El Ayuntamiento de Madrid tarda un año en entregar al juez un recibo del pago a un estafador de mascarillas

El Ayuntamiento de Madrid ha tardado más de un año en aportar al Juzgado de Instrucción Número 30 de la capital, que investiga una segunda estafa con la venta de mascarillas defectuosas al Consistorio en lo peor de la pandemia, el recibo que acredita que se hizo un segundo pago de 1,25 millones de euros a la empresa Sinclair and Wilde, radicada en Nueva York y encabezada por Philippe Haim Solomon, un hombre al que la policía española dio por ilocalizable. Hasta ahora, según consta en el sumario abierto en marzo de 2021, el magistrado Jorge Israel Bartolomé solo daba por probado un primer abono, también de 1,25 millones, a partir de la documentación que le facilitó la propia Policía Municipal. Pero esta semana el Gobierno municipal de José Luis Martínez-Almeida le ha entregado el documento que acredita un segundo pago.

El pasado 29 de abril, EL PAÍS reveló la existencia de este nuevo recibo bancario, fechado el 14 de abril de 2020. Este documento se encontraba incorporado a otro sumario distinto: el abierto en el Juzgado de Instrucción 47 de Madrid por la supuesta estafa perpetrada por los empresarios Luis Medina y Alberto Luceño, que se embolsaron comisiones millonarias por vender material sanitario al Ayuntamiento en la primera fase de la crisis de la covid. Para la oposición, esta segunda orden de pago resulta clave porque apuntala que el perjuicio a las arcas públicas por el caso Sinclair se elevaría hasta los 2,5 millones y porque, en su opinión, evidencia la falta de diligencia del Gobierno de Almeida para perseguir a estos presuntos timadores.

La cronología de hechos resulta fundamental para entender este caso y la batalla que ha provocado en el seno del Consistorio entre el PP y los partidos de izquierdas. El 23 de marzo de 2020, tras decretarse el confinamiento, el Ayuntamiento dio luz verde a la compra de medio millón de tapabocas a Sinclair and Wilde por 2,5 millones de euros. Solo un día después, el 24, se hizo el primer abono por 1,25 millones —la mitad del precio pactado por la mercancía—, según una primera orden de pago efectuada por Bankinter e incorporada al atestado que la Policía Municipal remitió al Juzgado Número 30 en marzo de 2021, cuando se denunció la estafa. Sin embargo, entre los papeles aportados entonces no constaba el segundo recibo, del 14 de abril.

Este segundo abono se emitió tras apreciarse “irregularidades” en la operación de compra, según la Policía. El 7 de abril, el director comercial y financiero de la Empresa Municipal de Servicios Funerarios (SFM), a través de la cual se adquirieron las mascarillas, envió un correo electrónico al banco para solicitar la “retrocesión de la transferencia realizada por importe de 1,25 millones de euros” —relativa al pago del 24 de marzo—. Según el Ayuntamiento, estas “irregularidades” detectadas no tenían que ver con la calidad de los tapabocas, que aún no habían llegado, sino con “irregularidades” derivadas de “retrasos” en el envío.

Entre la nueva documentación enviada esta semana por el Consistorio al Juzgado Número 30, a la que ha tenido acceso EL PAÍS y entre la que se encuentra el “justificante de la segunda transferencia efectuada con fecha del 14 de abril de 2020 por un importe de 1.250.000 euros (50%)”, el Gobierno de Almeida incluye también una carta del 28 de marzo de ese año remitida por Solomon, donde manifiesta la “imposibilidad” de que las 500.000 mascarillas lleguen en la fecha indicada por “problemas de fuerza mayor”. El Ayuntamiento recibió finalmente el material el 23 de abril de ese año, según certificó el director general de Emergencias, Enrique López Ventura.

Posteriormente, el 4 de mayo, el director de Operaciones del Plan de Emergencia Municipal denunció por escrito que, tras analizar las mascarillas, “existen indicios suficientes para presuponer que no se ajustan a los requisitos técnicos, ni a la normativa española ni europea”. Se intentó a partir de entonces contactar durante meses sin éxito con Philippe Haim Solomon, y la Policía Municipal inició una investigación, que envió en marzo de 2021 al Juzgado. De seguido, este abrió la causa, pero la archivó en julio del pasado año ante la imposibilidad de conocer el paradero de Solomon. Sin embargo, el 3 de junio de 2022, el magistrado reabrió las pesquisas tras recibir un nuevo informe que señalaba que el empresario reside en Inglaterra.

Personación del Ayuntamiento

La existencia de esta segunda estafa no se conoció hasta que la desveló EL PAÍS el 14 de abril de este año, después de que saltara a la luz pública el caso Medina y Luceño. El 28 de abril, dos partidos de la oposición (PSOE y Más Madrid) pidieron su personación en el caso Sinclair como acusación popular y la reapertura de la instrucción, a la que se sumaría después Podemos. El Ayuntamiento no solicitó su personación como víctima hasta el 10 de mayo. Dos días después haría lo mismo la Empresa Municipal de Servicios Funerarios, según el sumario.

Finalmente, al reabrir la causa el 3 de junio, el juez Jorge Israel Bartolomé ordenó al Consistorio y a la SFM que le entregaran “toda la documentación relativa a la contratación de la partida de mascarillas objeto de investigación, incluyendo copia auténtica de los expedientes administrativos, así como correos electrónicos o comunicaciones similares, intercambiados en la gestión de la operación, negociación, concreción de dicha operación, o reclamaciones ulteriores; contrato formalizado y actuaciones de control por parte de la intervención municipal u otros organismos internos o externos”. Este periódico preguntó entonces al Ayuntamiento por qué no había aportado ya al magistrado el recibo del segundo pago, a lo que la Administración local respondió que tenía hasta este 27 de junio para facilitarlo. Justo ese día, un año y tres meses después de abrirse el caso en los tribunales, el juzgado lo recibió.