La eliminación del impuesto de patrimonio no atrae fortunas de otras comunidades autónomas

El impuesto de patrimonio representa una parte ínfima de los ingresos de las comunidades autónomas de régimen común. El grueso procede de los recursos del sistema de financiación, pendiente de renovar desde 2014. El Estado también les cede el 50% de la recaudación por el IVA y el 58% por los impuestos especiales sobre el alcohol o hidrocarburos. La justificación del presidente de Andalucía, Juan Manuel Moreno, de suprimir patrimonio para atraer a empresarios de Cataluña o recuperar a grandes capitales que se habrían afincado en Madrid, gobernada también por el PP y la única comunidad de toda España que bonifica al 100% el impuesto que grava la riqueza, no se sustenta en datos sólidos. Se trata, más bien, de un discurso con un fuerte componente ideológico dirigido a los sectores más pudientes de la derecha y que supone una pérdida de inversión para servicios públicos esenciales, sostienen el PSOE y los expertos consultados.

“No hay estudios contrastados que se hayan publicado que demuestren un traslado importante de contribuyentes por este motivo. La fiscalidad no es determinante en este sentido, hay otros elementos para tomar la decisión de residir en otra comunidad como las razones laborales o de índole personal”, explica Carlos Cruzado, presidente del Sindicato de Técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha). Los gobiernos de Extremadura, Castilla-La Mancha o Aragón, tan próximos a Madrid, corroboran esa impresión. Otra cuestión es el mensaje implícito que conlleva la defensa de eliminar un impuesto tan selecto: patrimonio grava la riqueza de los contribuyentes superior a los 700.000 euros y tiene en cuenta los bienes muebles e inmuebles. “Es cierto que [eliminar patrimonio] no tiene una repercusión económica importante en los ingresos, pero estamos hablando de los impuestos redistributivos de la riqueza. El FMI decía en junio de no bajar impuestos y atender a los más vulnerables. Y si hay una caída de ingresos suele tener una repercusión en el gasto social. De hecho, Madrid y Andalucía son casualmente las comunidades donde hay menor inversión en sanidad y educación públicas por habitante”, incide el presidente de Gestha. Andalucía invirtió 1.398 euros de promedio en 2020 y Madrid 1.491 euros, por debajo de la media nacional (1.638 euros). En cabeza se situaron País Vasco (1.948 euros) y Asturias (1.892). Madrid figura a la cola en el gasto público por alumno en enseñanza no universitaria en 2019 con 5.148 euros y Andalucía es penúltima con 5.442 euros. El promedio en España fue de 6.230 euros, con Euskadi y Navarra en las primeras posiciones (9.868 y 7.981 euros respectivamente).

En el caso de Andalucía, la comunidad más poblada con 8,5 millones de habitantes, Cruzado destaca que la Junta recaudó 93 millones en 2020 por patrimonio y lo abonaron 18.000 declarantes. Unos 20.000 contribuyentes andaluces tributaron por este impuesto en el último ejercicio -el presupuesto andaluz, prorrogado, fue de 43.800 millones-, en el que la recaudación ascendió a 120 millones, un incremento del 30%. La supresión del impuesto supondrá un beneficio directo para el 0,2% de los residentes en Andalucía. Las familias más ricas se ahorrarán 5.800 euros al año. “A los ricos andaluces les ha tocado el Gordo de Navidad por anticipado. El décimo se lo ha regalado el PP, pero los 120 millones de ese décimo lo han pagado los andaluces. Y lo que les perdonan a los ricos lo terminan pagando la clase trabajadora”, criticó Alfonso Rodríguez Gómez de Celis, vicepresidente primero del Congreso y secretario de Política Municipal del PSOE.

El número de contribuyentes que tributan por patrimonio en comunidades vecinas gobernadas por el PSOE tampoco es elevado. Según los últimos datos de la Junta de Extremadura, 1.200 ciudadanos —de una comunidad con un millón de habitantes— pagaron el impuesto reservado a los más ricos. Una cifra similar a la de 2015, según fuentes del Gobierno de Guillermo Fernández Vara. Con un presupuesto de 7.000 millones para este año, Extremadura ingresó 5,3 millones por el impuesto de patrimonio (4.400 euros de promedio de quienes lo abonaron). Castilla-La Mancha recaudó menos de 70 millones —para un presupuesto de 13.000 millones— según los últimos datos disponibles: hubo unos 3.000 contribuyentes por patrimonio en una autonomía con una población de dos millones. Aragón ingresó 48,3 millones de 14.812 contribuyentes, menos del 1% de la población, para un presupuesto de 7.500 millones.

“Estamos asistiendo a un discurso ideológico, neoliberal y que agita una vez más el espantajo de Cataluña, pensado para ocupar el espacio de la extrema derecha con vistas a las elecciones del próximo año”, afirma Pilar Blanco-Morales, vicepresidenta primera y consejera de Hacienda de Extremadura. “Se trata de un discurso inconsistente, que olvida la deuda pública que España tendré que pagar [en julio equivalía al 116,83% del PIB] y con un mensaje muy negativo e insolidario. La recaudación por patrimonio puede parecer poca, pero por ejemplo en nuestro caso se acerca al presupuesto que destinamos a los comedores escolares”, apostilla. “Hay que impedir la competencia fiscal desleal entre autonomías”, ya pedía Emiliano García-Page en una entrevista con EL PAÍS en 2020. El presidente de Castilla-La Mancha proponía que el Gobierno recuperase la gestión de impuestos como sucesiones y donaciones para fijar un mínimo de tributación que fuese igual en las comunidades de régimen común.

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha recordado esta semana que fue un Gobierno del PSOE el que eliminó el impuesto de patrimonio en toda España. José Luis Rodríguez Zapatero lo suprimió de facto en 2008 cuando España nadaba en la abundancia, y lo recuperó en 2011, al final de su mandato, ante la crisis que vivía España para que las comunidades tuvieran un recurso extra. Mariano Rajoy ganó a finales de ese año las elecciones por mayoría absoluta, con España sumida en la Gran Recesión, y aunque la medida de Zapatero era para dos años máximo, el nuevo Gobierno del PP fue prorrogando el impuesto. Las autonomías, en función de su competencia para fijar gravámenes y exenciones, lo han eliminado como Madrid -Esperanza Aguirre lo quitó en 2009- o lo han reducido solo a las grandes fortunas, como sucede en la mayoría de las autonomías. Recién salidos de la pandemia e instalados en una nueva crisis, esta vez por las consecuencias económicas y sociales de la guerra de Ucrania, el Gobierno de Pedro Sánchez resalta la contradicción que supone que Andalucía, una de las comunidades que se sienten más perjudicadas por el sistema de financiación y reclaman más recursos al Gobierno, haya entrado en la competencia fiscal a la baja. Una carrera a la que se quiere sumar Murcia, otra comunidad del PP, que estudia eliminar patrimonio y rebajar el IRPF.