El Gobierno replica la ofensiva fiscal del PP anunciando que “explora” un impuesto a las grandes fortunas

La ministra de Hacienda revela que el Ejecutivo ahora sí estudia una propuesta de Unidas Podemos para que los ricos paguen más

La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, a su llegada este miércoles a la sesión de control al Gobierno en el Congreso.
La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, a su llegada este miércoles a la sesión de control al Gobierno en el Congreso.Eduardo Parra (Europa Press)

La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha revelado este miércoles en el Congreso que “todo el Gobierno” está barajando ya la posibilidad de introducir un impuesto a las grandes fortunas, como había reclamado hace tiempo Unidas Podemos, uno de los socios del Ejecutivo de coalición, en réplica a la ofensiva de rebajas fiscales del PP en este año electoral. “La capacidad de discutir sobre las figuras tributarias del sistema de financiación autonómica tiene que estar en el marco del sistema de financiación. Eso es lo que corresponde, con independencia de que el Gobierno siga explorando ámbitos donde se les pida mayor esfuerzo a aquellos que más tienen”, ha comentado Montero. La ministra mantiene desde hace varias semanas contactos discretos con Unidas Podemos, y otros aliados habituales del Gobierno, para negociar el próximo y último proyecto de presupuestos de la legislatura, pero la propuesta del tributo a los ricos está aún por perfilar.

María Jesús Montero ha aclarado así en este contexto claro de precampaña que ese debate abierto en el Ejecutivo para que en esta situación de crisis aporten más los que más tienen ya se ha hecho con las grandes empresas energéticas y la banca, con el nuevo gravamen respaldado por la mayoría del Congreso. Y ha indicado que ahora le debería tocar el turno en esa línea fiscal a los poseedores de las grandes fortunas. “Hay que pedir en este momento una mayor aportación a los que más tienen para permitir el transporte público gratuito, los 200 euros a las rentas por debajo de 14.000 euros, seguir bajando el IVA de la factura de la electricidad, tener la capacidad de dar una beca a los alumnos que tienen más de 16 años”, ha enumerado Montero. Y ha concluido: “En definitiva, tenemos que pedirles un esfuerzo a los que más tienen para acompañar a la clase media y trabajadora de nuestro país”.

La demanda de implantar en el sistema fiscal español un tributo para las grandes fortunas ha sido una reclamación permanente de Unidas Podemos durante toda la legislatura y la discusión llegó al Congreso por última vez el pasado 7 de junio. El PSOE, sin embargo, lo rechazaba porque no le parecía una medida oportuna y completa. En aquella ocasión se alió en su oposición con el PP, Vox y Ciudadanos. Su portavoz en aquel debate, la socialista Patricia Blanquer, cuestionó el aspecto “recentralizador y no consensuado” con las autonomías de esa propuesta tributaria, y abogó por una discusión menos parcial y más amplia en el marco de la reforma fiscal pendiente. El alargamiento de la crisis por la guerra en Ucrania, el descontrol de la inflación y la carrera de rebajas fiscales ofrecidas por autonomías del PP han convencido al sector socialista del Ejecutivo de que ha llegado el momento de replantearse también esa situación, aunque por ahora en una fase muy incipiente.

El Gobierno estudia varias fórmulas para que los más acaudalados contribuyan más con independencia de que más adelante aborden la armonización del impuesto de patrimonio y el de sucesiones y donaciones. Pero esto último sería en una fase posterior en el marco de la reforma del sistema de financiación autonómica, que no está previsto abordar hasta la próxima legislatura. Entre las vías que el Ejecutivo tiene sobre la mesa para que los más ricos tributen más figura un recargo adicional en el IRPF para las rentas más altas o un nuevo tributo que grave el aumento de riqueza. La implantación de la primera opción sería más rápida porque se podría incluir en los Presupuestos de 2023, que se presentarán en las próximas semanas. En el caso de que se tratase de una nueva figura tributaria sería necesario tramitarla como una nueva ley, lo que alargaría algo los plazos hasta su aprobación.

“En los momentos en que vivimos, ¿quién puede estar en contra de que los mayores patrimonios, las mayores rentas, los que tienen beneficios extraordinarios aporten más en beneficio de la clase media de nuestro país, que es la que hace un mayor esfuerzo fiscal?”, ha argumentado María Jesús Montero. Y ha razonado que, ahora, al Ejecutivo le parece que esta discusión sí es oportuna: “Es un momento bueno y adecuado para pedirle un mayor esfuerzo a los que más tienen. Aquí no se va contra nadie, aquí se está a favor de la clase media y trabajadora de nuestro país”.

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Aquella proposición de ley derrotada de Unidas Podemos, que también respaldaron entonces ERC, EH-Bildu, la CUP, Más País-Equo, el BNG y Compromís, tenía como objetivo crear un impuesto para las grandes fortunas de más de 10 millones de euros, con ocho tramos y tipos marginales, de entre el 3,6% y el 5%, y complementar así el impuesto de patrimonio. La idea de Podemos era que ese impuesto se recaudase a nivel estatal para evitar que las comunidades autónomas pudiesen bonificarlo, como ha ocurrido con el impuesto de patrimonio que grava las fortunas de más de un millón de euros y como ya ha hecho la Comunidad de Madrid y ahora quiere imitar Andalucía y anuncian otras autonomías gobernadas por el PP.

Montero aprovechó el debate y las polémicas de estos días, tanto por el anuncio del popular Juan Manuel Moreno de eliminar el impuesto de Patrimonio en Andalucía, como de Isabel Díaz Ayuso para presumir de que sigue así al “paraíso” fiscal madrileño, para precisar que aunque el Gobierno no se plantea ninguna “recentralización” de impuestos como la avanzada por el ministro José Luis Escrivá, sí estaría a favor de contemplar algún tipo de “armonización” de mínimos, como también han apoyado algunos de sus socios parlamentarios.

En España, en 2020 y según los datos registrados por la Agencia Tributaria, había casi 190.000 contribuyentes que abonaron el impuesto estatal de Patrimonio, por el que se recaudó unos 1.200 millones de euros. Ni la ministra de Hacienda ni otras fuentes del Ejecutivo pudieron aclarar este miércoles hasta dónde llegarán en el hipotético futuro gravamen a los ricos, cuando entraría en vigor esa medida, si sería obligatoria o si se aplicaría sobre el actual Impuesto de la Renta de las Personas Físicas (IRPF) o en otro tributo más específico. Todas esas precisiones están aún en estudio. Todas las fuentes consultadas apuntan, sin embargo, a que la propuesta para armonizar el impuesto sobre el patrimonio quedará para la siguiente legislatura y que debería encardinarse dentro del nuevo modelo de reforma fiscal y del futuro sistema de financiación autonómica, que lleva varios años prorrogado y sin avances.

El giro socialista ahora abre en cualquier caso la opción a que esa reivindicación se retome también en las conversaciones en marcha entre la propia ministra de Hacienda y los interlocutores de Unidas Podemos, Nacho Álvarez y Josep Vendrell, en la negociación para los presupuestos de 2023, que serán los últimos de este mandato. Montero aclaró este miércoles ante los periodistas que esa idea ahora forma parte de todo el Gabinete: “Estamos de acuerdo todos los miembros del Gobierno en que tenemos que pedir un mayor esfuerzo a las grandes fortunas, a las eléctricas, a la banca”.

Fuentes de Unidas Podemos mostraron su alegría porque el PSOE haya recogido esa propuesta que formaba parte de su agenda habitual de reclamaciones, aunque en las conversaciones ahora en marcha para los presupuestos de 2023 se había puesto el foco más en mayores inversiones para la política de vivienda, la ley de familias y mejoras para la dependencia. La ministra y secretaria general de Podemos, Ione Belarra, expresó este miércoles, en una entrevista en Onda Cero, que considera que los socialistas “aciertan” cuando se abren a este impuesto: “Esperamos que el PSOE se sume a nuestra propuesta, que no apoyó en el Congreso, y que tenga claro que a veces no se pueden conciliar intereses irreconciliables”.

Sobre la firma

Javier Casqueiro

Es corresponsal político de EL PAÍS, donde lleva más de 30 años especializado en este tipo de información con distintas responsabilidades. Fue corresponsal diplomático, vivió en Washington y Rabat, se encargó del área Nacional en Cuatro y CNN+. Y en la prehistoria trabajó seis años en La Voz de Galicia. Colabora en tertulias de radio y televisión.

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