La Audiencia Nacional reabre el ‘caso Dina’ para que se investigue a ‘la policía patriótica’

Nuevo giro en el enrevesado caso Dina, sobre el presunto robo en 2015 del teléfono de la exasesora de Pablo Iglesias y la difusión de sus contenidos. La Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ha ordenado reabrir el asunto para investigar si dicha sustracción fue una iniciativa del polémico comisario jubilado José Villarejo o fue “consecuencia de una orden dada por algún superior, en el marco de una operación realizada por la Dirección Adjunta Operativa de la Policía (DAO) sobre Podemos”. El tribunal estima parcialmente un recurso de Iglesias, al entender, como el fundador de Podemos, que la existencia de “una supraorganización criminal” y “su posible utilización para investigar ilegalmente al señor Iglesias y a Podemos no han sido investigadas”. Por ello, considera que la instrucción “no puede considerarse concluida”, al menos hasta que la Policía remita todos los documentos elaborados por Villarejo sobre Iglesias y la tarjeta sustraída a Dina Bousselham. Dicha “supraorganización” es la llamada policía patriótica, el grupo de altos funcionarios que supuestamente anidó en Interior cuando era ministro el popular Jorge Fernández Díaz y Eugenio Pino era el director policial adjunto a las órdenes de Ignacio Cosidó.

La Sección Tercera de la Sala de lo Penal —en un nuevo toque de atención al instructor, Manuel García-Castellón― ha estimado parcialmente un recurso del exvicepresidente del Gobierno y exlíder de Podemos Pablo Iglesias y ha revocado la decisión del juez de poner fin de la instrucción de esta pieza del caso Tándem o caso Villarejo. El tribunal ha acordado prorrogar esta línea de investigación durante dos meses más y ha ordenado que se requiera información a la Dirección Adjunta Operativa (DAO) de la Policía Nacional sobre si existen en dicho organismo copias de los oficios o notas informativas sobre Iglesias o sobre la tarjeta de Bousselham remitidos por José Manuel Villarejo entre el 1 de noviembre de 2015 y julio de 2016.

Los magistrados explican para argumentar la reapertura que, aunque Pino había negado haber recibido personalmente la tarjeta del teléfono, algunos de cuyos contenidos publicó Ok Diario, el entonces DAO “no descartó que se hubiese recibido por otras personas” de su departamento. Villarejo, por su lado, declaró que “el director general de la Policía, señor Cosidó, o el director adjunto operativo le pidieron que investigara y que esa fue la razón de que tuviese en su domicilio archivos del teléfono móvil de la señora Bousselham”, se lee en el auto.

Por este motivo, “se hace preciso esclarecer si el robo de dicho terminal, cuyos contenidos fueron incautados al señor Villarejo, fue por la propia iniciativa de este o consecuencia [de] una orden dada por algún superior –encargo análogo al que indiciariamente consta en la pieza 7–, en el marco de una operación realizada por la Dirección Adjunta Operativa de la Policía sobre Podemos o sus dirigentes, y si existe documentación de tales pesquisas”. La pieza 7 se refiere al espionaje ilegal a Luis Bárcenas, organizado presuntamente por Villarejo, Pino y sus subordinados por orden de Fernández Díaz para beneficiar al PP.

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La sala añade como elementos de convicción para continuar la investigación “la existencia del Informe PISA”, el documento con información falsa o inventada sobre presuntos delitos perpetrados por Pablo Iglesias, así como la publicación en la prensa “de un extracto de un oficio presuntamente remitido desde la DAO, fechado tan solo tres días después del robo del teléfono a la señora Bousselham, con seis notas informativas sobre Podemos”.

Además, el auto, del que es ponente el magistrado Carlos Fraile Coloma, deja claro cuál es el objeto del llamado caso Dina, que ha sufrido algunas desviaciones durante la instrucción de García-Castellón: “Está claro que el objeto de la presente pieza separada es el esclarecimiento de las conductas potencialmente delictivas del señor Villarejo y de otras personas con él vinculadas, relativas a la obtención y/o difusión, no autorizadas por la titular, de la información contenida en el terminal móvil antes referido”.

Lea el auto de reapertura del caso Dina. Si no puede leerlo, pinche aquí.