La justicia reabre la segunda estafa millonaria al Ayuntamiento de Madrid por la compra de 500.000 mascarillas

El Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha reabierto este lunes la segunda estafa millonaria al Ayuntamiento de la capital por la compra de 500.000 mascarillas FPP2 a través de una supuesta consultora llamada Sinclair and Wilde, a la que se pagó al menos 1,25 millones de euros mediante transferencia bancaria. El Juzgado de Instrucción de Número 30 ha dictado la reapertura del caso tras recibir un informe el pasado 12 de abril donde se indicaba que el principal sospechoso, Philippe H. Solomon, tiene su residencia en Inglaterra, tal y como ha avanzado el diario La Razón y ha podido confirmar EL PAÍS. Fuentes municipales aseguran que una vez tengan notificada la reapertura se presentarán en la causa.

En el único fundamento del auto de reapertura, el juez señala que “ante una nueva pista sobre el posible paradero de la persona que habría actuado como intermediaria en la operación de compra, procede la reapertura de las actuaciones, y practicar nuevas diligencias tendentes al esclarecimiento de los hechos, y la determinación de sus autores”. Este caso fue desvelado por este periódico el pasado 14 de abril. La presunta estafa fue denunciada por el propio Ayuntamiento. Según la documentación que la Administración ha enviado a la Fiscalía, la Policía Municipal indagó en la adquisición de 500.000 mascarillas FPP2 a través de una supuesta consultora llamada Sinclair and Wilde.

El intendente jefe de la Unidad de Coordinación Judicial firmó un informe el 5 de marzo de 2021, donde explicaba el caso. Según el escrito, el 23 de marzo de 2020, a los pocos días de decretarse el confinamiento, el Ayuntamiento “aceptó la compra [precio y condiciones] de un total de 500.000 mascarillas FFP2 marca EKO a través de la consultora Sinclair and Wilde, residenciada en Nueva York”. “El objetivo [era] dotar de estos equipos a todos los servicios de emergencias y protección civil [del Consistorio]”, explica el documento policial, al que tuvo acceso EL PAÍS. De esta forma, esa misma jornada, mediante una transferencia bancaria a través de Bankinter, se efectuó el pago de la mitad del importe acordado por el total de la mercancía: 1,25 millones de los 2,5 millones de euros que se habían pactado.

Pero los problemas surgieron pronto. El 7 de abril, según incide el informe, los servicios jurídicos detectaron “irregularidades”, por lo que “se dio orden de reintegro de la cantidad abonada al proveedor”. “El motivo de dicha solicitud es el incumplimiento del contrato por parte del beneficiario de dicha transferencia”, escribió el Ayuntamiento en el email enviado a Bankinter. Además, el Consistorio “instó nuevamente a la consultora Sinclair and Wilde a través de correos electrónicos para que se remitieran los correspondientes certificados de conformidad de las mascarillas FPP2″. Pero no se logró ninguna respuesta de la consultora: “Ni en sentido positivo ni negativo”.

La comprobación del material llegado también incrementó las sospechas. Así, el 4 de mayo, el director de Operaciones del Plan de Emergencia Municipal del Ayuntamiento denunció por escrito que, tras analizar las mascarillas, “existen indicios suficientes para presuponer que no se ajustan a los requisitos técnicos, ni a la normativa española ni europea”. Además, se intentó contactar durante meses sin éxito con Philippe Haim Solomon, la “persona que tuvo relación contractual” con el Consistorio para esta operación, según la Policía Municipal, que también incorporó a sus indagaciones informes técnicos donde se señala la “no idoneidad del producto” comprado. Los intentos de localizar a Solomon fueron en vano. El pasado 27 de abril el diario InfoLibre localizó al empresario franco israelí. “No estoy en absoluto escondido”, aseguró.

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