior de Justicia nunca les dio la razón. Sin embargo, a día de hoy, las empresas extranjeras que al igual que ellos invirtieron en renovables han ganado hasta la fecha 14 de los 17 laudos presentados ante una corte de arbitraje internacional con sede en Washington, el CIADI. Los tres restantes pertenecen a la época del Gobierno de Zapatero, cuando se aplicaron recortes retroactivos del 30% pero se ampliaron los años de productividad. Los pequeños inversores, que en su mayoría procedían del mundo rural, no tienen derecho a acudir a los tribunales internacionales por tratarse de inversiones realizadas en su propio país.

“Ha sido el hecho más traumático de nuestra vida. Nos engañaron, jugaron con nosotros. No le deseamos a nadie lo que hemos tenido que pasar”, explica Juan. “Quise invertir para que mis hijos tuvieran una ayuda, para pagarles la universidad. Acabé casi en la ruina y comiendo patatas cocidas con ajo porque no había para más”, añade el hombre, que durante años trabajó jornadas de 16 horas para obtener los ingresos con que hacer frente a las facturas.

“Nos utilizaron como conejillos de indias en una industria inmadura. Lo que se suponía que era la democratización de la producción de energía se convirtió en una estafa flagrante que destrozó la vida de miles de personas”, asegura Miguel Ángel Martínez Aroca, de 51 años, presidente de la asociación de productores de energía fotovoltaica ANPIER. “Cambiaron las normas a mitad de partido y ahora vemos cómo las empresas extranjeras, que en su momento solo representaban el 20% de la inversión inicial, no confiando en la justicia española, se han ido al CIADI. Lo que nosotros le decimos al Gobierno es que no es posible que sobre el mismo hecho —la inversión en la fotovoltaica—, los fondos de inversión obtengan laudos condenatorios de miles de millones de indemnización y a los nacionales, la clase media y trabajadora que eran todos esos pequeños inversores, les dejen con un recorte perpetuo sin compensación ninguna. Solamente pedimos que nos dejen seguir produciendo cinco años más de lo estipulado, hasta el 2035, y así compensar los 35 millones de euros que nos han recortado”, finaliza.

Solo la refinanciación a 20 años que los particulares pactaron con sus respectivas entidades bancarias permitió aliviar un poco la economía de las familias. “Lo que en un principio eran 75.000 euros terminará costándonos 140.000. El doble de lo que se nos prometió. Estamos cambiando cebada por piedra, lo comido por lo servido. Cero beneficios. La situación ha llegado a tal punto que nos conformamos con empatar el partido, con no perder”, afirma Paco Fernández, de 70 años, profesor de francés jubilado y propietario de una instalación fotovoltaica en La Jeresa.

A su lado, durante una visita de los socios por el parque, Isabel Moya, de 63 años, camina a paso lento y sin hablar con nadie. El día amanece nublado, pero ella se protege del sol que le iba a dar de comer con unas gafas negras. “En 2007 tenía 48 años, trabajaba como cocinera en un colegio ganando 800 euros al mes. Nunca había invertido. Nadie nos dijo que éramos tan vulnerables. Da mucha rabia haberme equivocado por un engaño del Gobierno”, cuenta. “Jamás hubiera invertido un solo euro, pero te lo pintaban tan bien… El anuncio lo firmaba el Ministerio de Industria. Empiezas a ver a tu alrededor que la gente se anima, y al final haces lo mismo. Mi marido y yo compramos una para cada uno”, explica Isabel, que durante los años más duros sufrió un derrame cerebral. “He pasado por todos los sentimientos malos que te puedas imaginar. Pero estoy viva. No quiero ni saber lo que he perdido, no echo cuentas porque si no me vengo abajo. Tal vez algún día lo haga. Solo quiero terminar de pagar la placa y olvidarme de esto para siempre”, finaliza.

Juan Fernández, electricista de 48 años, no corrió la misma suerte. Los recortes retroactivos, además del impuesto del 7% sobre los ingresos brutos aprobado en 2012, lo colocaron en un callejón sin salida. Después de un préstamo de su padre ―“un dinero que nunca le he podido devolver”, dice― con su mujer en paro y una hija, no tuvo más remedio que vender “por desesperación” su placa solar a un precio mucho menor del que la había adquirido. “El banco ya no me daba más préstamos. Era eso o quedarnos en la calle. A los inversores pequeños nos han abandonado, querían patriotas que contribuyeran a luchar contra el cambio climático y al final lo que hemos hecho ha sido arar el terreno para que entren ahora las grandes empresas”, cuenta. “Fue mi primera inversión y la última. Nunca he vuelto a tener una situación económica holgada”, reconoce.

Durante 2022, la energía fotovoltaica ha incrementado su producción en España un 37,3% con respecto al curso pasado, situándose como la cuarta tecnología en el mix de generación del país. Las 62.000 familias y pymes que en 2007 representaban el 80% de la inversión total, se van convirtiendo cada vez más en una minoría. “Ahora que la industria está madura, es más barata, y todo el mundo sabe que el futuro está en las energías renovables, son las grandes empresas nacionales e internacionales las que copan al mercado”, explica Antonio Alcázar, presidente de la cooperativa La Jeresa, que aglutina 418 instalaciones con una producción de 4 megavatios. “Se están aprobando megaparques de 400 MW. La inversión social que prometían y que representaban los particulares ha desaparecido. El pez grande vuelve a comerse al pequeño”, apunta desde la oficina del parque. Dioni Ruiz (52 años), administrativa de la cooperativa, interrumpe: “Este mes nos han llegado cuatro correos de empresas extranjeras para comprar el parque. Están como locos, se aprovechan y quieren comprarnos a precio de saldo”.

—¿Qué les van a contestar?

Alcázar deja unos segundos y medita su respuesta.

—No está en venta. Ya nos han estafado suficiente.