Operación Recuperar Soberanía, el plan de las Fuerzas Armadas ante el referéndum del 1-O

Durante ocho segundos, los que tardó Puigdemont en suspender la declaración de independencia, se activó la maquinaria para llevar 3.500 militares a Cataluña

El general Fernando Alejandre, en un acto en Toledo en diciembre de 2019, cuando era Jefe del Estado Mayor de la Defensa.
El general Fernando Alejandre, en un acto en Toledo en diciembre de 2019, cuando era Jefe del Estado Mayor de la Defensa.Ángeles Visdómine (EFE)

17 de agosto de 2017. El jefe del Estado Mayor de la Defensa (Jemad), el general del Ejército Fernando Alejandre Martínez, pasa sus vacaciones en una casa rural en Cáceres cuando le llegan, por radio y televisión, las primeras y confusas noticias sobre el atentado de La Rambla, donde una camioneta ha arrollado a la multitud, dejando un reguero de 15 muertos y más de un centenar de heridos. Desde que un camión irrumpió en 2016 en la celebración de la Fiesta Nacional en Niza (Francia), vehículos de transporte se han usado como instrumento de terror en media docena de ciudades europeas. Todo apunta a que se trata del mayor ataque yihadista en España desde el 11-M de 2004.

Alejandre recibe la llamada del general Francisco Rosaleny, jefe del Centro de Inteligencia de las Fuerzas Armadas (CIFAS), que depende directamente de él. El director del CNI militar le advierte de las señales de alarma que llegan desde Cataluña, no solo por la amenaza del terrorismo, sino también por el referéndum independentista que el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, ha anunciado para el próximo 1 de octubre. El jefe de la cúpula militar le pide a Rosaleny que transmita a la Moncloa su disposición para trasladarse a Madrid tan pronto como sea convocado el Consejo de Seguridad Nacional y le ordena mantenerlo al corriente de cualquier novedad a través del oficial de enlace del CIFAS en el CITCO (Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado), dependiente de la Secretaría de Estado de Seguridad.

Horas después, el general del CIFAS llama a su jefe para comunicarle que en la Moncloa le han hecho saber que, dada la delicada situación política de Cataluña, no está previsto reunir el Consejo de Seguridad Nacional, que preside Mariano Rajoy. Eso sí, le aseguran que el ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, está en contacto permanente con la ministra de Defensa, María Dolores de Cospedal, y que el representante del CIFAS en el CITCO será “oportunamente” informado de cualquier novedad. A Alejandre le queda claro que no se cuenta con las Fuerzas Armadas para afrontar el envite.

“El simple hecho de pensar que nadie iba a convocar a los órganos de la seguridad nacional [...] me confirmó los peores temores. No me preocupaba solo la situación en Cataluña a raíz de los atentados de las Ramblas, sino lo que podía ocurrir en un futuro casi inmediato. Estábamos a menos de 50 días de algo tan público, pero que nadie parecía tomarse muy en serio, como era la convocatoria de un referéndum absolutamente ilegal”, escribe el entonces Jemad en su libro de memorias Rey servido y patria honrada (Ediciones Deusto, 2022), en el que se basa parte de esta reconstrucción.

Una persona que entonces tuvo responsabilidades en la Moncloa reconoce que, si los atentados se hubieran producido en otro lugar que no fuera Cataluña, se habría reunido el Consejo de Seguridad Nacional. Pero de haberlo hecho, alega, se habría abierto el debate sobre la adopción de medidas excepcionales en la comunidad autónoma, lo que se quería evitar a toda costa.

Alejandre había sido ascendido a la cúspide de la cadena de mando militar apenas cinco meses antes. Cospedal lo eligió tras realizar un casting entre generales, quizá por su trato directo o su experiencia internacional, pues había desarrollado parte de su carrera en la OTAN y en ese momento era segundo jefe de la Fuerza Conjunta de la Alianza, en Brumsum (Países Bajos), aunque otros lo consideraban demasiado impetuoso, “como buen zapador paracaidista”.

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Tras la decepcionante respuesta de la Moncloa, el Jemad llama al Comandante del Mando de Operaciones (Cmops), teniente general Fernando López del Pozo, y le confiesa su inquietud ante lo que percibe como falta de previsión del Gobierno en una coyuntura que él considera muy grave. Le pide que vaya revisando y, si es preciso, actualice los planes de contingencia que tienen las Fuerzas Armadas para este tipo de situaciones.

Nada más regresar a Madrid, convoca por separado a su despacho de la calle Vitrubio al teniente general Del Pozo, al general Rosaleny y al jefe de la División de Estrategia del Estado Mayor Conjunto, el general Juan José Leza. Tras impartir instrucciones a cada uno, los cita a una reunión conjunta. Será la única que se celebre.

“En vista de la sensibilidad de la situación y de la necesidad de que todos nuestros planes tuvieran un adecuado nivel de reserva, decidí que yo sería la única persona con conocimiento del dibujo completo y que iría despachando con mis subordinados aspectos puntuales que evitaran cualquier filtración de lo que íbamos a planear y, en su caso, ejecutar tan pronto obtuviera autorización de la ministra Cospedal”, escribe Fernando Alejandre en sus memorias.

Felipe VI, junto al entonces presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, a la izquierda, y el de la Generalitat, Carles Puigdemont, en la manifestación contra los atentados de La Rambla y Cambrirls, el 26 de agosto de 2017.
Felipe VI, junto al entonces presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, a la izquierda, y el de la Generalitat, Carles Puigdemont, en la manifestación contra los atentados de La Rambla y Cambrirls, el 26 de agosto de 2017. Andreu Dalmau (EFE)

El Jemad despachó con la ministra de Defensa el 26 de agosto, después de que esta regresara de Barcelona, donde había participado en el acto de repulsa por los atentados de La Rambla y Cambrils. Según Alejandre, Cospedal no podía ocultar su “indignación y preocupación” ante “aquella manifestación terrible en la que se ultrajó a SM [Su Majestad] y se insultó a los miembros del Gobierno y a España”. En lo que muchos vieron como una encerrona de los independentistas, el Rey y Rajoy fueron recibidos con pitidos, abucheos y banderas esteladas.

Alejandre le contó a Cospedal los pasos que ya había dado y le pidió que le diera una directiva política, una orden para dar cobertura legal a lo que estaba haciendo y a lo que pensaba hacer. Para evitar filtraciones, según Alejandre, la ministra le pidió al general que redactara él mismo el borrador de la directiva y así lo hizo. Un par de días después, se la devolvió firmada. “Además de patriota, era valiente”, escribe Alejandre de Cospedal.

La directiva, que nunca se ha hecho pública, tenía forma de carta y solo constaba de un par de párrafos. En la misiva, la ministra ordenaba al Jemad, de manera genérica, que pusiera en marcha el planeamiento y tomara las medidas necesarias por si la situación en Cataluña se desbordara y las Fuerzas Armadas tuvieran que intervenir en el marco del ordenamiento jurídico y la Constitución.

Integridad territorial

Alejandre pidió al general Del Pozo (Cmops) que creara un reducido equipo de planeamiento para elaborar, a partir de los planes vigentes, uno específico para Cataluña. Se partió del Cota de Malla, el plan de contingencia que prevé el apoyo de las Fuerzas Armadas a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado (FCSE) en la lucha contra el terrorismo y para “preservar la seguridad y bienestar de los ciudadanos en los supuestos de grave riesgo, catástrofe, calamidad u otras necesidades públicas”, según la Ley Orgánica de Defensa Nacional de 2005. Se ha activado varias veces, con motivo de la celebración en España de eventos internacionales, como la reciente cumbre de la OTAN, o tras los atentados del 11-M.

Esta vez, sin embargo, no se trataba de afrontar una amenaza terrorista o un problema de orden público, sino de atajar un riesgo para la integridad territorial; uno de los cometidos que el artículo octavo de la Constitución encomienda a las Fuerzas Armadas. Así lo revela el nombre que se dio a la operación: Romeo Sierra. Las letras RS corresponden en el alfabeto fonético de la OTAN a su denominación real: Recuperar Soberanía. Es el mismo nombre que se dio a la operación para recuperar el islote de Perejil, ocupado por Marruecos en 2002. De algo parecido se trataba en Cataluña, según los redactores del plan.

Era un plan escalable, que requería el visto bueno político para ascender cada peldaño. La primera fase, que se puso en marcha de inmediato, consistía en prestar apoyo logístico a los más de 5.000 efectivos del Cuerpo Nacional de Policía y la Guardia Civil que se desplazaron a Cataluña con motivo del referéndum. El Ejército trasladó literas, taquillas, cocinas y duchas al cuartel de Santa Eulalia, en Sant Boi de Llobregat (Barcelona), para alojar a los agentes y policías.

El general Alejandre temía, según reconoce, que grupos organizados, como los Comités de Defensa de la República (CDR), pudieran irrumpir en algún acuartelamiento y humillar a las Fuerzas Armadas con actos de ultraje a la bandera o acceso a instalaciones sensibles. Por eso, ordenó elevar el nivel de alerta de las unidades militares en Cataluña de Bravo (el segundo grado de una escala de cuatro) a Bravo Plus (el segundo reforzado con elementos del tercero) y se incrementó el personal de algunas instalaciones para cubrir turnos de guardia reforzados, como en la Comandancia Naval de Barcelona, cerca de la emblemática estatua de Colón.

También se trasladó al cuartel de Sant Boi maquinaria pesada para despejar el acceso al puerto de Barcelona, donde estaba atracado el famoso buque de Piolín (uno de los cruceros fletados por Interior para alojar guardias civiles y policías), ante el riesgo de que los manifestantes bloquearan su salida con barricadas.

La tercera fase del plan atribuía a las Fuerzas Armadas la protección exterior de sus instalaciones e incluía la sustitución de policías y guardias civiles por militares en la protección de infraestructuras críticas fuera de Cataluña, lo que permitía liberar efectivos de las Fuerzas de Seguridad si había que reforzar su presencia en la comunidad autónoma.

La última fase suponía ya la implicación directa de las Fuerzas Armadas en el restablecimiento del orden público. La técnica, ensayada por los militares españoles en los Balcanes, se denominaba Green Box en terminología OTAN. Consiste en acordonar con personal militar la zona donde se están produciendo disturbios para crear una “caja segura” en la que la policía tenga libertad de acción (Blue Box) sin temor a verse rodeada por los alborotadores o a que estos reciban refuerzos desde el exterior.

A finales de septiembre, los ministerios de Interior y Defensa celebraron una reunión al máximo nivel: participaron los ministros Zoido y Cospedal, el secretario de Estado de Seguridad, José Antonio Nieto, el Jemad, el jefe del Mando de Operaciones y el coronel de la Guardia Civil Diego Pérez de los Cobos, responsable de coordinar el dispositivo policial para impedir el referéndum del 1-O. La reunión fue “decepcionante”, en palabras de Alejandre, pues los mandos de Interior, especialmente Pérez de los Cobos, estaban convencidos de tener todo bajo control y confiaban en la lealtad de los Mossos de Esquadra, en contra de la información que tenía el jefe de la cúpula militar.

Pese a que Interior rechazó la oferta de colaboración de las Fuerzas Armadas, Alejandre decidió firmar, dejando la fecha en blanco, la orden de activación de la Operación Romeo Sierra y a partir de ese momento la llevó siempre consigo. Activarla supondría el traslado a Cataluña de hasta una brigada completa del Ejército de Tierra, unos 3.500 efectivos, con el objetivo de apoyar a las Fuerzas de Seguridad. ¿De dónde saldrían?

Tras el verano, numerosas unidades militares recibieron orden de prepararse para hacer maniobras, lo que les obligaba a alistar al personal (suspendiendo los permisos), repostar los vehículos y aprovisionarse. En el último momento, se anulaba el ejercicio y no llegaban a salir del cuartel, pero ya estaban listas si se las necesitaba. Algunas de ellas sí rotaron haciendo ejercicios en el Campo de Maniobras de San Gregorio (Zaragoza), que registró una inusitada actividad ese otoño, de forma que siempre había una unidad adiestrada y plenamente operativa a solo 300 kilómetros de Barcelona. Sería la punta de lanza si había que ejecutar el plan.

El publico congregado ante el Parlament el 10 de octubre de 2017, cuando Puigdemont declaró la independencia de Cataluña, a la izquierda, y después de que la suspendiera, derecha.
El publico congregado ante el Parlament el 10 de octubre de 2017, cuando Puigdemont declaró la independencia de Cataluña, a la izquierda, y después de que la suspendiera, derecha. Iván Alvarado (REUTERS)

Cuando el 10 de octubre Puigdemont proclamó la independencia de Cataluña, Alejandre llamó inmediatamente al Mando de Operaciones para ordenar la activación de la Operación Romeo Sierra, lo que suponía el envío de refuerzos militares a la comunidad autónoma. El Jemad no había hablado con Cospedal antes de dar ese paso pero eso era, ha asegurado Alejandre a EL PAÍS, lo que ambos tenían acordado para el caso de que la situación llegara a ese extremo.

Tras colgar, se disponía a llamar a la ministra para comunicárselo. No tuvo tiempo. En ocho segundos (22, según otras mediciones), Puigdemont dejó en suspenso la recién proclamada república catalana y Alejandre llamó de nuevo al comandante del Mando de Operaciones para desactivar la maquinaria que acababa de poner en marcha: “¡Parad! ¡Parad!”. La distribución del plan entre las unidades que debían ejecutarlo se frenó antes de que llegara a iniciarse.

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Sobre la firma

Miguel González

Responsable de la información sobre diplomacia y política de defensa, Casa del Rey y Vox en EL PAÍS. Licenciado en Periodismo por la Universidad Autónoma de Barcelona (UAB) en 1982. Trabajó también en El Noticiero Universal, La Vanguardia y El Periódico de Cataluña. Experto en aprender.

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