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Sánchez pasa al contraataque para desautorizar a Feijóo

El Ejecutivo profundiza en las contradicciones con la renovación del Poder Judicial y aprieta con la votación del decreto de medidas de ahorro energético

Pedro Sánchez visitaba el lunes la localidad castellonense de Bejís, afectada por un gran incendio forestal.
Pedro Sánchez visitaba el lunes la localidad castellonense de Bejís, afectada por un gran incendio forestal.Pool Moncloa / Borja Puig de la Bellacasa (Moncloa)
Carlos E. Cué

El Gobierno está convencido de que el efecto Feijóo empieza a agotarse. Después de unos primeros meses desde su elección como relevo de Pablo Casado, en los que el PP no ha parado de subir en las encuestas y ha logrado en Andalucía un éxito arrollador, en La Moncloa y el PSOE creen que el expresidente gallego se ha enredado este verano en varias polémicas que demuestran que el salto a la política nacional no es tan sencillo y que el líder popular aún no tiene un equipo rodado ni conoce los temas de la agenda para evitar errores importantes. Algunos sondeos empiezan a detectar que la subida del PP se ha frenado ligeramente, aunque sigue claramente en cabeza, y los estrategas de Pedro Sánchez en La Moncloa y en el PSOE han optado por un arranque de curso con dos ejes: por un lado, el desarrollo de medidas contra la inflación y la crisis energética, con constantes iniciativas en la línea marcada en el debate del estado de la nación y la presentación de los presupuestos, y por otro, un ataque frontal y diario contra Alberto Núñez Feijóo para tratar de desacreditarlo y mostrarlo como un líder insolvente.

El Ejecutivo ha aprovechado este verano un enredo en el que se ha metido el propio Feijóo, que ha entrado en contradicción con la dirección de Pablo Casado a cuenta de un documento que firmaron el Gobierno y el PP para renovar el Tribunal Constitucional, para insistir en que el expresidente gallego “no es de fiar”. “Feijóo está quedando en evidencia. Es evidente que lo conocía [el papel], lo están diciendo sus compañeros de partido”, aseguró la ministra portavoz del Ejecutivo, Isabel Rodríguez, el lunes en una entrevista en TVE. “En España hay un dicho, que es que las mentiras tienen las patas muy cortas, y Feijóo se ha quedado paticorto”, apostilló la también ministra de Política Territorial.

Esta línea, en la que el Gobierno lleva todo el verano, con varios ministros entrando al choque directo con Feijóo, tendrá su continuidad y se verá este martes en la primera rueda de prensa del Consejo de Ministros tras el parón veraniego. Pero sobre todo el Ejecutivo quiere desmontar la idea que señalan las encuestas de que los ciudadanos ven a Feijóo como un líder moderado abierto a acuerdos frente a un Casado que se oponía a todo. La realidad es que el PP ya ha anunciado que votará en contra del decreto energético que irá el jueves al Congreso, y el Ejecutivo quiere sacarle partido a esa decisión que considera un nuevo error de Feijóo, porque en ese decreto no solo van medidas en línea con lo que están haciendo los demás países europeos y con lo que defendía el PP hace unas semanas, sino importantes ayudas para transportistas, por ejemplo, o la gratuidad de los abonos de transportes de cercanías y trenes que dependen del Gobierno central y la reducción hasta el 50% en los que dependen de las autonomías.

El Ejecutivo no dejará pasar la oportunidad en los próximos meses para recordar que Feijóo y los suyos votaron en contra de estas ayudas que pueden suponer un ahorro importante para las familias para compensar la inflación. De hecho, el PP, consciente de que tendrá un desgaste si vota en contra, ha señalado que está a favor de algunas medidas, pero su voto será “no” si el Gobierno no elimina algunas “frivolidades” como la prohibición de iluminar los escaparates por la noche o la exigencia de limitar el aire acondicionado en los comercios a 27 grados o 25 en algunos casos. Pero el voto en este momento es no, y la presión del Gobierno si finalmente se consolida será fuerte. No hay prevista ninguna conversación entre los dos partidos antes del jueves, aunque esto podría variar. El Ejecutivo da por hecho que Feijóo ha optado por una línea dura también por su competencia con Vox, y cree que siempre que pueda poner en dificultades al Gobierno votando en contra y forzándole así a buscar los apoyos de ERC o incluso de Bildu lo hará. En este caso, sin embargo, el PSOE no parece que vaya a tener muchas dificultades para lograr los votos, aunque nada es seguro hasta el jueves.

Mientras, el PP sigue enredado en los desmentidos con la anterior dirección a cuenta del papel pactado con el Gobierno para la renovación del Constitucional. Feijóo insiste en que Casado no le entregó el documento firmado por el entonces secretario general, Teodoro García Egea, y el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, en octubre del año pasado. “Ese documento no se nos entregó en el traspaso de poderes de una dirección a otra; por tanto, no existió para nosotros”, aseguró el lunes el coordinador general, Elías Bendodo. Sin embargo, Esteban González Pons, negociador del PP, admitió el miércoles pasado que Bolaños le había enseñado el papel firmado en una de sus reuniones. El Ejecutivo insiste en que Feijóo está mintiendo porque no solo todo su equipo —incluida Cuca Gamarra, que también era portavoz con Casado— conocía el documento, sino que él habló de ese texto con Pedro Sánchez en la primera y única reunión que mantuvieron.

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La Moncloa no va a soltar la presa y en el equipo de máxima confianza del presidente están convencidos de que Feijóo seguirá cometiendo errores de este tipo. De momento, en el Ejecutivo creen que lograrán en este mes de septiembre renovar el Constitucional y cambiar la mayoría, que ahora será progresista, y seguirán presionando al PP para renovar el Consejo General del Poder Judicial. Pero más importante que eso es tratar de llevar la iniciativa política con medidas de impacto frente a la inflación y la guerra en Ucrania —los presupuestos serán uno de los hitos centrales, si es que encuentran apoyos— y tratar de movilizar a la izquierda, cuya desmotivación es el gran problema político del Gobierno, según analizan en La Moncloa.

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