El Gobierno y el PP acercan el pacto con un nuevo Poder Judicial obligado al consenso en todas sus decisiones

Las negociaciones discretas entre el Gobierno y el PP para salvar in extremis la última oportunidad de un pacto que renueve el bloqueado Consejo General del Poder Judicial avanzan más de lo que sus protagonistas admiten en público. El acuerdo final pasa ahora por imponer un amplio consenso para todas las decisiones que tome el órgano de Gobierno de los jueces, fundamentalmente para que solo puedan aprobar todos los nombramientos por mayoría cualificada de tres quintos —ahora se aprueban por mayoría simple la elección de presidentes de Audiencias Provinciales y de letrados del propio Consejo—. La misma mayoría cualificada se extendería a la aprobación de informes y dictámenes.

Esa posición, sobre la que PP y PSOE han ido modificando sus posturas y planteando reformas de la ley en los últimos años, pretende evitar que las decisiones más relevantes se tomen por mayoría absoluta en una organización dominada históricamente por jueces conservadores. Durante el primer mandato de José Luis Rodríguez Zapatero (2004-2008), la mayoría absoluta de vocales conservadores —debido en parte al bloqueo de dos años del PP para la renovación— informó en contra de leyes principales del Ejecutivo socialista, como la del matrimonio homosexual, finalmente validada por el Congreso, e incluso informó de leyes que no le correspondían.

Uno de los aspectos que más destaca en el PP de Alberto Núñez Feijóo es que “ahora el Ejecutivo de Pedro Sánchez sí está dispuesto a estudiar cómo reforzar, a través de los consensos necesarios, las competencias del Consejo General del Poder Judicial”, según fuentes de su dirección. Y se apuntan esa posibilidad como un éxito propio. También han considerado una baza a su favor haber logrado que el Ejecutivo se comprometa a suscribir ese acuerdo por escrito, donde se incluye evitar que cargos de uno y otro partido puedan formar parte del nuevo CGPJ.

El propio Feijóo subrayó este viernes desde la Comunidad Valenciana que los acuerdos deben ser por escrito porque los orales “son meras conversaciones”. El ministro de Presidencia, Félix Bolaños, asumió esa petición sin problemas y ratificó que habrá un pacto por escrito.

Feijóo lleva varios días de esta semana insistiendo en la idea de que el futuro nuevo Consejo tendrá que validar la mayoría de los nombramientos y sus documentos de trabajo por una mayoría de 3/5 de sus 20 vocales, lo que supondrá que siempre será necesario superar los bloques que se configurarán a través de las cuotas preestablecidas en el pacto, que contempla que 10 componentes serán impulsados por los miembros progresistas y otros 10 por los conservadores.

Esta pretensión supondrá variar el artículo 630 de la vigente Ley Orgánica del Poder Judicial, modificada por una propuesta del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero en 2005 que establece medidas para favorecer los consensos: “Los acuerdos de los órganos colegiados del Consejo General del Poder Judicial serán adoptados por mayoría absoluta de los miembros presentes, salvo cuando esta Ley Orgánica disponga otra cosa o cuando se trate del nombramiento de Presidentes de Sala y Magistrados del Tribunal Supremo, Presidente de la Audiencia Nacional y Presidentes de los Tribunales Superiores de Justicia en cuyo caso se requerirá una mayoría de tres quintos de los miembros presentes. Quien preside tendrá voto de calidad en caso de empate”. Es cómo se han llevado a cabo esos nombramientos en estos años con una dominante presencia de magistrados conservadores para esos puestos.

Nada más llegar al Gobierno, el socialista José Luis Rodríguez Zapatero emprendió la reforma legal del Poder Judicial, aprobada en 2005, que imponía para elegir a magistrados del Supremo una mayoría cualificada de tres quintos. Hasta ese momento bastaba con la mayoría absoluta del Consejo General del Poder Judicial. El Gobierno de los jueces había funcionado con mayorías conservadoras durante los dos mandatos de José María Aznar (1996-2004) que habían impuesto un cambio radical en la composición de la sala segunda de lo Penal del Tribunal Supremo. Cuando Aznar llegó al Gobierno había un equilibrio en esa sala de siete magistrados progresistas por seis conservadores, pero cuando abandonó el poder el PP, en 2004, el desequilibrio a favor de jueces conservadores era aplastante. El cambio legal obligó a una negociación permanente entre el grupo conservador y el progresista que se mantiene hasta hoy.

El PP de Pablo Casado ya presentó un proyecto para reformar ese planteamiento en octubre de 2020 con la intención de ampliar el sistema de mayorías reforzadas de tres quintos “a todas las decisiones del Consejo”. Pero habían sido los anteriores gobiernos del PP quienes habían huido de esas mayorías cualificadas que complicaban la toma de decisiones dentro del órgano de Gobierno de los jueces.

El PP recurrió en 2005 ante el Tribunal Constitucional el cambio auspiciado por el Gobierno de Zapatero y alegó entonces que aquella variación introducía “una minoría de bloqueo” en las decisiones sobre nombramientos del CGPJ, “lo que supone que el reparto de los nombramientos judiciales responda a equilibrios o cuotas políticas”. Aquel recurso del PP entendía incluso que esa modificación vulneraba “en primer término el mandato constitucional de imparcialidad, independencia y sometimiento exclusivo de los jueces al imperio de la ley (art. 117 CE), porque pretende que una minoría pueda bloquear cualquier acuerdo de la mayoría en el seno del CGPJ si no se produce un reparto que la satisfaga”. La sentencia dictada en 2012 por el Constitucional desestimó el recurso de los populares.

El PP de Feijóo sostiene ahora que hay que ampliar las mayorías reforzadas para otras decisiones del Consejo lo que garantizará que todos los nombramientos, incluyendo los de presidentes de Audiencias Provinciales que ahora se resuelven por mayoría absoluta, salgan adelante con un nivel importante de consenso. La asociación progresista Jueces para la Democracia se queja habitualmente de que estos puestos suelen estar tomados por magistrados conservadores, que son mayoría abrumadora en la carrera judicial.