La historia de un destierro en Íllora

Con todos los cristales de las ventanas rotos, los electrodomésticos hechos trizas y una cuna volcada sobre un suelo lleno de peluches, parece que un tornado ha arrasado una de las viviendas de la falda del castillo de Íllora (Granada, 10.080 habitantes). Nada ha quedado en pie en una de las casas de los familiares del hombre de 23 años detenido por la muerte de Juan Trujillos, de 19, la madrugada del pasado lunes durante las fiestas patronales. El domicilio, ocupado de forma ilegal, fue atacado por una turba con ganas de venganza. Sus residentes —salvo uno, que fue escoltado por la Guardia Civil para evitar su linchamiento— habían huido horas antes, tanto de este como de los otros cinco inmuebles del clan familiar atacados por los vecinos. “Esto tiene que ser un punto de inflexión: o ellos o nosotros”, afirmaba entre lágrimas José Manuel Muñoz, portavoz local del Partido Popular, durante un pleno extraordinario que sirvió para suspender la feria y declarar tres días de luto oficial. “Vamos a intentar el destierro, lo tenemos clarísimo”, añadía el alcalde, Antonio Salazar, del PSOE, en Canal Sur.

La muerte del chaval es el único tema de conversación en Íllora. Lo es en el estanco, la panadería, la churrería y la terraza de cualquier bar. Las palabras emanan rabia y tristeza. También contienen un relato que coincide gracias a los testigos. Según su narración, la víctima salía de la caseta de la juventud, ubicada en la calle Diego de Siloé, cerca de las siete de la mañana del lunes, junto a su novia. Los agresores se le acercaron buscando a uno de sus amigos, con el que habían tenido un altercado por una copa derramada por accidente. Le empujaron, cayó al suelo y se golpeó la cabeza. Según quienes estaban allí, entonces le asestaron varias patadas. Minutos después, la ambulancia lo trasladó a Granada, a 35 kilómetros, donde ingresó en el área de Traumatología ya fallecido, según Emergencias 112 Andalucía. Varias chicas sufrieron crisis de ansiedad y otro joven fue hospitalizado con el hombro roto. “Juan tuvo la mala suerte de encontrarse con una gente muy destructiva”, señala un chico que vio parte de lo ocurrido.

La paciencia se ha agotado en un pueblo que vive con miedo, razón por la que ningún vecino quiere dar su nombre. Temen nuevos episodios violentos como los protagonizados recientemente por los familiares del supuesto agresor. Hace dos años pegaron al dueño de uno de los bares y, más tarde, a Juan Álvarez, exalcalde del municipio. “Me golpeó, de repente, mientras cruzaba un paso de peatones con mi nieto”, recuerda. El pasado mes de mayo, uno de ellos —con antecedentes— atacó al relojero, que se defendió con un disparo y se encuentra en la cárcel por ello. “La gente se aparta cuando pasan, hay temor a mirarlos. Pero nadie denuncia, por susto, por las posibles consecuencias”, insisten otros vecinos.

Los últimos feriantes subían este miércoles los coches de choque a un tráiler oxidado junto a la caseta de la juventud. Ahora en silencio y desde la que se ve el cementerio donde el chaval fue enterrado este martes. En el lugar donde murió hay una escueta pancarta que pide Justicia para Juan. Es la que intentaron tomarse por su cuenta un grupo de vecinos que participó en una concentración popular el lunes. La marcha era pacífica hasta que dejó de serlo. Numerosas personas se adentraron en varias de las residencias de la familia del presunto agresor para arrasarlas al grito de “No tenemos miedo” y “Fuera del pueblo”. Las redes sociales muestran vídeos de cómo vuelcan un coche y queman una bicicleta entre vítores y aplausos, hasta que la Guardia Civil —que ha abierto una investigación para denunciar a los responsables de la revuelta— intervino. “A esta gente hay que ponerlos fuera del pueblo, no pueden seguir ni un día más”, decía José Manuel Muñoz en el pleno extraordinario celebrado horas antes. “Aquí nos conocemos todos y si matan a un niño, pues era previsible que hubiera respuesta popular”, dice un residente.

Mientras los altercados ocurrían, continuaba la búsqueda del supuesto agresor y su hermano. El primero —al que se considera único responsable directo de la muerte del chaval— se entregó al mediodía del martes en la Comandancia de Granada. Fue detenido acusado de un presunto delito de homicidio. Pasará a disposición judicial este jueves y declarará en el juzgado de Primera Instancia de Instrucción número 1 de Loja. No tiene antecedentes penales, según fuentes del caso, que, de momento, descartan nuevas detenciones.

“La gente de Íllora quiere echarle a él y su familia, pero no podemos desterrarlos, legalmente es imposible”, afirma el alcalde, Antonio Salazar, matizando sus palabras en la televisión pública andaluza. Visiblemente cansado, celebra que tras el arresto y el funeral la situación se haya calmado. Confía en que la justicia impida al agresor volver. “El ambiente es difícil de describir. Hay tristeza, rabia, enfado, pesimismo… e incluso algo de conformismo: al final hay que seguir adelante”, destaca quien ha sido criticado por la Fundación Secretariado Gitano porque sus declaraciones de estos días puedan incitar al odio. La Federación de Asociaciones de Mujeres Gitanas Fakali, además, ha denunciado las agresiones del lunes ante la Fiscalía de delitos de odio. Los hechos son similares a los ocurridos en Peal del Becerro (Jaén) hace apenas un mes.

Lo que nadie sabe es qué ocurrirá cuando la numerosa familia del agresor —una veintena de personas— decida acabar con su destierro para volver al pueblo. Residen desde hace casi dos décadas en las cinco viviendas atacadas esta semana. Están repartidas por el casco urbano y dos de ellas están ocupadas ilegalmente. Nadie les quiere en Íllora. “Yo creo que el problema real no ha empezado todavía. Pronto se liará de nuevo”, advierte otro vecino, alterado. Hay tensión. Y en las redes sociales hay mensajes cruzados de amenazas. La Guardia Civil avisa de que, ante nuevos intentos de linchamiento, defenderá a la familia. “Nuestro deber es hacer cumplir la Ley”, recuerdan a los vecinos de un municipio en plena ebullición.