El Supremo se da de plazo hasta septiembre para dictar la sentencia del ‘caso de los ERE’

El Tribunal Supremo se ha dado de plazo hasta mediados de septiembre para dictar la sentencia definitiva sobre el caso de los ERE de Andalucía, en la que la Sala de lo Penal debe decidir si confirma las condenas impuestas por la Audiencia Provincial de Sevilla a los expresidentes andaluces Manuel Caves y José Antonio Griñán. La Sala de lo Penal ha notificado este miércoles una prórroga de 60 días para dictar la sentencia, a contar desde el pasado 23 de mayo, “debido a la complejidad de la causa”, lo que, descontando los fines de semana y el mes de agosto ―inhábil para actuaciones judiciales no urgentes― extendería el plazo hasta mediados de septiembre. No obstante, la intención de la sala es no agotar esta prórroga y notificar el fallo de los ERE en las próximas semanas, según las fuentes consultadas.

La sentencia de los ERE es uno de los recursos de mayor envergadura que tiene pendiente de resolver la Sala de lo Penal, tanto por el número de recurrentes (19 condenados y dos acusaciones, incluyendo la Fiscalía) como por la extensión de los escritos presentados por cada parte. La ley de Enjuiciamiento Criminal da un plazo de 10 días para dictar sentencia a partir de la celebración de la vista, que en este caso tuvo lugar los pasados 4 y 5 de mayo. Pero este tope es prorrogable y el alto tribunal suele acogerse a esta opción, sobre todo en los recursos más complejos que llegan a la Sala de lo Penal. Esta es la razón que ha alegado el Supremo para prorrogar durante 60 días la fecha máxima para dictar la sentencia del fraude de las ayudas sociolaborales de la Junta de Andalucía entre los años 2000 y 2009. “Atendiendo a la complejidad de la causa, teniendo en cuenta el número de recurrentes y los motivos formulados, se hace necesario acordar una ampliación del término para dictar sentencia”, señala el auto notificado este miércoles por el tribunal.

La prórroga se daba por hecho porque de lo contrario el Supremo tenía que haber dictado la sentencia en mayo, una opción que las fuentes consultadas descartaron desde antes de que se celebrara la vista. El auto en el que se acuerda la extensión del plazo está fechado el pasado 23 de mayo, pero no se había notificado hasta ahora. La intención del tribunal, no obstante, es dictar el fallo en las próximas semanas, sin apurar el plazo de esta prórroga. Aunque en los recursos más complejos la Sala de lo Penal ha requerido en algunas ocasiones prórrogas de varios meses (la revisión del caso Malaya sobre la corrupción urbanística en Marbella, por ejemplo, se extendió durante un año), fuentes jurídicas señalan que el de la causa de los ERE se ha acelerado porque el ponente, el magistrado Eduardo de Porres, está liberado de otros asuntos para centrarse en este, y los cinco jueces que conforman el tribunal que revisa la causa ―además de De Porres los magistrados Juan Ramón Berdugo (presidente), Ana María Ferrer, Carmen Lamela y Susana Polo― se están reuniendo con frecuencia.

El Supremo tiene sobre la mesa los recursos presentados por los 19 condenados (el principal imputado, Javier Guerrero, falleció en 2020, aunque su familia está personada), todos ellos ex altos cargos de la Junta andaluza. Nueve de ellos, incluido Griñán, se juegan en el Supremo condenas de entre seis y ocho años de cárcel. El expresidente andaluz está condenado a seis años de cárcel por un delito de malversación cometido, supuestamente, durante su etapa como Consejero de Economía y Hacienda cuando la Junta, según consideró probado la Audiencia Provincial de Sevilla, repartió, sin control, 680 millones de euros a empresas en crisis para garantizar la “paz social”. En la vista celebrada en el alto tribunal en mayo pasado, el abogado de Griñán sostuvo ante el Supremo que la sentencia de la Audiencia de Sevilla no identifica “ni una sola irregularidad” cometida por el entonces consejero, por lo que pidió al Supremo que revoque el fallo. Por el mismo delito están condenados a prisión otros cuatro exconsejeros socialistas ―Antonio Fernández y José Antonio Viera (Empleo), Francisco Vallejo (Innovación) y Carmen Martínez Aguayo (Economía)―. Sobre el expresidente Chaves pesa una condena de nueve años de inhabilitación por prevaricación, el mismo delito que la Audiencia atribuyó, entre otros, a los exconsejeros Gaspar Zarías (Presidencia) Y Magdalena Álvarez (Hacienda).