El Gobierno ensombrece las perspectivas económicas para meter presión a los partidos sobre el decreto de ahorro energético

La ofensiva del Gobierno sobre Alberto Núñez Feijóo no cesa para forzar la abstención del PP en el decreto de medidas de ahorro energético. La Moncloa ha cambiado de estrategia y ha pasado a la acción, dejando atrás las críticas que en el último año había recibido por la falta de pegada política del grueso del Ejecutivo, sobre todo desde la remodelación por la que Carmen Calvo y José Luis Ábalos salieron del Consejo de Ministros. Las reflexiones de que el Gobierno había perdido capacidad de respuesta frente a las críticas de la derecha, con el daño que implicaba para la imagen de Pedro Sánchez, parecen haber quedado atrás.

Algunos ministros han subido este miércoles varios grados más la presión sobre los populares a través de sucesivas entrevistas en vísperas de una votación crucial, que responde a las exigencias de Bruselas para reducir el consumo de gas un 7% en España —la mitad que en el conjunto de la UE— y para la que La Moncloa no tiene asegurados los apoyos necesarios. “El invierno va a ser durísimo, no concibo que [el decreto] no salga. Quiero creer que las fuerzas políticas van a estar a la altura de las circunstancias y de este compromiso con la UE”, ha resaltado la ministra de Defensa, Margarita Robles, en RNE, justo cuando se cumplen seis meses de la invasión de Ucrania. “No vamos a cejar en el empeño de convencer al conjunto de las fuerzas políticas, en especial al PP, que desde el primer día y casi sin mirarse el contenido de este real decreto ley dijo que no lo iba a apoyar, situándose fuera de las necesidades de este país”, ha cargado la responsable de Transportes, Raquel Sánchez, desde Televisión Española.

La coalición de PSOE y Unidas Podemos retoma así el inicio del curso político, con la amenaza de recesión en Europa de fondo y con toda la atención puesta en si el PP accede a facilitar la aprobación del plan de medidas de ahorro, en vigor desde principios de agosto. El Ejecutivo está dispuesto a tramitar el decreto como proyecto de ley, como adelantó EL PAÍS, lo que permitiría incorporar propuestas de otros partidos. Pero para hacerlo, el paso previo, y obligado, es que el decreto —necesita más síes que noes— se convalide en el Congreso con su contenido actual. Es decir, con los límites fijados al aire acondicionado de 27 grados en verano y de 19 de calefacción en invierno y al apagado de escaparates comerciales y edificios públicos desocupados a partir de las diez de la noche que critica el PP, pero también con las ayudas de 100 euros mensuales hasta diciembre para estudiantes a partir de 16 años, los abonos de Renfe de cercanías, rodalies y media distancia a partir del 1 de septiembre y ayudas directas a los transportistas de hasta 1.250 euros por camión. “Es capital que el decreto salga adelante, merece el respaldo de la Cámara de forma mayoritaria y unánime... Las cartillas de racionamiento [energético], desgraciadamente, pueden llegar a ser una realidad en países tan importantes como Alemania o Austria este invierno. No en nuestro caso, hemos facilitado medidas para reducir consumos redundantes: no necesitamos iluminar un escaparate por la noche o tener el termostato por encima o por debajo de la temperatura de confort”, ha aseverado la vicepresidenta tercera y ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, en Telecinco.

El Gobierno mantiene conversaciones discretas con la mayoría de grupos y es optimista, pese a que socios habituales como PNV y ERC no han fijado aún su posición. Pero toda la presión del Ejecutivo recae sobre Feijóo. El expresidente de Galicia ha llevado al PP por delante del PSOE en las encuestas en los cuatro meses que han transcurrido desde el relevo traumático de Pablo Casado, y el Gobierno se afana en las últimas semanas en rebajar y cuestionar su imagen de político moderado. En esa línea, la ministra de Ciencia, Diana Morant, ha instado al PP a “estar a la altura de Europa” desde los micrófonos de Catalunya Ràdio.

En medio de este choque frontal entre el Gobierno y el principal partido de la oposición, la Diputación Permanente del Congreso debate esta tarde la petición de comparecencias por parte del PP de siete ministros del Gobierno, cuya presencia extraordinaria reclaman para que rindan cuentas de la crisis energética, la ola de incendios, la sequía o la estrategia de vacunación por la viruela del mono.