Una batalla sin tregua de 16 meses hasta las elecciones generales
El arranque de un curso político decisivo se adelanta a la última semana de agosto, tras un duro choque entre el PSOE y el PP por el bloqueo del Poder Judicial
Mientras el verano enfila sus últimas semanas con el país en las playas y en las terrazas, la política española libra una pelea sin cuartel que anticipa un otoño de alto voltaje. Los dos grandes partidos cierran agosto enzarzados en una nueva trifulca, incapaces de llegar al mínimo acuerdo para renovar el Consejo General del Poder Judicial, que suma más de tres años y medio de mandato caducado. En el último episodio de este largo desencuentro, Alberto Núñez Feijóo ha visto comprometida su palabra de que no conocía el acuerdo desvelado por EL PAÍS que su predecesor, Pablo Casado, había alcanzado con el Ejecutivo de Pedro Sánchez. A Feijóo le ha torpedeado el fuego amigo, porque el PP tiene todavía heridas de la traumática salida de su anterior líder. Pero el fuerte choque de esta semana es, sobre todo, el precedente de la durísima confrontación a la que van de cabeza el PSOE y el PP, y que reconocen en sus puestos de mando. No habrá tregua en el nuevo curso político, que es decisivo porque inicia una larga precampaña electoral de 16 meses hasta las generales.
En los partidos saben que el resultado de las elecciones vendrá marcado por el de las municipales y autonómicas de mayo —en solo ocho meses— y que, en septiembre del año que viene, estarán inmersos en plena campaña de las generales, previstas para diciembre de 2023. El curso político 2022/ 2023 es, por tanto, netamente electoral. La Moncloa no tiene tiempo que perder porque debe conjurar los aires de cambio de ciclo, como demuestra que el arranque se adelanta a la última semana de agosto, con toda la maquinaria del Gobierno en marcha. Los ejércitos toman posiciones para el comienzo de la gran batalla.
Todo empezó con las palabras de Feijóo en la entrevista de EL PAÍS el pasado domingo. El líder del PP se metió en un callejón de difícil salida cuando negó que su dirección tuviera conocimiento del acuerdo al que llegaron en octubre de 2021 el Gobierno y la cúpula anterior de su partido para reformar la Ley del Poder judicial. “¿Llegó a firmarlo el PP?”, se le preguntó a Feijóo. “Nosotros no lo tenemos. Creo que se pactó una lista, eso es lo que me han dicho, nada más”, contestó, tratando de esquivar el asunto. Dos días después, EL PAÍS publicó el documento firmado por el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, y el ex secretario general de los populares, Teodoro García Egea, hasta entonces secreto. El documento revela dos cosas: que el PP de Casado tenía un acuerdo con el Gobierno para renovar el Poder Judicial, así que en principio sería tan fácil como retomarlo. Y que entre lo pactado figuraba una reforma de la ley para poder nombrar solo a los magistrados del Constitucional. Es decir, que el PP de Casado había avalado la reforma que aprobó el Ejecutivo en julio con la airada oposición del PP de Feijóo. La salida a la luz del texto era un torpedo en la línea de flotación del PP.
Los populares se enredaron entonces en un laberinto de versiones dispares sobre si conocían o no ese pacto hasta ahora secreto. El fuego amigo acabó por enredarlo todo. La dirección anterior desmintió la versión de Feijóo sobre que Casado le había ocultado ese acuerdo. La tensión interna dejó al descubierto los puntos débiles del PP con el bloqueo del CGPJ. “A Feijóo el Gobierno le ha dejado en este tema con el culo al aire”, señala un dirigente de peso de la cúpula anterior.
El CGPJ es la arena donde se libra la primera fase de la batalla hasta las generales. Las posiciones parten tan ajustadas —el PP supera ligeramente al PSOE en las encuestas— que el espacio para el acuerdo se achica. Este es uno de los rasgos del curso que viene. En la interpretación que el Gobierno y el PP hacen del desencuentro se percibe una intensa desconfianza mutua. “Feijóo llegó con la intención de renovar el Poder Judicial. Se lo dijo él mismo al presidente y nos lo dijeron Cuca Gamarra y Esteban Gonzalez Pons en las primeras reuniones. Pero después el PP decidió que no lo iban a renovar. En la última reunión con González Pons, en julio, era clarísimo que ya no querían hacerlo. No hemos llegado negociar nada, pusieron mil excusas”, se quejan fuentes gubernamentales. En el equipo de Feijóo ofrecen otra versión: “Claro que hubo mucha negociación, pero no quisimos aceptar los pactos secretos a los que habían llegado Pablo y Teodoro. Al Gobierno le resultó muy frustrante que les dijéramos que con nosotros tenían que empezar de cero. Creen que venimos a romper; se pusieron nerviosos y emprendieron una huida hacia delante”.
Las dos partes se resisten, no obstante, a dar por enterrado para lo que queda de legislatura el acuerdo del CGPJ, conscientes de que el bloqueo supone una de las principales anomalías institucionales del país. “Ellos no tienen voluntad de renovar, pero quizá pueden cambiar de opinión por la presión de los jueces o de la sociedad. Nosotros vamos a seguir intentándolo”, relatan en el Gobierno. “Si no hacen una barbaridad en el Constitucional, no tendremos más remedio que sentarnos”, reflexionan en la cúpula del PP.
El episodio veraniego del Poder Judicial revela, según el Gobierno, que Feijóo empieza a mostrar sus costuras. La Moncloa intentará desmontar la imagen de moderación y solvencia del líder del PP, un rival mucho más correoso que Casado. Por contra, en el PP se extiende el convencimiento de que Feijóo está a las puertas de convertirse en presidente. “La pelota está en nuestro tejado. Feijóo tiene que seguir ampliando su equipo y perfilando su propuesta económica, pero el partido tiene la sensación de que vamos a gobernar en las siguientes”, apunta un presidente popular.
El Gobierno sabe que necesita un vuelco de la tendencia demoscópica y no va a perder ni un minuto. El inicio de curso se adelanta por eso a la última semana de agosto, con la celebración de un Consejo de Ministros el martes para aprobar un centro nacional de salud pública, y la convocatoria de un pleno el jueves, en el que se votarán tres leyes y tres reales decretos pendientes. El presidente arranca además con una gira latinoamericana en la que visitará Colombia, Ecuador y Honduras del 24 al 26 de agosto.
Sanchez obliga así a adelantar su regreso a Feijóo, que había previsto el arranque del curso el sábado 27 en el municipio gallego de Cotobade, y le pone una primera piedra en el camino. Esta semana se vota el decreto de medidas de ahorro energético que ha aflorado de nuevo las dos almas del PP, representadas en Isabel Díaz Ayuso y Feijóo. Este deberá decidir si valida un decreto para el que la presidenta madrileña ha anunciado un recurso de inconstitucionalidad, que no es secundado por Génova ni de momento por otras comunidades del PP. Feijóo tiene el reto de surfear el tsunami Ayuso y debe terminar además la reorganización territorial del PP.
Políticas progresistas
El PSOE también comienza el curso con deberes internos pendientes. Sánchez no ha culminado la operación de regreso al PSOE clásico que empezó con la remodelación del partido en julio, y que tiene en Patxi López, nuevo portavoz parlamentario, a uno de sus principales exponentes. Esta semana ha descartado que vaya a ejecutar próximamente un cambio de Gobierno, pero sería lógico que los movimientos en el PSOE tuvieran correlación en el Ejecutivo. Tiene tiempo. En Unidas Podemos creen que Sánchez va a finalizar la legislatura con un Gobierno más compacto, lo que implicaría también una reducción de sus ministerios a escala proporcional.
La estrategia del Ejecutivo seguirá la línea marcada por Sánchez en el debate sobre el estado de la nación, explican fuentes gubernamentales, cuando anunció el impuesto extraordinario a la banca y a las eléctricas. El rumbo serán las políticas nítidamente progresistas para activar a la izquierda. Feijóo, por su parte, buscará el desgaste del Gobierno por la economía; cuenta con la ventaja de que su base social sí está movilizada, pero el inconveniente de que está obligado a sumar con Vox mayoría absoluta, porque no tiene otros posibles apoyos, a diferencia de Sánchez, que puede pactar con los nacionalistas.
El PP está muy atento a los movimientos tectónicos en la derecha, por la práctica desaparición de Ciudadanos y el retroceso de Vox. Los ultras están inmersos en una reflexión estratégica tras el chasco andaluz y sus primeras divisiones internas, con la significativa marcha de una de sus primeras espadas (Macarena Olona) durante el verano, aludiendo a problemas de salud. En la izquierda, es clave la tarea de gigante de Yolanda Díaz para reorganizar el espacio político a la izquierda del PSOE. En el equipo de la vicepresidenta creen que Podemos estará sí o sí en el nuevo proyecto. “No hay otra alternativa”, enfatizan.
Pero el marco externo lo determinará todo. La guerra de Ucrania ya se ha revelado como un conflicto de desgaste sin visos de final. El gas será un arma de guerra y se prevé un invierno duro en Europa. La inflación se ha disparado al récord histórico del 9% en los Veintisiete. España cuenta con unos buenos datos de empleo, previsiones de crecimiento del PIB y los millonarios fondos europeos. Pero si la situación económica pasa de los nubarrones a la tormenta, el Gobierno sabe que tendrá difícil levantar el vuelo ante un PP crecido. Aún es muy pronto para saberlo. 16 meses en política son una eternidad. La larga precampaña hasta las generales ya ha comenzado. La única certeza es que no habrá tregua.
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