Escrivá saca adelante la reforma para incorporar a miles de extranjeros al mercado laboral

La reforma de la Ley de Extranjería, que introduce cambios para facilitar que miles de extranjeros entren el mercado de trabajo, está en su recta final. El Consejo de Estado ha enviado ya su dictamen favorable al real decreto. Lo ha hecho a pesar del rechazo del Ministerio del Interior a que el proyecto saliese adelante porque podría promover un efecto llamada. El Consejo de Estado, por contra, mantiene en su informe, al que ha tenido acceso EL PAÍS, que la reforma “constituirá una considerable mejora en la regulación del régimen jurídico de los extranjeros en España”. El Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, que ha liderado la iniciativa, aspira a que el texto se apruebe en el Consejo de Ministros el próximo 26 de julio o, como máximo, el 2 de agosto, según fuentes ministeriales. Una vez publicado en el BOE, entrará en vigor en 20 días.

El ministro José Luis Escrivá propuso en mayo una nueva redacción del Reglamento de la Ley de Extranjería para corregir “importantes ineficiencias” del modelo migratorio español que empujan a los inmigrantes a la economía informal. Y, sobre todo, para enfrentar los “crecientes desajustes del mercado de trabajo asociados a la escasez de mano de obra”. La nueva norma pretende ampliar el modelo de contratación en origen de extranjeros, muy limitado ahora a temporeros. El plan es facilitar el fichaje de trabajadores de baja, media y alta cualificación que aún están en su país y cuya incorporación a empresas españolas es muy complicada con las normas actuales. Con el nuevo reglamento, los estudiantes extranjeros podrán compatibilizar sus estudios con un empleo y se flexibiliza la entrega de papeles a emprendedores extranjeros con proyectos más modestos.

También se crea una nueva figura para regularizar inmigrantes y sacarlos del mercado de trabajo informal: el arraigo por formación. Esta vía permitirá residir legalmente en España al extranjero que ya viva aquí de forma irregular desde hace dos años y se forme en algún sector necesitado de mano de obra. Acabada la formación, si consigue un contrato podrá tener un permiso de trabajo. La reforma no maneja cifras oficiales, pero el Ministerio de Política Territorial, de quien dependen las oficinas de Extranjería, espera cientos de miles de nuevas solicitudes.

“Efecto llamada”

La figura del arraigo por formación era la que más recelos levantó en el Ministerio del Interior, que siempre plantea las mayores objeciones, cuando se trata de flexibilizar normas para los inmigrantes. En la primera ronda de la negociación, Interior llegó a señalar los posibles “abusos” y “fraudes” que podrían derivarse de esta novedad. Pero Interior fue más allá de esta observación concreta y consideró que la reforma no era “oportuna”. Según el informe del Consejo de Estado, Interior arguyó: “Dada la amplitud con la que se plantea, no es descartable su consecuente efecto llamada. En todo caso, así será sin duda difundido por las redes de tráfico de personas en los países de origen”. Interior también apuntó que la reforma sería difícil de explicar a los socios europeos y también a los vecinos africanos del sur, a quienes se les pide “permanentemente” que luchen “con más energía” contra la migración irregular. El Consejo de Estado ha respondido que las “serias” objeciones de Interior son “cuestiones de oportunidad política, no de legalidad”.

El Ministerio de Política Territorial también planteó objeciones, temeroso de que una avalancha de nuevas solicitudes desbordase las oficinas de Extranjería. El ministerio pedía un refuerzo de los recursos y un periodo de transición hasta aplicar la reforma, específicamente el arraigo por formación, que es la vía que se prevé que atraiga más solicitantes. El Consejo de Estado reconoce el aumento de la carga administrativa de las oficinas de Extranjería, y sugiere que se marque “un periodo de tiempo razonable para la aplicación” de este arraigo.

El real decreto de la reforma no tiene que pasar por el Congreso, el Gobierno tiene potestad reglamentaria para sacarlo adelante sin votación. Todo proyecto normativo, sin embargo, sí necesita del dictamen preceptivo, pero no vinculante, del Consejo de Estado, que resuelve las consultas del Gobierno, velando por la observancia de la Constitución y del resto del ordenamiento jurídico.

El ministro José Luis Escrivá se apunta un tanto en materia migratoria con esta reforma. El texto ha sido bien recibido en varios sectores (no solo económicos), aunque contó con las críticas iniciales de los sindicatos, que calificaron el texto de “clasista”. También con las de colectivos antirracistas que exigen una regularización para todos y piden cambios más ambiciosos. Ni PP ni Vox ni Podemos han entrado públicamente en este asunto. El texto no se abrió a una consulta pública previa porque se tramitó de urgencia, pero sí se abrió posteriormente un trámite de audiencia pública y apenas se recibieron 28 aportaciones, nueve de ciudadanos individuales, tres de abogados y 16 de personas jurídicas (asociaciones, fundaciones y ONG).

El tanto es también ante Interior que, además de no ser partidario de la reforma, deslizó su malestar por no haber participado en ella desde el principio, según se lee en el dictamen del Consejo de Estado. Esta vez, Escrivá jugó diferente y lanzó su propuesta cuando ya tenía de su lado a las ministras del ala económica del Ejecutivo (la Vicepresidencia Económica, Hacienda y Trabajo). No se trataba solo de una reforma de la política migratoria del país, sino de un impulso a determinados sectores que reclaman mano de obra, poco o medio cualificada, como encofradores o camioneros, pero también de alta cualificación, como programadores o desarrolladores de software. En la memoria que acompaña la reforma, esta se presenta como “un instrumento de apoyo en la recuperación económica”.

Con la mayor parte del Gobierno a favor, el embate con el departamento del ministro Fernando Grande-Marlaska ha sido mucho más breve del que protagonizaron ambos ministerios el año pasado, cuando Escrivá impulsó otra reforma para que los menores extranjeros no acompañados pudiesen trabajar. En aquella ocasión, Interior también apeló al efecto llamada que provocaría. Seis meses después de esa reforma, que entró en vigor en noviembre, Escrivá anunció que 4.500 menores y jóvenes ya estaban contratados. La iniciativa de reformar el reglamento para beneficiar a los jóvenes extranjeros, mucho más sencilla, llevó un año para publicarse en el BOE, mientras que esta saldrá previsiblemente adelante en apenas cuatro meses.