Melilla exige el reforzamiento de la frontera con Marruecos

La valla entre Melilla y Marruecos sigue siendo escenario de dramas sin visos de fin. El presidente de la ciudad, Eduardo de Castro, pide más medios personales y materiales “para proteger la frontera” ante una situación “poco halagüeña en el sentido de que estos migrantes están desesperados”. La misma reivindicación resonaba en las filas del PP melillense horas después del intento de entrada y entre sindicatos de las fuerzas de seguridad. El último intento de entrada el pasado viernes dejó al menos 23 muertos en Barrio Chino (pedanía del municipio marroquí de Beni Enzar), una cifra que varias organizaciones no gubernamentales suben hasta 37. En el lado español, 57 jóvenes y 49 agentes sufrieron lesiones y heridas.

“La valla se puede poner más alta, pero ellos van a buscar siempre una alternativa”, apunta el presidente melillense en una conversación con EL PAÍS. Y destaca que “esos saltos masivos, violentos, en algunos casos, no pueden ser la opción para solventar la desesperación de los migrantes; esta no es una situación admisible en un Estado de Derecho”.

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Nuevas imágenes del salto a la valla de Melilla

Fuentes de Interior aseguran que se tiene bien en cuenta la ciudad. “Nunca había habido tantos agentes”, señala una de ellas. En marzo llegaron a Melilla 70 guardias civiles como refuerzo a los 720 que ya había en la localidad. Este verano se espera que se incorporen nuevos efectivos tanto de la Policía Nacional como del instituto armado Civil y continúan las obras en el perímetro fronterizo para terminar de instalar los peines invertidos que han sustituido a las concertinas.

La vista está ahora puesta en Marruecos. “Es la primera vez que se ha visto tan claro el apoyo de la Gendarmería, otras veces, no estaba ni se la esperaba”, reivindica De Castro, en referencia al penúltimo salto en la valla, en marzo, el mayor de los registrados, con unas 2.500 personas intentando rebasar el perímetro. Hasta 954 consiguieron entrar en dos días consecutivos, a plena luz del día y ante cierta pasividad de las fuerzas marroquíes. Dos semanas después, se hizo público el viraje del Gobierno español con respecto al Sáhara Occidental como región autónoma dentro de Marruecos. La maniobra permitió restablecer las relaciones diplomáticas entre Madrid y Rabat con especial atención a la reapertura de la frontera, cerrada desde 2020, y al control migratorio.

“Sería importante destacar que esto no ha sucedido en Melilla, sino al otro lado de la frontera, Marruecos, sin perjuicio de que sea necesario reforzar nuestro lado y una mayor colaboración”, resalta Sofía Acedo, senadora del PP por Melilla, “actualmente, y llevamos años así, se viene reforzando el perímetro con grupos especiales de intervención, de manera puntual, ante períodos en los que se cree que aumenta la amenaza de asalto”. Para Acedo, esa estrategia no es efectiva porque “los asaltos se producen en cualquier momento”. “Es necesario tener custodiada nuestra frontera siempre”, puntualiza.

Esa “mayor cooperación” entre España y Marruecos, que también han destacado el ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska, y el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se ha cobrado un precio muy alto a las puertas de la ciudad. Las imágenes de cuerpos amontonados, inertes, junto al paso fronterizo son estremecedoras. “Las relaciones de la Guardia Civil con la Gendarmería [marroquí] son estrechas y es bueno que se recuperen”, esgrime el presidente local, “cuestión distinta es lo que pasa después, y en territorio de Marruecos. Al final, el resultado no ha sido tan bueno”.

“España y Europa están pagando ese tipo de violencia”, lamenta Josep Buades, responsable del Servicio Jesuita a Migrantes, una organización que da asistencia legal a solicitantes de asilo y migrantes en Melilla, “si queremos que se respeten los Derechos Humanos, nos toca a nosotros dar un paso adelante”. Para Buades, el cierre fronterizo decretado en 2020 por la pandemia y la reforma en la valla han supuesto un cambio de dinámica: “Los números han bajado mucho”.

En lo que llevamos de año, se han producido en Melilla 1.150 entradas irregulares: 954 en los dos saltos de marzo y 133 el pasado viernes. De estos últimos, todos han solicitado asilo. Las cifras están aún lejos de las registradas antes de la pandemia. En 2019 entraron 2.212 personas desde el 1 de enero al 15 de junio; 2.652, en 2018. El perfil también es distinto: con las restricciones a los transeúntes en la frontera reabierta, yemeníes, sirios, tunecinos y otras nacionalidades árabes llegan a Melilla solo por goteo y a menudo por mar. Solo los subsaharianos se aventuran a sobrepasar el vallado, ya que no pueden siquiera acercase a la oficina de asilo en la frontera de Beni Enzar.

“Si las personas subsaharianas pudieran acceder [a la oficina de asilo], igualmente no se arriesgarían a tener que saltar una valla o a tener que montarse en una patera”, recrimina Estrella Galán, directora general de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado. “Si el Gobierno quiere evitar situaciones dramáticas en la frontera sur, lo que tendrá que articular vías legales y seguras”, insiste, “no hay que inventar nada nuevo, esos elementos existen [en la legislación española]”.