El abogado de Luis Lorenzo denuncia la investigación por el presunto asesinato de su tía

La defensa enumera en un escrito diligencias supuestamente “injustificadas” y “sin control judicial” que afectan a los hijos menores de los acusados

Luis Lorenzo y Arancha Palomino a su llegada al juzgado con su abogado el pasado 17 de junio. Foto: ANTONIO GUTIÉRREZ (EUROPA PRESS) | Vídeo: EPV

El próximo día 15 de septiembre declararán en el Juzgado de Instrucción 9 de Arganda del Rey los médicos que atendieron a Isabel Suárez Arias, la tía de Arancha Palomino (esposa del actor Luis Lorenzo), que falleció el pasado 28 de junio de 2021 en circunstancias que aún siguen sin aclararse y que han llevado a la Guardia Civil a acusar al matrimonio de homicidio. El móvil del presunto crimen: la herencia de la anciana, de 85 años. El arma: veneno (la autopsia determinó la presencia de grandes cantidades de cadmio y manganeso en el cuerpo de la fallecida). Sin embargo, la defensa acaba de presentar un escrito para pedir la nulidad de buena parte del procedimiento judicial por considerar que, tras una investigación de más de un año desarrollada por el grupo de homicidios de la Comandancia de Madrid, se han cometido “graves irregularidades” y se han practicado “numerosas diligencias sin control judicial” y sin conocimiento de los acusados tras su detención el pasado 25 de mayo en su casa de Rivas-Vaciamadrid.

Por otra parte, y en relación a la parte troncal de la investigación, varios médicos forenses declararon ya en sede judicial que la presencia de altas dosis de cadmio y manganeso en un cadáver pueden deberse a un proceso bioquímico interno post mórtem, y no a un envenenamiento con esos metales pesados. Y en el registro posterior de la vivienda, no fueron hallados esos metales, salvo en un bote de tinte, donde es habitual que se encuentren, según el informe del laboratorio de criminalística.

Estos son las supuestas irregularidades denunciadas en el escrito presentado por la Defensa para pedir la nulidad:

Diligencias ampliatorias. Son las que se han realizado tras más de un año de investigación, con tres meses bajo secreto. Se trata de las exploraciones realizadas a los menores, los de hijos de 10 y 11 años del matrimonio; de las manifestaciones tomadas a algunos familiares y a la funeraria y de datos referentes a triangulaciones telefónicas. Según la defensa de los acusados, la ampliación de las diligencias es “innecesaria” y nada aporta a una investigación por homicidio, pero sobre todo, “ha de venir justificada por la aparición de nuevos hechos”, que no han existido en este caso. Según el escrito presentado por el abogado, parece, más bien, que se producen “como contestación a la línea de defensa que siguen los investigados. La defensa califica el informe de la Guardia Civil de “subjetivo, parcial y sesgado”, y denuncia que tiene un “tono acusatorio”.

Sin control judicial. Según la defensa, las diligencias ampliatorias se han realizado “careciendo de cualquier tipo de control judicial [...] transgrediendo de esta forma el ejercicio del derecho a la defensa”. Máxime en el caso de la exploración de los menores (los respectivos hijos de Arancha y Luis Lorenzo), que “la instructora manifestó no tener conocimiento de esas diligencias policiales”. Son numerosas las manifestaciones recogidas por los investigadores de la Guardia Civil a lo que llaman “personas del entorno de Grado ―el lugar de residencia habitual de la anciana―” que, según la defensa, “se han practicado sin haber sido acordadas por la autoridad judicial ni el Ministerio Fiscal”.

Los cotilleos de los vecinos. La defensa denuncia “la falta de rigor y seriedad” de la investigación por incluir como prueba de cargo unas grabaciones obtenidas de un grupo de WhatsApp de la comunidad de vecinos de Rivas-Vaciamadrid. Además, por contener conversaciones privadas, aduce que “vulnera el derecho a la intimidad”.

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Familiares y ex. Los investigadores tomaron declaración al exmarido de Arancha Palomino, a la madre y a la hermana de este. Una familia con la que la acusada ha mantenido un contencioso judicial que llevó al padre de su hijo a prisión: “Fue condenado a 22 meses de cárcel por un juzgado de Avilés en marzo de 2012 como autor de dos delitos de maltrato en el ámbito familiar”, recuerdan en el escrito. “Dichos testimonios, además de ilícitos, injustificados e irrelevantes, resultan manifiestamente tendenciosos”, señalan, “ya que nada puede aportar en una investigación de un presunto asesinato”.

Exploración de menores. Tienen 10 y 11 años. Son los hijos de Arancha Palomino y Luis Lorenzo, ambos concebidos con otras parejas. Estaban en la casa el día que falleció Isabel Suárez Arias y convivieron con la anciana en la vivienda familiar de Rivas-Vaciamadrid. “Fueron realizadas sin autorización judicial, fuera del proceso y, por ende, sin intervención de las defensas”, como advirtieron en sendos escritos el pasado 8 y 23 de junio ante la instructora. Esta última contestó que “dicha diligencia de investigación tenía carácter policial y no judicial”, pero según la defensa “el actuar de la policía judicial tiene que venir siempre amparado por una previa decisión judicial”, más aún en el caso de las exploraciones de menores. Además, en este caso, uno de ellos fue entregado a su progenitor, que se lo llevó a 400 kilómetros de distancia (Avilés), pese a que existía un régimen de visitas establecido por un juez tras haber sido condenado por maltrato familiar.

Sobre la firma

Patricia Ortega Dolz

Es reportera de EL PAÍS desde 2001, especializada en Interior (Seguridad, Sucesos y Terrorismo). Ha desarrollado su carrera en este diario en distintas secciones: Local, Nacional, Domingo, o Revista, cultivando principalmente el género del Reportaje, ahora también audiovisual. Ha vivido en Nueva York y Shanghai y es autora de "Madrid en 20 vinos".

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