Villarejo busca esquivar su primera condena

A José Manuel Villarejo se le acaban las oportunidades. Y el tiempo. La Audiencia Nacional acogerá esta semana las últimas sesiones del primer gran juicio al comisario jubilado, según la previsión del tribunal. Casi un año después de que arrancase esta mediática vista oral, la defensa del antiguo agente de la Policía podrá exponer ahora sus conclusiones e intentará contrarrestar la batería de pruebas que han presentado las acusaciones —confesiones, audios, documentación, informes policiales...—. Después, ya como guinda del pastel, el propio Villarejo tendrá la oportunidad de hablar para ejercer su derecho a la última palabra. Los jueces prevén que lo pueda hacer este martes.

Así, cuando el juicio quede visto para sentencia, se inaugurará un nuevo escenario. El tribunal, presidido por la magistrada Ángela Murillo, se pondrá a trabajar en una sentencia que marcará el futuro de la macrocausa bautizada oficialmente como caso Tándem, y popularmente como caso Villarejo, de la que esta vista oral es una pequeña parte —en ella se han enjuiciado solo tres de las más de 30 líneas de investigación del sumario—. Además, un dictamen desfavorable para el comisario abre la puerta a su vuelta a prisión, donde pasó más de tres años de forma provisional y de donde salió en marzo de 2021.

Villarejo, para quien la Fiscalía pide más de 80 años de cárcel, sabe el oscuro horizonte al que se enfrenta y, por ello, su defensa escudriñará esta semana cualquier recoveco que le permita esquivar una primera condena. Lo tendrá difícil. Su abogado ya intentó retrasar el juicio, trató de anular los audios que el comisario grabó durante años para sus negocios; quiso recusar a los magistrados del tribunal; y denunció irregularidades en la instrucción. Sin éxito.

Estas son las principales cartas que la acusación ha puesto sobre la mesa para encerrar al comisario, que se queda cada vez más solo en la cúspide de la trama después de que algunos de sus colaboradores se desmarcasen de él:

Los clientes confesos. La Fiscalía se esforzó para llegar a juicio con un gran as bajo la manga: la confesión de los clientes que se hicieron con los servicios de Villarejo para proyectos de espionaje. Previo pacto con el ministerio público, los responsables del bufete Herrero & Asociados; Susana García-Cereceda, heredera del promotor que levantó la urbanización de lujo La Finca en Pozuelo de Alarcón (Madrid); y los hermanos Fernando y Juan Muñoz-Tamara, empresarios, han admitido durante la vista que contrataron al comisario para que les facilitara datos confidenciales.

La Policía. El inspector número 111.470, principal investigador del caso Villarejo, describió la “compleja estructura societaria” diseñada presuntamente por el comisario para ocultar y mover el dinero que obtenía de su actividad ilícita, con tentáculos en el extranjero. El inspector desgranó toda la documentación incriminatoria que se le intervino y recalcó que Villarejo “abusaba de su condición policial” para vender información sensible de las víctimas para después, incluso, chantajearlas en beneficio de sus clientes.

Hacienda. El paso de los peritos de la Agencia Tributaria por la Audiencia ahondó más en la herida. Describieron el grupo empresarial de Villarejo como “un entramado societario muy grande”, en el que se producían “considerables movimientos de capitales en el exterior” y en el que las compañías cambiaban de nombre varias veces. En su opinión, existía intención de ocultar sus trabajos por la forma en que se cobraban.

Sus audios. La afición del comisario por grabar sus conversaciones se ha convertido en un arma contra él. Su defensa lo sabía y, desde que empezó el juicio, trató de anular los audios para que no valiesen como prueba. En esas grabaciones, reproducidas en la vista, se desvelan sus tejemanejes y se le escucha contar cómo elaboraba informes “con datos que hemos conseguido de aquella manera…”: “Que no conviene poner a disposición de la justicia”.

Las víctimas. En las sesiones del juicio se ha escuchado otro relato que, hasta ahora, apenas había tenido eco: el de las víctimas de Villarejo, que narraron cómo sufrieron “seguimientos”, ataques a su intimidad, intentos de extorsión… Una de las declaraciones más intensas la protagonizó Yolanda García-Cereceda, hija del fallecido promotor de La Finca. Su propia hermana, Susana, ordenó espiarla. “Había muchos intereses económicos envueltos y hasta el perjuicio de quitarme a mis hijos”, explicó Yolanda, que acusó a su familiar de “usar” a Villarejo para mantenerla incapacitada judicialmente: “Lo usó para alargar el tiempo de mi incapacidad, que estaba gestada para que fuera de por vida... Mi herencia no la he visto. No he podido tener ni un día de vacaciones con mis hijos hasta que recuperé mi capacidad”, describió emocionada.

“Está siendo bastante duro”, añadió también Francisco Urquía, un abogado al que la trama grabó consumiendo estupefacientes para presuntamente extorsionarle, al igual que a su cliente, el empresario Mateo Martín. Este último afirmó que, incluso, se sintió “amenazado” y en peligro, y explicó cómo llegó a irse a vivir con sus hijos a la casa del pueblo porque se encuentra sobre una panadería donde hay alguien las 24 horas.

Tampoco se quedaron cortos los socios y trabajadores del bufete Balder, espiado por orden del despacho rival Herrero & Asociados. Estos detallaron seguimientos en coche y “visitas rarísimas” de desconocidos con nombres falsos que les preguntaban por su trabajo. Afirmaron que se generó una “psicosis” que también sufrieron sus familiares. Así lo describía la mujer de uno de ellos: “Saben todo de mí, todo lo que hago. Dónde hago la compra, dónde vivo, con quién y dónde como el fin de semana, a qué colegio van mis hijos, qué actividades extraescolares tienen… Saben mi vida”.